Ya es hora que el gobierno Nacional, a través de sus diferentes órganos competentes y de seguridad, ejerzan su autoridad contralora y de seguridad integral en la población que viven dentro del llamado Arco Minero del Orinoco, y en particular de los Pueblos y Comunidades Indígenas que hoy sufren todo los embates del impacto Minero.
Ante las tantas denuncias, y muertos que ya han habido, el pasado Viernes 1 – 06 – 2.018, las bandas Armadas de delincuentes que cada día se adueñan más del control territorial de las selvas Guayanesas, de manera criminal irrumpieron en la Comunidad Indígena de San Luís de Morichal a 4 horas via fluvial desde la Población de El Dorado, Parroquia Dalla Costa, Municipio Sifontes del Estado Bolívar, donde un informante de la comunidad vía telefónica, dice que mataron a más de 4 Indígenas de la localidad. HAY TEMOR, TERROR, INDIGNACION Y DOLOR de toda la Comunidad por este suceso reciente, pero que hasta ahora las informaciones Oficiales no se conocen, aun cuando hay acantonado un puesto militar en la comunidad y que "cumpliendo misión de resguardo" de la seguridad de dicha comunidad que está bajo el asedio de las bandas armadas que quieren desalojar a los habitantes de dicha comunidad.
La pregunta es, existiendo un puesto militar reciente, con treinta efectivos, encargado de la custodia de la seguridad de esta comunidad, ¿Cómo es que se suscitan estos hechos, sin que hasta ahora no haya una explicación verás de parte de las autoridades responsables?. ¿Cómo, por donde llegaron estos sujetos a la comunidad y que hayan matado a más de 4 personas, sin que los militares no hayan hecho nada? La comunidad está aislada totalmente. Por un lado, el puesto militar restringe la movilidad de los indígenas por razones de seguridad, por otro lado, después del cordón de seguridad militar, las bandas armadas, seguidos de centenares de mineros tienen rodeados a la comunidad con el objetivo de hacerse de las minas de Oro que están en las tierras de San Luís de Morichal.
Es preciso recordar que, recientemente, un dirigente indígena, familiar de la autoridad de esta comunidad había sido secuestrado y que posteriormente después de tanta presión, apareció muerto, razón que obligó al gobierno colocar el puesto militar existente señalado.
Ante estos acontecimientos criminales, donde se van tejiendo redes de mafias terroríficas, escudados con cuerpos armados delincuenciales mejor armado que los órganos de seguridad del estado (Paramilitares y ex guerrilleros colombianos, ex funcionarios venezolanos, ex reos y pranes salidos de las Carceles), contando con la complicidad y participación directa e indirecta de mucho de los Oficiales y Soldados de la Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana colocados en los diferentes puestos de mando o misión; se observa y se afirma con mucha propiedad que el Gobierno Bolivariano no está ejerciendo el control real de la actividad minera. Pareciera que estuviera delegando el control territorial minero y de poblaciones a la delincuencia Organizada o compartida. Esto lleva que cada población y zona minera esté bajo el dominio de algún "Capo", viéndose hoy que nuestras poblaciones indígenas llevan la peor parte, siendo los primeros y verdaderos habitantes milenarios de estas zonas que hoy está siendo saqueado criminalmente tanto en lo humano y en lo ambiental.
Puesto que con todos estos hechos de saqueos de las riquezas naturales de manera indiscriminado, destrucción del medio natural, contaminación y desvíos de aguas y ríos, perversión social del ser humano, el crimen aborrecible que se comete contra habitantes autóctonos, trabajadores y familias dignas, por el solo hecho de defender sus tierras y propiedades, es tiempo de detener el Plan del ARCO MINERO DEL ORINOCO antes que se convierta en el ARCO CRIMINAL DEL ORINOCO.
En relación a los recientes muertos que se mencionan en San Luís del Morichal, el gobierno debe abocarse inmediatamente a detener el baño de sangre que se está suscitando en la actualidad, y hablarle claro a los pueblos indígenas que ya no estamos dispuesto a calarnos 500 años más de mentira y de injusticia.
A los 4 días del mes de Junio del 2.018, Suscribo
