En una época hubo en Venezuela un narrador de boxeo muy apasionado cuando veía subir al cuadrilátero a un boxeador venezolano, una vez uno de ellos se enfrenta a un extranjero y el locutor, de nombre Miguel Todeé, comienza a narrar la pelea: Betulio pega un izquierdazo en la cara, pega un derechazo en el estómago, remata con un golpe en el pecho que lo hace trastabillar, el boxeador contrario no tiene como hacer para evitar los golpes de Betulio, el criollo le está dando soberana paliza, dice Todee, creo le falte unos segundos para noquearle. Pero de repente se calla un momento el locutor y sorpresivamente dice Todee, se cayó Betulio, le cuentan 10, pierde por noqueado; se cayó Betulio. El símil es que en el hipotético evento el Betulio pareciera ser los gobernantes y gobiernos de los Estados Unidos y el contrario o contrincante una persona humilde pero con las fibras venezolanas, acompañado resueltamente por su pueblo; que en este caso contrincante se llama Nicolás Maduro.
Un año más tarde, del TLCAM, la Organización Mundial del Comercio, OMC, entra en funciones el 1 de enero de 1995 y sustituye al Acuerdo de Tarifas y Aranceles, GATT, por sus siglas en inglés, emitido en el marco de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En la OMC se decide si los bienes y servicios son analizados en la política económica como mercancías liberalizadas o como parte de la esfera del sector público, lo que se traduce en la posibilidad tácita de privatizar los servicios fundamentales de educación, salud y otros servicios sociales. Tanto la Unión Europea, UE, como Estados Unidos dominan en buena medida la OMC, mientras que los Estados contrayentes pierden la posibilidad de poner condiciones relativas al comercio internacional, dándole preeminencia a las corporaciones transnacionales; pues las resoluciones de las rondas de negociación son obligatoria, la OMC va mucho más allá de la regulación del comercio transfronterizo y constituye un mecanismo institucional de imposición planetaria del modelo desregulador neoliberal, erosionando seriamente las funciones de los poderes públicos en el interior de cada Estado, su capacidad de negociación externa y el derecho de autodeterminación de los pueblos y de los Estados.
La OMC colabora de cerca con el FMI y el BM en la elaboración de las políticas económicas a escala global y sirve de base para los TLC’s multilaterales en materia de comercio e inversiones extranjeras directas. Los Estados que no acatan los acuerdos de la OMC, el FMI y el BM, así como los presupuestos de los TLC pueden ser demandados en tribunales privados internacionales como el Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones, CIADI, un ente supranacional mundial cuya característica es ser sus derechos superiores a los de los Estados. El CIADI forma parte del BM y su Presidente es a la vez del BM, lo cual implica que la política de préstamos y ayudas financieras del FMI y del BM sirve como medida de coerción para aceptar las resoluciones del CIADI, en especial para aquellos países poco industrializados o "en desarrollo", y con los Estados que posean alguna deuda externa de cierta proporción. Con este tipo de derecho corporativo global, las transnacionales se vuelven superiores a los Estados pues renuncian a la soberanía de los tribunales nacionales. El CIADI no es un órgano independiente debido a la arbitrariedad con la que ha resuelto en diversos casos alrededor del mundo. Según el acuerdo o carta de Teitelbaum, las razones de dicha arbitrariedad son fundamentalmente dos: La primera, es que en casi todas las operaciones de inversión privada extranjera interviene de una manera u otra el Banco Mundial, por vía de asesoramiento, financiación, etc. La segunda es que el grueso del capital de que dispone el Banco Mundial para sus operaciones, 4.000.000 millones a 5.000.000 millones de dólares, es decir, el 80% de los fondos que ha manejado desde su fundación ha sido aportado por inversores privados y sólo 100.000 millones, es decir el 20%, por los Estados; los países. De esta forma, los Estados receptores de las corporaciones transnacionales que ya aceptaron la arquitectura jurídica del nuevo orden económico neoliberal, se encuentran subordinadas y los gobiernos no hacen más que callarse aunque no lo quieran; o simplemente confabulan bajo la intermediación de los capitales de las empresas nacionales dispuestas a corporativizarse y transnacionalizarse.
