Como espada de Damocles apuntando sobre las naciones en desarrollo, llegó el mensaje del Banco Mundial: el país que se niegue a privatizar sus servicios públicos de agua potable y alcantarillado no recibirá financiamiento internacional para otras necesidades.

El documento del organismo financiero, firmado por su presidente Paul Wolfowitz, emitido durante las sesiones del IV Foro Mundial del Agua celebrado en Ciudad de México del 16 al 22 de marzo último, fue catalogado como una amenaza para los que intentaran suscribir en la declaración final del evento que el agua era un derecho humano fundamental y que los Estados con la participación de las comunidades tienen que hacerlo efectivo.

El escrito del BM, repartido entre los asistentes al Foro bajo el sujetivo título Espejismo en el Agua, expresa que el Banco Mundial solo facilitará préstamos para servicios de agua con la condición de que dicho servicio se privatice.

A continuación agregaba que “el país que se niegue a ello verá recortados los créditos para otras inversiones en el sector público”.

La coacción de Wolfowitz, quien antes de ser presidente de ese organismo financiero fue dentro de la administración de George W. Bush, uno de los principales impulsores de la guerra contra Iraq, recordaba a los presentes lo sucedido con la República de Guinea.

Sobre ese hecho abundó el Movimiento para el Desarrollo Mundial e Internacional de Servicios Públicos (MDMISP) que además enfatizó sobre el fracaso de las inversiones privadas en los servicios de agua en países en desarrollo.

En 1999, esa nación africana, recalcó, no renovó un contrato de arrendamiento de sus servicios de agua a empresas francesas por lo que “se congelaron las inversiones en el sector, y Guinea no podrá contar tampoco con aportaciones ni del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional, que han exigido la venta de los servicios de distribución de agua potable y de saneamiento como condición para recibir más ayuda”.

Las presiones a las que fueron sometidas las naciones en desarrollo por parte de los organismos financieros internacionales, las transnacionales y los países desarrollados durante todo el tiempo que duró el Foro fueron enormes y constantes a favor de la privatización de esos servicios.

Al estrado también subieron personas adineradas como el mexicano Carlos Slim, tercer hombre más rico del mundo según la revista Forbes, quien puntualizó que aunque el uso y reciclaje del líquido es un servicio de gran importancia social y política, se deben establecer tarifas para que se pueda pagar el financiamiento requerido, modernizar y expandir sus redes.

Slim explicó que para solventar el problema se requieren inversiones que se capten por medio de un organismo autónomo el cual no estaría sujeto a las restricciones del presupuesto gubernamental, tendría un manejo transparente y facultades para comercializar los servicios de mantenimiento, tendido de redes y saneamiento Mientras negaba que no hablaba de privatización, insistió que el servicio habrá que pagarlo para que sea eficiente.

Kiyo Akasaka, director de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) fue más allá, al señalar que esa institución no tiene una posición sobre el agua como derecho humano y que por ese valioso recurso se debe cobrar por lo menos un 4% de los ingresos del hogar para evitar el sobre uso y alentar el consumo eficiente.

Cabría preguntarse, ¿cómo pagarán ese servicio las miles de millones de personas pobres en el mundo que no tienen ni tan siquiera dinero para alimentarse?. Aunque en aras de un menor despilfarro sea necesario cobrar parte de esos servicios, lo fundamental es comprender que el agua es un bien público y un derecho humano y no una mercancía.

Estudios realizados indican que en el año 2025 la demanda de agua en el mundo será 58% superior al suministro, lo que concitará (y ya lo hace) pugnas y desavenencias entre diferentes naciones o dentro de los propios países.

Aunque el 70% del planeta esta cubierto por agua, solo el 2,4% es potable y el 97,6% salada. De ese 2,4%, el 68% se destina a la irrigación, el 22% a las industrias y empresas productivas y el 10% al consumo humano.

Las complicaciones se agravan porque el agua esta distribuida en forma desigual: el 60% aparece en solo 9 países mientras 85 padecen escasez; 1 000 millones de personas consumen el 86% del líquido disponible; 2 400 millones no pueden consumir los suficiente y más 2 500 millones consumen aguas sin tratar lo que provoca constantes enfermedades y hasta la muerte.

A las diferencias originales, se unen las ambiciones políticas de algunos países o de los poderosos que tratan de convertirse en personas más ricas por medio de la privatización del agua.

Uno de los casos es el de Palestina bajo la ocupación de Israel. En junio de 1967, Israel lanzó la llamada Guerra del Agua contra territorios árabes y ocupó Cisjordania, la Franja de Gaza, el Sinai egipcio y las alturas del Golán sirio y se apoderó de todas las fuentes de Palestinas.

De esa forma domina el 88 % de los recursos hidrográficos que los distribuye con enorme disparidad una empresa israelí que se guía por el plan de oclusión.

Otro tanto sucede con la privatización y comercialización del preciado líquido, que aparece en las cláusulas del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que Estados Unidos pretende imponer en Latinoamérica.

El ALCA plantea la apertura comercial a los servicios públicos y sociales como el agua, la electricidad, la salud y la educación y con ello someter a las empresas públicas a las reglas del mercado lo que iría en detrimento directo de los sectores más pobres de la población.

Casos recientes ocurrieron en Argentina, Bolivia, Uruguay y Perú. En Cochabamba, Bolivia, en el año 2000, se desencadenó un conflicto que provocó una docena de muertos y violentos disturbios al triplicarse los precios del agua tras ser privatizado ese servicio a favor de la empresa trasnacional Aguas del Tunari, subsidiaria de la Bechtel norteamericana.

Las manifestaciones obligaron al gobierno a dar marcha atrás, pero la Bechtel demandó al estado boliviano por más de 25 millones de dólares, basándose en el Tratado Bilateral de Inversiones entre Bolivia y Holanda (firmado hace años) que establece las mismas cláusulas que el ALCA.

La transnacional norteamericana aún exige el pago de la enorme cantidad, no por lo que había gastado (menos de un millón de dólares) sino por lo que dejó de percibir si el convenio hubiera continuado su cauce.

En conclusiones, el IV Foro Mundial del Agua no aportó nada nuevo y dejó abiertas las puertas a la privatización con el peligro de que en algunos países, los pobres tengan que pagar el agua como si fuera servida en tasas de oro.