Hay procesos que nunca se enteraron de que pasamos de la cuarta a la quinta república, como el de la construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Mérida. La empresa de maletín de un ex legislador adeco, Ricardo Vielma, contrató con sus compañeros de partido la construcción de la planta, con un proyecto que ascendía al millardo y medio de bolívares. La corrupción no distingue colores partidistas, sino modelos de gestión, y la burocracia roja terminó otorgando más de diez veces el monto original a la empresa Sincreba. No contentos con ello, le otorgaron la administración de la planta en concesión a la misma empresa. La historia adquiere un giro cuando los trabajadores le ponen un parado a esta mafia y toman la planta, reivindicando el control obrero.
La de los trabajadores ha sido una lucha en contra de la rapiña capitalista y sus aliados en el Estado. Cada institución se ha encargado de demostrar su real vocación frente a la lucha clasista desatada en esta planta, y los trabajadores han terminado defendiendo sus derechos y los bienes públicos frente al mismo Estado. De manera absurda, los trabajadores han tenido que enfrentarse a grupos de choque patronales y cuerpos policiales por igual, además de aguantar los ataques virulentos de alcaldes como Jesús Abreu y Aaron Varela, y funcionarios como el delegado de la Defensoría del Pueblo para Mérida, a la par de los mercenarios de Vielma.
Como suele ocurrir en estos casos, los medios de comunicación privados conspiran junto con la patronal y las autoridades para presentar el conflicto como una lucha entre grupos de trabajadores.
En estos momentos, a casi tres meses de que fuera revocada la concesión de Sincreba, las autoridades municipales no han querido avanzar hacia una fórmula de gestión que implique la participación protagónica de los trabajadores, y mantienen la planta cerrada, jugando al desgaste de la lucha. Bajo cuerda, los cuerpos policiales cobran un peaje a los recicladores informales que acceden a la zona del botadero, detrás de la planta, pero el paso está prohibido a los trabajadores que han luchado durante estos meses en defensa de la planta. Mientras tanto, los alcaldes estudian planes para construir un nuevo relleno sanitario en el cañaveral de El Chorote, anunciando de esta manera un nuevo ecocidio, el cierre definitivo de la planta y el fin de la lucha obrera. Para las autoridades, el nuevo relleno representa simplemente una nueva oportunidad de negocios. Los trabajadores preparan nuevas movilizaciones frente a este escenario.
La de los trabajadores ha sido una lucha en contra de la rapiña capitalista y sus aliados en el Estado. Cada institución se ha encargado de demostrar su real vocación frente a la lucha clasista desatada en esta planta, y los trabajadores han terminado defendiendo sus derechos y los bienes públicos frente al mismo Estado. De manera absurda, los trabajadores han tenido que enfrentarse a grupos de choque patronales y cuerpos policiales por igual, además de aguantar los ataques virulentos de alcaldes como Jesús Abreu y Aaron Varela, y funcionarios como el delegado de la Defensoría del Pueblo para Mérida, a la par de los mercenarios de Vielma.
Como suele ocurrir en estos casos, los medios de comunicación privados conspiran junto con la patronal y las autoridades para presentar el conflicto como una lucha entre grupos de trabajadores.
En estos momentos, a casi tres meses de que fuera revocada la concesión de Sincreba, las autoridades municipales no han querido avanzar hacia una fórmula de gestión que implique la participación protagónica de los trabajadores, y mantienen la planta cerrada, jugando al desgaste de la lucha. Bajo cuerda, los cuerpos policiales cobran un peaje a los recicladores informales que acceden a la zona del botadero, detrás de la planta, pero el paso está prohibido a los trabajadores que han luchado durante estos meses en defensa de la planta. Mientras tanto, los alcaldes estudian planes para construir un nuevo relleno sanitario en el cañaveral de El Chorote, anunciando de esta manera un nuevo ecocidio, el cierre definitivo de la planta y el fin de la lucha obrera. Para las autoridades, el nuevo relleno representa simplemente una nueva oportunidad de negocios. Los trabajadores preparan nuevas movilizaciones frente a este escenario.
(Especial para Voz de los Trabajadores, órgano del Movimiento por la Construcción de un Partido de los Trabajadores)
