No sorprende de ninguna manera, el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, del pasado martes 3 de julio, al resolver sobre dos consultas, elevadas a su consideración por las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Ciudadana, Frente Amplio y PASE y la Defensoría de los Habitantes, que se manifestaron en contra del TLC, dejando la puerta abierta al referendo de octubre próximo.

La imposición de un nuevo modelo de país, de un nuevo modelo de economía, que comprende ese enorme compendio de normas, articulaciones y acuerdos que satisfacen los intereses del capital transnacional y nacional, ha sido objeto de crítica por amplios de la sociedad costarricense. La iniciativa de los parlamentarios y de la Defensoría de los Habitantes pretendía que el máximo tribunal constitucional del país, declarase la presencia de roces con la legalidad vigente, ampliamente demostrados por eminentes juristas y analistas políticos, tanto en el procedimiento legislativo a que está siendo sometido el tratado, como en su articulado mismo.

Un voto en contrario de la Sala Constitucional, al margen de consideraciones políticas que se han impuesto, según criterio generalizado en el país, habría abierto espacios nuevos en Costa Rica para reflexionar, con criterios de interés nacional, sobre los verdaderos alcances del convenio. En las circunstancias actuales, ante el regocijo de los sectores gobernantes y de aquellos interesados en convertir al país en una "zona franca", amplios del pueblo se enfrentan a la disyuntiva de asumir la batalla final en el referendo, con el criterio de que está en juego el futuro del país, ante la expectativa de que está de por medio, la imposición, por "la vía de la legalidad", de un nuevo modelo de sociedad. La polarización que vive Costa Rica como producto de las iniciativas de transformación que se encuentran vigentes en el tratado y la sumisión de los poderes del estado nacional a un proyecto hegemónico, instrumentado desde la Presidencia de la República, abren espacios que nos pueden llevar por rutas desconocidas, en cuanto a la manifestación de las luchas sociales se refiere.

Los poderes del estado, instrumentado por el Presidente Arias y los sectores empresariales interesados en ampliar sus negocios y alcances de inversiones, están llevando a la sociedad costarricense y a los amplios sectores que se oponen a un punto de inflexión, en que se puede definir el futuro del país.

El fallo de la Sala Constitucional de Costa Rica de ninguna manera sorprende. Ya son muchos los antecedentes acumulados, en los cuales se han impuesto los intereses políticos de coyuntura en contra de la elaboración jurídica de sus fallos y pronunciamientos.

A los sólidos argumentos de inconstitucionalidad que han manejado eminente juristas, sobre los contenidos esenciales del TLC y los reclamos fundados por el trámite legislativo que se ha impuesto, la Sala Constitucional responde con una resolución ajena a derecho, complaciente con los intereses políticos que están en juego.

El comunicado emitido por la COMISION NACIONAL DE ENLACE, instancia que sirve de punto de encuentro de todos los partidos políticos, movimientos sociales y expresiones orgánicas y regionales del país opuestos al TLC, con motivo de la resolución de la Sala Constitucional, expresa en sus conclusiones; "Llamamos a prepararnos para que el próximo 21 de Julio en la Asamblea Nacional de la Coordinadora de Lucha contra el TLC, salgamos con un Plan de Acciones en todo el territorio nacional que nos permita a partir de la movilización y la organización popular derrotar a esta dictadura neoliberal que nos gobierna."


COMUNICADO DE LA COMISION NACIONAL DE ENLACE

FALLO DE LA SALA IV ROMPE EL ORDEN CONSTITUCIONAL

El dictamen emitido por la Sala IV avalando la Constitucionalidad del TLC que ignora todos los planteamientos realizados por connotados(as) especialistas, juristas y abogados constitucionalistas tendrá efectos impredecibles para nuestro país. Hoy 03 de julio del 2007, los cinco magistrados(as): Luis Fernando Solano, Luis Paulino Mora, Ana Virginia Calzada, Adrián Vargas y Ernesto Jinesta terminaron de enterrar lo que quedaba de la institucionalidad jurídica costarricense, demostrando que la separación de poderes es simplemente retórica. La Sala IV nuevamente se pliega al poder de los Arias; ya lo hicieron en el 2003 con el “Golpe de Estado corrupto y vandálico” como lo calificó el Expresidente Luis Alberto Monge, cuando autorizaron la reelección de Oscar Arias. Hoy repiten con esta decisión de no encontrar ningún elemento de inconstitucionalidad por parte del TLC, otro golpe de Estado corrupto y vandálico.

