La ciudadanía requiere para su total desenvolvimiento igualdad de oportunidades y un conjunto de garantías que hagan efectiva esa igualdad orientadas fundamentalmente a asegurar la participación de la sociedad en el control y discusión de las políticas del gobierno local; en este sentido, la participación tendrá su lugar en el debate público y dispondrá de mecanismos que aseguren que la política del gobierno depende de la voluntad y preferencias de los ciudadanos. Eso es precisamente la democracia participativa y protagónica, en la cual está inmersa la ideología política del estado Portuguesa.

     Por tipología se ha de entender, un sistema de clasificación de las modalidades de los canales de participación ciudadana que contemplan características concreta y distintiva. En el caso de la participación ciudadana, se presentan varias modalidades de participación, variando de acuerdo a dos factores: niveles y ámbito en los que recae la participación y carácter de la intervención de los ciudadanos en las actividades y/o órganos públicos. Estos factores se aprecian en dos planos: el político y el de la gestión pública. Aquel es el que se relaciona con las decisiones de interés público; éste es el que se vincula con la generación de bienes y servicios públicos y con las actividades de apoyo a éstos. En este sentido, la participación ciudadana se refiere a la intervención de los particulares en actividades públicas en tanto sean portadores de determinados intereses sociales.

     Más cercano a una idea de “sistema de clasificación” de estas modalidades que caracterizan a la participación ciudadana, se presenta un marco de tipología de la participación ciudadana en razón de la visión teorética contemporánea, adaptada a la realidad del poder local. En tal sentido se parte cinco criterios de clasificación usualmente considerados por el común denominador de los teóricos en la materia. Estos criterios son: obligatoriedad; fase del proceso decisional, en el cual se concreta la participación; e intensidad, según sean mediados o no por algún tipo de organización.

     Lo que se entiende por obligatoriedad o no de los resultados de la participación ciudadana, tiene que ver con el marco de ley vigente que hace obligante o no obligante, la participación. En el caso de Venezuela se tiene expreso el derecho de participación ciudadana en el artículo 62 de la Constitución de 1999, así como sus modalidades en el artículo 70 respectivamente. Por ello, la organización social de Venezuela está relacionada tanto con la obligatoriedad o no de la participación según acción consultiva, o según acción resolutiva, por lo tanto es una tipología afín con la realidad sociopolítica venezolana.

     En lo que respecta a la fase decisional, en la cual se concreta la participación ciudadana, en el poder público municipal, caso de Araure, Páez y Guanare, se priorizan los problemas puntuales de la sociedad, como formulación de proyectos en beneficio de la comunidad, en acciones independientes de la comunidad para ejecutar proyectos y en el control de servicios o programas, tanto por parte del sector Gobierno como por las comunidades.

     En lo que respecta a la intensidad de la participación ciudadana en el Estado Portuguesa,  ha habido una experiencia moderada de iniciativa por parte tanto del sector Gobierno como por parte del sector sociedad civil. Se ha dado mayor prioridad a encontrar metodologías participativas que respalden los planes de acción ya estructurados por el sector Gobierno y no metodologías participativas que permitan identificar los problemas reales de la comunidad, lo cual confronta directamente el principio de participación ciudadana establecido en la legislación constitucional.

     Otro aspecto que se ha promovido en el Gobierno Regional en lo que ha participación ciudadana se refiere, es el constituido por la experiencia en materia de formulación y gestión de políticas de desarrollo, en la que concurren el gobierno municipal, las oficinas gubernamentales sectoriales, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales “Ezequiel Zamora”, las ONG`s de investigación y de desarrollo, así como organizaciones de base rurales y urbanas representadas en los Consejos Comunales.

     La actuación de los gobiernos locales en el estado Portuguesa, han tenido variedad de acciones; para efectos pedagógicos es necesario reducir a un concepto matriz esas acciones y sus efectos; por lo tanto se asigna en nombre de Mesas de Concertación Interinstitucional y Ciudadana, a todas las iniciativas de participación generadas a partir del año 2002 en la mayoría de las Alcaldías de Portuguesa, como preámbulo a las Asambleas de Ciudadanos; estas acciones, denominadas Mesas de Concertación, tuvo como objetivo global la elaboración de diagnósticos, políticas, planes y proyectos necesarios para el desarrollo regional (modelo que fue reproducido en otros municipios del estado Portuguesa y reciben el nombre de mesas de agua, mesas eléctricas, entre otras) y en la elaboración de mecanismos participativos para su implementación. En este sentido fue un instrumento de gestión y de planificación del desarrollo local que se concretó en un plan de desarrollo sostenible para el estado Portuguesa, elaborado a partir de la participación y concertación de los distintos actores tanto del gobierno local como de la ciudadanía rural y urbana.

