Corría marzo de 1811, se instalaba el Supremo Congreso de Venezuela en la ciudad de Caracas, a la que concurrieron 30 de los diputados electos, el punto central a discutir: nuestra Declaratoria de Independencia del Imperio Español. Francisco de Miranda, había sido durante mucho tiempo objeto de una demoledora campaña difamatoria por parte de las autoridades monárquicas, contaba con la desconfianza de buena parte de la clase mantuana. Sin embargo, pese a haber sido calificado de “agente de los ingleses” o de “ateo y hereje”, fue aclamado por la multitud a su llegada a Caracas para asistir al Congreso. La demora en aprobar, definitivamente, la autonomía nacional, por parte del Supremo Congreso, causaría un ambiente de tensión que desbordaría pasiones encontradas entre éste y la Sociedad Patriótica. Los acontecimientos se precipitaron hacia el 3 de julio, cuando Juan Antonio Rodríguez Domínguez, presidente del Congreso, manifestó que ya era “el momento de tratar sobre la Independencia absoluta”. El presbítero Juan Vicente Maya, ¡tenía que ser la iglesia católica!, diputado por La Grita, manifestó su oposición, haciendo resaltar las dudas ya mencionadas. Desde las barras, las voces más extremistas de la Sociedad Patriótica, entre ellas Bolívar, Vicente Salias y Coto Paúl, abuchean la alocución del presbítero Maya. Otro presbítero, Ramón Ignacio Méndez, también opuesto a la Independencia, exige el respeto de la libertad parlamentaria. La iglesia católica se oponía rotundamente a nuestra independencia, así como hoy se oponen a la Revolución Independista Bolivariana, consecuentes con el principio papal emanado del Vaticano que les imponía: “Los frailes son los aliados inseparables de la oligarquía y voceros de la monarquía en el Nuevo Mundo, porque sobre la fe católica reposa la fuerza mística del rey por la gracia de Dios, de suerte que los privilegios del poder y del dinero, estaban seguros bajo la guardia del Vaticano, como fiel defensor de la monarquía europea” (Bolívar y la Iglesia, Jorge Mier Hoffman).

Ya en pleno 4 de julio, en los espacios de la Sociedad Patriótica, Simón Bolívar pronunciaría su primer discurso conocido: “Se discute en el Congreso Nacional lo que debiera estar decidido. ¿Y qué dicen? Que debemos comenzar por una confederación, como si todos no estuviéramos confederados contra la tiranía extranjera. Que debemos atender a los resultados de la política de España. ¿Qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos o que los conserve, si estamos decididos a ser libres? Esas dudas son tristes efectos de las antiguas cadenas. ¡Que los grandes proyectos deben prepararse con calma! Trescientos años de calma, ¿no bastan? La Junta Patriótica respeta, como debe, al Congreso de la nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad suramericana: vacilar es perdernos.” Se decidió, la Junta Patriótica, por petición del mismo Bolívar, dirigir al Congreso un documento expresando estos sentimientos.

La mañana del 5 de julio de 1811, el Presidente del Congreso comunicaba en sesión pública la posición del Ejecutivo a favor de la Independencia. Inmediatamente, nuevos diputados pronunciarían sus argumentos en contra de las indecisiones de ciertos representantes, mientras que otros, antes opuestos, cambiaban de opinión a favor de la emancipación. En pocas horas, efectuadas las votaciones, y teniendo al presbítero Maya como único opositor, el Supremo Congreso declararía, a las tres horas de la tarde, la absoluta independencia de Venezuela. El júbilo estalló en las barras, ocupadas no sólo por la Sociedad Patriótica sino también por el pueblo asistente, a los gritos de “¡Viva la Patria!”, “¡Viva la Libertad!”. Una manifestación de ciudadanos/ciudadanas, a cuya cabeza figuraban Miranda y Francisco Espejo, salió a las calles entre toques de tambores y repiques de campanas, y se dirigió al Palacio Arzobispal, a fin de invitar al arzobispo Coll y Prat a alegrarse por la Independencia. Cosa que no ocurrió entonces, hasta el presente, 200 años después. Se abría así nuestro proceso independentista.

He traído a nuestra memoria esta importante faceta de nuestra historia Patria, para repetir con el Padre Libertador, Simón Bolívar, a los imperialistas españoles de hoy: “Trescientos años de calma, ¿no bastan?”, cuando arremeten contra nuestra Patria acusándonos de tener vinculaciones con la ETA, y de manera desproporcionada a través de los medios de comunicación del imperio arremeten todos los días acusándonos de todos los males que aquejan al pueblo español, desviando así su atención sobre los verdaderos responsables de la grave crisis económica y social, que no son otros, que el rey de España y su gobierno “socialista”, más bien socialdemócrata o adeco en criollito, de Rodrigo Zapatero.