Este resultado era previsible. Qué otra cosa se podía esperar de magistrados como Luis Paulino Mora o la Magistrada Ana Virginia Calzada que fueron funcionarios de la primera administración Arias en el período 1986-1990. Qué se puede esperar del Magistrado Adrián Vargas quien es esposo de una sobrina del presidente Arias y hermano del ex Contralor ligado al PLN. Qué se puede esperar de otros magistrados como Luis Fernando Solano y Ernesto Jinesta que han sido militantes activos del PLN y del PUSC y que por lo tanto están nombrados para legitimar jurídicamente los negocios de los hermanos Arias Sánchez. Figuras que las mafias neoliberales aspiran a que logren resucitar el sistema corrupto y decadente del bipartidismo, que hoy es el responsable del avance en la destrucción del Estado Social de Derecho el cual pretenden sustituir por un Estado Liberal de Mercado, mediante un TLC equivalente a una nueva Constitución Política de carácter neoliberal.

El nivel de arrogancia y corrupción es tan alto, que los Magistrados Luis Paulino Mora y la Magistrada Ana Virginia Calzada declaran inadmisibles las consultas de constitucionalidad presentadas por la Defensora de los Habitantes y por un grupo de 19 diputados y diputadas. Nos quieren hacer creer que en tan solo un mes se leyeron a fondo, más de 3000 páginas de un documento casi ininteligible aún para los más expertos.

Resaltamos las posturas de los Magistrados Gilberth Armijo y Fernando Cruz, que declaran que es inconstitucional por: a) lo dispuesto en cuanto a la Comisión de Libre Comercio; b) del Capítulo de Telecomunicaciones lo que se refiere a la aplicación retroactiva del Anexo 13; c) lo dispuesto en materia ambiental, salvo lo relativo a la participación ciudadana; d) lo relativo al proceso de certificación en los Estados Unidos; e) el arbitraje Inversionista-Estado; f) la figura de la Comisión de Libre Comercio; g) el tema de los medicamentos en el Capítulo de Propiedad Intelectual; y h) en lo que respecta a resolución de controversias, inversiones y salud, en cuanto afecta el Estado Social y Democrático de Derecho. El Magistrado Armijo, además, considera inconstitucional el concepto de territorio establecido en el Tratado.

Reiteramos como Comisión Nacional de Enlace, que ni la Sala IV, ni el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) nos merecen respeto alguno, pues hoy son simplemente instrumentos de una oligarquía prepotente que conduce el país hacia el despeñadero. El TSE ha perdido toda legitimidad desde la elección presidencial anterior en la que cohonestó un fraude electoral que le permitió a Oscar Arias ser hoy Presidente de la República. En relación con el Referéndum, primero violentaron el procedimiento al desconocer la primera iniciativa para hacer una convocatoria por medio de la recolección de firmas y autorizaron el “Decretazo” presentado por Casa Presidencial para favorecer los intereses de la oligarquía nacional y Transnacional. Han promulgado un reglamento tan omiso que deja todos los portillos abiertos a los promotores del Tratado para que puedan financiarse en forma millonaria, sin ninguna restricción y que además no garantiza ningún tipo de equilibrio en términos de propaganda ni de acceso a medios de comunicación, y no establece el más mínimo requerimiento respecto a la fiscalización y transparencia del proceso para evitar la posibilidad de fraude, como puede ser establecer que el voto sea mediante la impresión de la huella dactilar.

Queda demostrado que con este pronunciamiento de la Sala IV y con la decisión de dictaminar que no hay tampoco ningún roce constitucional para que se le aplique la “vía rápida” al TLC y a los proyectos privatizadores de la agenda de implementación, el actual régimen de los Arias, decidió romper el orden constitucional y secuestró la institucionalidad costarricense para favorecer los intereses de la oligarquía nacional y de las transnacionales.

La Comisión Nacional de Enlace, hace un llamado a fortalecer la unidad y la organización popular para derrotar en las urnas y en las calles al TLC y los proyectos privatizadores de la Agenda de Implementación que pretenden entregar el ICE y el INS a los intereses transnacionales, que entregan nuestra biodiversidad y nuestros preciados recursos naturales como el agua, que desmantelan la Caja del Seguro Social y el AyA deteriorando el sistema de salud y que empobrece a nuestros campesinos y elimina a los pequeños productores nacionales.

Reiteramos como Comisión Nacional de Enlace que la lucha a partir de este momento adquiere una nueva dimensión. Ya no sólo se trata de derrotar al TLC en el Referéndum y a su Agenda de Implementación. Hoy se trata de enfrentar y resistir al actual régimen dictatorial de los Arias que ha consumado una ruptura del orden constitucional que tendrá repercusiones sociales, de acuerdo a como lo anunciara por la prensa hace más de un año Oscar Arias cuando afirmó la necesidad de gobernar bajo la premisa de “establecer una dictadura en democracia”.

Llamamos a prepararnos para que el próximo 21 de Julio en la Asamblea Nacional de la Coordinadora de Lucha contra el TLC, salgamos con un Plan de Acciones en todo el territorio nacional que nos permita a partir de la movilización y la organización popular derrotar a esta dictadura neoliberal que nos gobierna.

Comisión Nacional de Enlace
San José, Costa Rica, 03 y 04 de Julio del 2007