Hace aproximadamente tres años, un día no planificado asistí a la sede de la Alcaldía del Municipio Autónomo Caroní localizada en San Félix Estado Bolívar; fui con el objeto de diligenciar ante el ciudadano Alcalde que para ese entonces era el Dr. Clemente Scotto, una necesidad que tenía el centro educativo donde yo laboraba; por casualidad al instante de ingresar al pasillo que va hacia la oficina del Burgomaestre, me encontré accidentalmente con el Dr. Clemente y como hemos sido viejos amigos, nos pusimos a conversar brevemente, aprovechando yo la oportunidad de comentar el porqué de mi visita a esta institución; cuando sosteníamos la breve tertulia, se acerca un señor de avanzada edad, pide permiso y se dirige al ciudadano Alcalde para hacerle una reclamación relacionada con la falta de autoridad cometida por un funcionario de la policía municipal; para ese entonces el Dr. Clemente Scotto estaba en campaña electoral porque aspiraba a ser reelecto como Alcalde; el Burgomaestre le responde al señor que lo increpaba por la conducta indebida de uno de sus funcionarios policiales, lo siguiente: “Amigo en nuestro País se ha perdido el principio de la gobernabilidad”; el señor se retiró molesto con la respuesta que le dio el Dr. Clemente, yo también sorprendido por esa respuesta poco política, lo miré a la cara y le dije; “Respetable amigo, que yo le diga a ese señor que hemos perdido el principio de autoridad, no tiene ninguna significación; pero que lo diga Ud. que es la primera Autoridad Civil del Municipio y que además aspira a ser reelecto para otro período gubernamental, me llena de preocupación”.
Hago esta introducción, porque realmente una de las fallas administrativas cometidas por buena parte de los funcionarios públicos responsables de la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad venezolana, tanto Guardias Nacionales, Policías y Fiscales del Ministerio Público, están afectando a nuestro proceso revolucionario, es precisamente que no ejercen “El principio de la gobernabilidad”; entendiendo que el art. 350 de la CRBV, le da el derecho a los ciudadanos y ciudadanas, de desobedecer o desconocer a la autoridad al declararse en desobediencia y si el Estado a través de la autoridad competente viola sus Derechos Humanos Fundamentales; pero los Arts. 2 y 3 de los Principios Fundamentales, el art. el Art. 50 que garantiza el libre tránsito y el 55 referido a la protección y seguridad que el Estado debe garantizarle a las personas residentes en el País, contenidos en nuestra Carta Magna y violación de todos los artículos del Código Civil y las leyes respectivas, les limitan este derecho; pero como muchas veces la autoridad competente no aplica el “Principio de autoridad”, que le confiere la CRBV y la norma específica; muchos ciudadanos y ciudadanas al reclamar sus derechos, se creen con el derecho de violar el derecho de sus semejantes.
En Ciudad Guayana desde hace unos siete años para acá “El guarimbeo laboral” se ha puesto de moda por parte de los trabajadores y las trabajadoras de las empresas básicas, los de las empresas medias conexas, los taxistas, los trabajadores del sector público, las comunidades vecinales y la ciudadanía descontenta con la supuesta violación de sus derechos, como medida de protesta contra el Estado o el empleador privado; lo primero que se les ocurre es trancar todas las vías principales de circulación vehicular, ocasionando monstruosas trancas de automóviles, que impide el paso a los prestadores de servicios básicos y fundamentales para el normal funcionamiento de la ciudad, tal como la circulación de ambulancias de emergencia, suministro de gasolina a las estaciones de servicio, el cuerpo de bomberos, vehículos que transportan alimentos no perecederos, ciudadanos y ciudadanas que transportan a sus semejantes con emergencia de salud etc.; se genera un caos total, un descontento colectivo de la ciudadanía; pero las autoridades competentes no actúan con la premura que amerita el caso, para evitar el perjuicio que se le hace a la ciudadanía ajena a estos reclamos de reivindicaciones, que por justas que sean, por justas que sean atentan contra el derecho ajeno y provocan desestabilización socio política.
Ayer lunes 14/11, un numeroso grupo de trabajadores de los denominados “Tercer izados” de la industria básica “Alfredo Maneiro” SIDOR y otras empresas básicas del estado acantonadas en la zona de Matanzas, desde tempranas horas de la mañana, iniciaron una protesta tipo “Guarimbas” y colapsaron toda la ciudad a lo largo de todo el día y hoy continúo dicha protesta; si que las autoridades competentes acudieran con la premura que ameritaba el caso para disipar dicha anormalidad, que generó entre otras afecciones, un desabastecimiento de gasolina en la estaciones de servicio, ello creó una natural angustia y desesperación en la colectividad que se aglomeró en larguísimas colas de vehículos para llenar el tanque de combustible; esta anormalidad no se apreciaba en Ciudad Guayana desde el saboteo y golpe petrolero que se dio el año 2002.
Este humilde servidor consultó la opinión de un miembro del servicio de inteligencia de la Guardia Nacional, para que le explicara porque este cuerpo de seguridad de Estado, no intervino a tiempo para buscar un mecanismo de mediación que impidiera la extensión de la protesta y este funcionario me informó que supuestamente habían recibido órdenes superiores de no intervenir en dicho conflicto; de ser ciertas esta afirmación, me parece que las cosas no andan bien en algunos mandos militares; pero uno se pregunta, ¿por qué no actuó a tiempo la policía del Estado, la policía Municipal, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, para evitar que esta protesta se extendiera hasta casi todo el día de hoy martes?, ¿Por qué se permite la desestabilización socio política? ¿Qué está pasando con los altos mandos del Estado en la Región Guayana?, el pueblo revolucionario y socialista del Estado Bolívar demanda que se haga cumplir el “Principio de autoridad” y se le garantice la seguridad a toda la ciudadanía, no más “Guarimbas laborales ni de otra índole” en nuestro Estado y el resto del País.
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