Incluso, si se sigue esa lógica injerista, no era necesario cerrar Megaupload, a pesar de que éste alojara contenido protegido por derechos de autor. Lo que sucede es que el modelo en sí mismo les desagrada. Es decir, es el propio intercambio de archivos en la red el que indigna a una industria que comercia con la cultura. Es cierto, que para que ésta llegue a las personas, es necesario que haya gestores culturales que tengan sensibilidad, el problema es que en vez de eso hay unas empresas que ven en ello una mercancía más con la que lucrarse. Éstas necesitarán el monopolio de distribución de esa cultura (mercantilizada) para poder ganar dinero, pero cuando aparecen otras vías como Internet, se tambalea el modelo de negocio.
Hasta aquí queda lo que es más o menos evidente. Ante esta tesitura las empresas podrían haber optado por humanizarse y distribuir la cultura de una manera más asequible, con algún amor a su objeto de negocio. No obstante, la propia idiosincrasia de lo que es una empresa privada puede dificultar esta transformación. Las grandes industrias en este sector controlan que es lo que se ve a ver, de que manera, cuando y cómo. Además, también podrán permitirse fijar el precio a su antojo, que para eso hay libertad de mercado. Estas empresas se comportan como un cártel, y usan de la infraestructura del Estado, para acabar con sus enemigos, en este caso Megaupload.
Una vez se ha enlazado la problemática con este caso, es cuando se debe plantear la si la actuación del Departamento de Justicia estadounidense buscaba salvaguardar la seguridad de los ciudadanos o los intereses de una minoría. La respuesta es obvia, el cierre de Megaupload no conseguirá un mundo más seguro porque el servidor no tenía armas de destrucción masiva, ni probablemente estuviera masacrando a pueblo alguno; los únicos que veían sus intereses perjudicados eran las grandes multinacionales. El hecho de que existiera una plataforma en la que pudiera adquirirse gratuitamente cultura, lo convirtió per se en objetivo principal. Es entonces cuando los legisladores, que dicen representar al pueblo, se ponen manos a la obra y redactan normas como, por ejemplo, la conocida como ley Sinde. La cual tiene un objetivo elemental, que es proteger el contenido con el que comercian estas empresas, sin importarle trastocar uno de los principios clave de la democracia occidental como es la separación de poderes. No parecía afectarles que fuera un organismo dependiente del Ministerio de Cultura (poder ejecutivo) el que llevara a cabo funciones que deberían corresponder a los jueces (poder judicial). El poco respeto por el sistema que dicen defender, así como por los intereses del pueblo que dicen representar, forzosamente hará concluir que las personas que hacen las leyes se someten a la voluntad de sus partidos políticos, los cuales tienen amos, y éstos son las grandes empresas. Las normas siempre acaban favoreciendo, en mayor o menor medida, a las empresas privadas. En pleno hartazgo podría pedirse que nos evitemos la parafernalia de las elecciones, y que el Congreso se componga de un número determinado de delegados que sean nombrados por las mayores empresas de cada país. De esta manera podríamos ahorrarnos unos caros intermediarios.
El mismo panorama se repite en los Estados Unidos. La ley SOPA (Stop Online Piracy Act) y a la ley PIPA (Protect Intelectual Property Act) forman un binomio excelente para que esta industria pueda reducir al mínimo la libre circulación de archivos en Internet. La SOPA faculta al gobierno estadounidense para cerrar páginas que faciliten las descargas de contenido con derecho de autor. A su vez el Departamento de Justicia también se reserva una serie de competencias importantes respecto a un alto número de páginas web. Es un instrumento que, sin duda alguna, abre la puerta a la censura cibernética y que, además, agilizará cualquier proceso que pueda suponer una minima molestia a los comerciantes de cultura.
Estos procesos legislativos se ven detenidos cuando se producen ataques a páginas gubernamentales o de organismos privados que apoyan estas normas. En una democracia, teóricamente, debería bastaría con que la clara oposición del pueblo frenara cualquier norma no deseada, pero como no existen mecanismos para canalizar ese descontento, ni tienen interés en que los haya, se ha tenido que recurrir a los ataques. Solo ante este panorama deciden aparcar el proceso para reformular la ley, en un tiempo cambiarán algunos aspectos para que suene mejor, pero su esencia no se verá alterada. La ley que finalmente sea aprobada servirá igualmente a los fines deseados, pero el gatopardismo de estos políticos súbditos de multinacionales, deberá ser igualmente combatido.
* Es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración.
jcklo83@hotmail.com
