La suspensión de más de seis mil cuentas en la red social estadounidense Twitter el pasado jueves, ha sido desestimada por muchos periodistas, medios de comunicación y supuestos expertos tecnológicos. Sin embargo, no estamos hablando de poca cosa. No se trata de que al presidente Maduro le quitaron seguidores, como algunos tratan de trivializar. Se trata de que fueron cerradas miles de cuentas de tuiteros con una misma tendencia política: chavistas.

Algunos subestimaron el asunto afirmando que fueron eliminadas cuentas robots, pero la realidad es que fueron bloqueados dos importantes medios de comunicación (Ciudad CCS y La Radio del Sur), tres ministros (Delcy Rodríguez, Yván Gil y Wilmer Barrientos), dos ministerios (Educación Universitaria y para la Mujer), la Universidad Bolivariana de Venezuela, Pdval, Mercal, CorpoMiranda y colectivos como ForoCandanga. Además, suspendieron a numerosos periodistas, activistas y profesionales reconocidos, sin advertencia previa y sin explicación alguna de lo que ocurrió.

En lo que coinciden las cuentas suspendidas es que son partidarios de Maduro: no se ha encontrado algún otro medio, periodista o personalidad de otra tendencia política quejándose de haber sido suspendido. También se destaca el carácter simultáneo de la eliminación. Y, mientras Maduro perdía 6 mil 500 seguidores ese día, el opositor Capriles apenas perdió 135 seguidores y el periodista de derecha Nelson Bocaranda solo perdió 248. Sin duda alguna fue algo selectivo.

Para el momento de escribir este artículo, la empresa Twitter estaba restableciendo las cuentas suspendidas luego de que la ministra de Comunicación, Delcy Rodríguez, amenazara con acciones legales. Sin embargo, Twitter aún no ha emitido un comunicado ofreciendo disculpas o explicando por qué decidió suspender a numerosos usuarios de un mismo bando político.

Imaginemos si hubiera ocurrido a la inversa: si Twitter hubiera decidido suspender cuentas de medios como El Universal o Globovisión. ¡El escándalo a nivel mundial sería enorme! En cambio, las páginas de tecnología, las publicaciones especializadas y las agencias internacionales han ignorado el asunto.

Algunos investigadores han hecho notar que los usuarios suspendidos se habían suscrito a una aplicación ofrecida desde el blog oficial del Presidente, llamada RTNicolasMaduro, que retuiteaba al jefe de Estado cada vez que escribía un tuit. Es una aplicación a la que podíamos suscribirnos voluntariamente desde el blog de Maduro (www.nicolasmaduro.org.ve), y es una comodidad para todos los que apoyamos al Presidente. Opositores denunciaron que era injusto que Maduro tuviera muchos retuits en cada mensaje que escribía y, de ser esta la causa, parece que la empresa Twitter cedió a la presión de forma desmedida: en vez de revocar la aplicación, decidió castigar a miles de revolucionarios. De cualquier forma, Twitter no está obligada legalmente a darnos explicaciones: es una empresa privada ubicada fuera de nuestro país, y sus condiciones de uso (que aceptamos cuando abrimos una cuenta) dicen que pueden cerrar cuentas en cualquier momento sin dar explicaciones.

EXTRATERRITORIALIDAD

¿Tomó la empresa Twitter una medida absolutamente injusta y discriminatoria contra usuarios venezolanos? Así parece. De cualquier forma, es estúpido discutir si una empresa es justa; las empresas no imparten justicia, solo responden a intereses comerciales. Los Estados, a través de sus leyes e instituciones, deben regular el funcionamiento de las empresas y evitar que éstas cometan abusos contra sus ciudadanos, pero hay un pequeño detalle: las grandes transnacionales de Internet ofrecen servicio a millones de venezolanos sin estar establecidas en nuestro país ni acatar nuestras leyes.

Si una empresa extranjera desea establecerse en Venezuela para fabricar productos u ofrecernos servicios, tiene que cumplir con una serie de requisitos legales y comprometerse a cumplir nuestras leyes. Pero las transnacionales de Internet no tienen que establecerse en nuestro país. Si violan los derechos de nuestros ciudadanos, no podemos demandarlos ni pedir a Indepabis que los multe. Pero debemos cambiar esto, formulando leyes que exijan a las transnacionales de Internet que, si quieren ofrecernos servicios, estén obligadas a establecerse en el país, cumplir nuestras leyes y responder por lo que hacen.

VULNERABILIDAD TECNOLÓGICA

Es verdad que el eliminar cuentas en Twitter no va a afectar a la Revolución en lo más mínimo. De cualquier forma, los chavistas que incursionamos en estas redes no lo hacemos porque sean sitios socialistas, sino porque allí hay millones de personas a quienes queremos llegar. Y, si nos eliminan cuentas, crearemos otras y continuaremos con nuestro cometido.

Pero el asunto nos da un ejemplo de cómo el depender tecnológicamente de transnacionales extranjeras puede afectarnos como país. Empresas fundamentales como Pdvsa, Corpoelec o las empresas básicas de Guayana dependen cada vez más de plataformas tecnológicas para controlar la extracción, procesamiento, comercialización y distribución de materias primas, productos y servicios. Si instalamos en ellas tecnologías propietarias y dependientes de empresas extranjeras, le facilitamos la posibilidad de sabotearnos. Con la diferencia de que el sabotear las plataformas de Pdvsa o de Corpoelec afectaría la vida de millones y podría sumergirnos en crisis peligrosísimas para el país, como la que vivimos en el paro petrolero de 2002.

De allí la insistencia de desarrollar y usar tecnologías libres en estas grandes empresas: nos garantiza tener el control total en las plataformas de software, el comprender cómo funcionan, auditarlas para asegurarnos de que no nos espían, modificarlas para adaptarlas a nuestras necesidades y poder compartirlas.

Los abusos de Twitter y las revelaciones de Edward Snowden sobre como Google, Facebook, Apple y otras entregan nuestros datos privados a agencias de espionaje, deben hacernos reflexionar. Es imperativo construir nuestras propias plataformas tecnológicas para nuestro pueblo, no solo de redes sociales sino de mensajería instantánea (tipo BBPin o Whatsapp), correo electrónico de calidad (igual o mejor que Gmail); videos, música, servicios en la nube y similares. En el caso de las transnacionales de Internet, tenemos que ingeniar formas legales para que respeten a nuestro pueblo.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, ya anunció esfuerzos similares en su país. ¡Ojalá el presidente Maduro y demás líderes latinoamericanos se unan en el mismo objetivo!