Hoy, en esta etapa transitoria de la denominada quinta República, la inmensa mayoría de los gobiernos regionales en nada se diferencian de esos gobiernos de la cuarta Republica, aún cuando existe una Constitución considerada como la más avanzada del planeta, que garantiza teóricamente la contraloría social sobre la administración pública, una Ley de Contraloría Social y una Ley contra la Corrupción en pleno proceso de reforma.
Los partidarios de los gobiernos de AD y COPEI, más los regímenes dictatoriales de la cuarta República, se defienden objetando que en esa etapa histórica no existía en la Constitución Nacional la normativa de permitir a la población la vigilancia y el conocimiento del destino de los recursos nacionales. Tal razonamiento es tan trivial, puesto que no era necesario que esa norma existiera en la Constitución Nacional para que los gobernantes permitieran que el pueblo se enterara del uso de los recursos en la administración pública. Solo bastaba que ellos tuvieran un mínimo sentido de honestidad y mentalidad democrática para convocar a sectores organizados del pueblo a enterarse de los manejos administrativos en los organismos públicos. La memoria y cuenta que presentaban al final de cada año era un libro de tetete lleno de mentiras y ocultamiento de los desvíos e incautación de los dineros públicos.
¿Habrá cambiado esa situación en estos 11 años de democracia participativa? La respuesta es NO. Aún cuando la Constitución bolivariana expresamente permite que la población puede hacer contraloría social sobre la administración pública, y aún cuando haya una Ley contra la Corrupción, una Ley de Contraloría Social, una Ley del Poder Popular, Ley de los Consejos Comunales y otras, los medios y altos funcionarios en su mayoría siguen actuando como si no existiera dichas normas constitucionales. Esa situación pasó con los dos períodos de gobierno de Gilmer Viloria y ahora con Hugo Cabezas con la misma situación pero elevada a la enésima potencia.
En Trujillo, por ejemplo, no ha existido veracidad y claridad en la memoria y cuenta de los gobernadores ni de la cuarta ni de la quinta sobre el destino del situado constitucional. No hay seguimiento del uso real de los recursos que envía el presidente para la construcción de viviendas y reparación de vías. Inicialmente eran 272 millones de BsF para la Misión Vivienda y 325 millones para la reparación de la vialidad, más otros millones que el presidente ha enviado para construir más viviendas.
Hacemos un llamado a los organismos contralores nacionales a vigilar el fiel cumplimiento y transparencia en la ejecución de estas transferencias ya que el gobierno regional va a presentar en su cuenta al Consejo Legislativo Regional, al presidente de la República, a la Asamblea Nacional, y a la Contraloría General de la República la incorporación de proyectos habitacionales anteriormente iniciados, otros iniciados y paralizados y otros en ejecución con presupuesto ordinario del período 2.009, 2.010 y del 2.011 antes de crearse la Misión, y presentados como si fuesen ejecutados con los recursos extraordinarios enviados por la presidencia de la República. Esto significa un engaño a la nación.
La totalidad alcanza a más de 600 millones de Bs. F, cuya ejecución debe ser auditada, pues no son cuatro lochas las que ha enviado el gobierno nacional a la gobernación de Trujillo, es casi las 2/3 partes del situado constitucional asignado al Estado Trujillo para el año 2.011. La empresa EMCOMTRU y EMASTRU tampoco presentan cuentas de los ingresos que se obtienen por ganancias, siendo un secreto esta información.
Como sabemos de antemano que estos ingresos no serán auditados con severidad y objetividad, entonces quedará para el próximo gobernador postulado por las bases de la Corriente Bolivariana y Socialista del PSUV “Fabricio Ojeda”, la revolucionaria tarea de indagar y contrastar los montos de esos ingresos con las obras realmente hechas para la Misión Vivienda.
Tanto el futuro gobernador fabricista, bolivariano y verdaderamente socialista, como los alcaldes, concejales y diputados de la Corriente Fabricio Ojeda asumirán desde ya el compromiso de convocar inmediatamente, después del triunfo electoral, las Asambleas de Ciudadanos para elegir las Comisiones de Contraloría Social con simpatizantes y con adversarios al proceso bolivariano para que se coloquen al lado de estos nuevos gobernantes a darle seguimiento al uso de los recursos públicos tal como lo reza la Ley de Contraloría Social y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También nuestros gobiernos bolivarianos y fabricistas darán participación a las bases del PSUV en la escogencia de camaradas honestos y capacitados para los cargos de Directores regionales y nacionales. De esta forma se le dará verdadera vida al poder popular participando en las decisiones del poder político como requisito para construir el socialismo en Venezuela al lado del comandante Hugo Chávez reelegido presidente de Venezuela en el 2.012.
(*) MILITANTES DE LA CORRIENTE BOLIVARIANA Y SOCIALISTA DEL PSUV “FABRICIO OJEDA”. TRUJILLO. VENEZUELA.
