Aunque no somos dados al uso de costosos aparatos para la comunicación telefónica –sólo tenemos un cacharrito adquirido en el año 2000 y que ha salido maaaaaaaaaaaaas fiiiino- compartimos el júbilo y el optimismo de quienes aprecian que los resultados de la medida serán efectivísimos. No daremos ni una gota de margen a la posibilidad del fracaso.
Hay que alertar, sin embargo, sobre otro aspecto. El 20 de septiembre, Palmenes Rosales Olivares escribió en la página web de Ciudad CCS: “¿Y cómo harán con los técnicos que trabajan fuera de estas tres empresas, que reparan teléfonos y también activan líneas?”. La inquietud, llegada a través de otras vías, parece justificada, oportuna y pertinente.
“Sí, creo que baje mucho el robo de celulares, pero hay que estar mosca con los talleres que los compran para venderlos por partes. Hay pantallitas de ésas que son carísimas y que seguirán siendo atractivas”, nos comentó alguien, ya personalmente.
Es decir, la tarea contra el hampa en la materia apenas comienza con lo que, indudablemente, constituye un duro golpe a los especialistas en la sustracción de los famosos móviles. Pero no debe el Gobierno revolucionario dormirse en los laureles. Debe chequear a fondo los negocios que trabajan con las piezas de estos equipos. Cierto: la mayoría de ellos son muy honorables, pero hay que meterle el ojo a otros que ni saben lo que es una factura cuando de ello se trata.
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