     Los objetivos específicos que surgieron de las acciones, o Mesas de Concertación, son: Aumentar la eficacia de los programas de desarrollo estableciendo de manera participativa prioridades efectivas, estratégicas y con potencial de impacto; Aumentar la eficiencia realizando la coordinación entre las diversas instituciones que trabajan en la región, optimizando los recursos humanos y económicos y evitando la duplicidad de esfuerzos; Construir canales de participación ciudadana y delegar capacidad de decisión, gestión y control;  Apoyar la descentralización del gobierno regional hacia los gobiernos locales y de centros poblados menores; Reactivar el crecimiento económico tomando en cuenta la defensa de los recursos naturales; e Incorporar la dimensión ambiental a las diversas propuestas y decisiones de gobierno local.

     Las acciones, Mesas de Concertación, han estado organizadas en áreas temáticas: 1) Medio Ambiente Urbano, 2) Recursos Naturales y Producción Agraria, 3) Producción y Empleo, 4) Turismo y Patrimonio Cultural, 5) Educación y Cultura, 6) Población, Mujer y Familia. Cada mesa temática funcionó de manera independiente, en un primer nivel, para luego concertar los distintos temas en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Local que llegó a materializarse en octubre del año 2004.

     En Portuguesa, hasta el 2002, era un estado tradicional, preocupado fundamentalmente por los problemas urbanos, ignorando la realidad rural que predomina en los entornos de las ciudades y demás poblados de los municipios. Se dedicaba a satisfacer los servicios urbanos básicos, como la limpieza pública, los servicios de agua y desagüe, el funcionamiento del mercado, actividades culturales y el ornato de la ciudad.

     En cuanto a los Gobiernos Municipales, se impone un corte tradicional que no tiene ingerencia en aspectos relacionados a la generación de empleo, a actividades productivas y al manejo del medio ambiente. Más aún, no existía una preocupación por relacionar lo urbano con su entorno rural, no existían mecanismos de participación ciudadana efectivos, y menos aún la voluntad de construir concertadamente de abajo hacia arriba a partir de los conocimientos y expectativas de la población. No existe, por último, los conocimientos necesarios para la formulación de planes integrales de desarrollo.

     Esta experiencia concreta de las acciones, o Mesas de Concertación, ha permitido introducir en la gestión local nuevos conceptos, como la necesidad de un enfoque más integral de los problemas a partir de la noción de cuenca; la participación activa de la propia población en la formulación y ejecución de los planes de desarrollo; la necesidad de la descentralización hacia niveles inferiores de gobierno y trabajo conjunto con otros gobiernos municipales; la visión ecológica; y la perspectiva del desarrollo sostenible.

     Las acciones de los poderes locales en cuanto a la participación ciudadana nacieron como el mecanismo adecuado para poner en práctica un control y seguimiento de la gestión local. Por ello, desarrollo sustentable, democracia, entre otros; son los principios que orientaron estas experiencias que están inmersas en el plan de Desarrollo Local Bolivariano.

     Sin duda que los mecanismos de participación ciudadana han logrado interesar a un amplio número de ciudadanos e instituciones, de todos los sectores públicos y privados, promoviendo un medio de debate y elaboración intersectorial e interdisciplinaria.

     Por otro lado, los enfoques monotemáticos que sustentaban las propuestas de desarrollo han sido reemplazados por enfoques que integran lo social con lo económico y lo político. Los avances de la experiencia comunitaria, indican que se trata de innovaciones promisorias de la que se puede obtener un importante aprendizaje de colaboración institucional, avanzando en la formulación de políticas integradas con especial énfasis en el manejo de los recursos naturales, aprovechando la experiencia de investigación desarrollada por las ONG`s y por el ámbito académico universitario.

     La experiencia indica que la iniciativa funciona cuando existe voluntad política en los gobiernos municipal y de la sociedad civil. La metodología de mesas de trabajo puede generar más transparencia del proceso de toma de decisiones y de la evaluación de los programas, pero requiere de gran capacidad de negociación y aprendizaje de reglas del juego que permitan negociar. Esto es particularmente difícil en el área rural donde esta práctica puede ser muy escasa. El desarrollo de un país será viable en la medida en que los pueblos participen en la formulación de políticas y en la toma de decisiones que de ella emanen.

     En este aspecto, partiendo de la experiencia venezolana, existen dos vías diferenciadas en el acometimiento de la participación ciudadana: la pasiva, en donde la población se limita sólo a hacer valer su derecho político de elección de sus representantes; y la activa en la cual los ciudadanos se organizan e intervienen en la fijación de prioridades, formulación de objetivos, definición de proyectos y control de la gestión gubernamental.

     En este sentido, la sociedad venezolana ha pernotado más tiempo en la tipología pasiva, sin embargo, sería a partir de 1989, cuando aperturándosele los derechos de elección de cargos para el poder regional y local, esa pasividad pasa a un cierto grado de actividad y se van creando en el seno de la sociedad civil organizaciones que buscan profundizar los valores de la participación ciudadana. La Constitución de 1999 daría la apertura a canales de participación más explícitos y directos y de este modo hoy podemos mencionar que si bien el grueso de la población venezolana se identifica más con una participación pasiva, hay una corriente ciudadana muy conciente de que se tiene que fortalecer la participación activa. *.-

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