Esa estrategia que, sin duda, no es propia del gobierno español, sino del imperio mayor, el norteamericano; obedece a cierta independencia obtenida por el gobierno colombiano a la salida del narcopresidente Álvaro Uribe. El acercamiento de Santos a Suramérica, conllevó al Pentágono a la búsqueda de sustitutos confiables en su política de agresión al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Nada más confiable que un gobierno de un país en severa crisis económica-social, con millones de desempleados/desempleadas, aportándoles pequeñas migajas de los miles de millones de dólares que extrae de la plusvalía que roba diariamente a millones de trabajadores/trabajadoras en el planeta, es suficiente para que un gobierno como el de Zapatero, odiado por sus conciudadanos/conciudadanas, reemplace al de Uribe, en su misión de ataque a la Revolución Bolivariana y al pueblo venezolano.

La monarquía española arremete contra nuestra soberanía con el burdo expediente de vincular a nuestro Gobierno Revolucionario con los independentistas vascos y, en particular, con la ETA; grupo con el cual, no nos quede la menor duda, nuestro Gobierno no tiene un ápice de simpatía con la forma en que libran su batalla por la independencia del pueblo vasco. Si en esta parte del planeta nuestro Gobierno hace llamados a la guerrilla colombiana para que busquen fórmulas de paz con el gobierno colombiano, imagínense que, para España, nuestro gobierno impulsara la guerra, cosa más absurda, solo coherente en la mente podrida del imperio norteamericano, que sueña viendo a nuestro pueblo y nuestra Patria, enclaustrada y sometida a las rigurosidades de un bloqueo tipo Cuba, tipo Irán. Y para nuestra vergüenza, hay personas que dicen llamarse “venezolanos/venezolanas” que le apoyan en esa política contranatura y anti Patria, los llamados oposicionistas o Mesa de la Ultraderecha (MUD).

Antonio Cubillas es un venezolano más, un compatriota que merece nuestra solidaridad ante la arremetida de un imperio decadente que lo utiliza como conejillo de indias contra nuestro Gobierno y nuestro pueblo. El imperio español, franquista como es, en su esencia, utiliza las declaraciones de un ciudadano español, obtenidas bajo las más severas sesiones de torturas, como consta en el Expediente del juicio que se le lleva, para así vincular a Antonio Cubillas, ciudadano venezolano, llegado a nuestra Patria en gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien mediante acuerdo con el gobierno del Psoe, Felipe González, deciden exiliar a ese compatriota a la Patria de Simón Bolívar, hecho ocurrido hace más de veinte (20) años.

Compárese la actuación de la justicia española, que no es partícipe del Debido Proceso contenido en la Constitución Bolivariana, que considera al indiciado/indiciada inocente hasta que se demuestre lo contrario, que le garantiza su derecho a la defensa en y durante todo el proceso, que PROHIBE la tortura, que obliga a los funcionarios/funcionarias policiales a dar a los ciudadanos/ciudadanas un trato digno y justo a los compatriotas bajo su custodia, compárese esta actuación con la justicia española que, de antemano, ya le está dando el trato de terrorista al compatriota Antonio Cubillas, es la justicia franquista vivita y coleando, de allí a desaparecerlo no hay más que un pasito. O es que nos olvidamos del mal llamado descubrimiento, hasta el propio Bartolomé de las Casas definió y documentó como una auténtica masacre y genocidio de nuestras poblaciones indígenas, nuestros antepasados. En 1492 había aproximadamente cien millones de indígenas viviendo en América (76.5 millones en Sudamérica; 13.5 en América Central y 10 millones en Norteamérica). Cien años más tarde el equilibrio demográfico se había roto de tal manera, a causa de las guerras, las enfermedades y las matanzas, que los habitantes indígenas de Suramérica se redujeron a 40 millones de personas. El Congreso de EEUU ha pedido perdón, en nombre del Gobierno federal de EEUU, por el genocidio cometido en contra de los nativos indígenas del continente norteamericano. ¿Cuándo el Parlamento español pedirá perdón a los indígenas del centro y sur de América por el genocidio realizado contra nuestros pueblos?

Nos colocamos al lado de la postura emitida por nuestra Cancillería, ETA es un problema interno del gobierno imperial español que no debe atribuírselo ni al pueblo, ni al Gobierno Revolucionario de Venezuela. Más aún, siendo consecuentes con nuestra Constitución Bolivariana, ningún conciudadano/conciudadana puede ser objeto de extradición, si tienen pruebas contra el compatriota Antonio Cubillas que la presenten en los Tribunales de la República que allí se juzgaran su certeza y veracidad, bajo las Leyes de una República Soberana e Independiente, liberada por el Padre Libertador Simón Bolívar, del imperio español. Quien en su Carta de Jamaica le advertía a la Europa toda: “Europa haría un bien a España en disuadirla de su obstinada temeridad, porque a lo menos le ahorrará los gastos que expende, y la sangre que derrama; a fin de que fijando su atención en sus propios recintos, fundase su prosperidad y poder sobre bases más sólidas que las de inciertas conquistas, un comercio precario y exacciones violentas en pueblos remotos, enemigos y poderosos…”


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