Se lee -también hoy- en El Universal de Venezuela, al diputado Guaidó solicitar al gobierno alemán sanciones contra Venezuela. Poco parece importarle a Guaidó que el pueblo venezolano, a consecuencia de las sanciones solicitadas por él y sus aliados a potencias extranjeras, atraviese condiciones de vida complejas y difíciles, las cuales sirvan precisamente de pretexto para esgrimir en el exterior la existencia de una supuesta "crisis humanitaria" que sirva de excusa a planes de invasión armada, solicitados también en reiteradas oportunidades por Guaidó.
Y, me pregunto yo, ¿acaso esta actitud del diputado Guaidó, no tiene consecuencias sobre su pretensión misma de fungir como presidente interino? Puede alguien reclamar ser el funcionario de la más alta investidura nacional y solicitar que agredan tan vilmente a los nacionales del país, de manera que éstos no puedan o vean limitada su capacidad para adquirir incluso medicinas y alimentos. Me parece increíble que luego de presenciar en reiteradas ocasiones las convocatorias del diputado Guaidó a la invasión, al boicot y la violencia -ejercida en todas las formas posibles-contra los venezolanos, pueda reclamar siquiera ante este pueblo -con un resto mínimo de legitimidad- ser presidente, sin recurrir a una vía distinta al golpe de facto y sin el apoyo, significativamente, de la agresión extranjera para lograr imponerse.
La pretensión de Guaidó de erigirse presidente no sólo es inconstitucional e ilegal, es manifiestamente antidemocrática y antinacional. Desde el mismo 23 de enero, luego de ser impulsado por el gobierno antidemocrático e impopular de Donald Trump (para completar su descrédito), cuando se autoproclamó presidente desde una plaza en una zona de clase media de la ciudad, esgrimiendo un artículo constitucional que mal podría ser esgrimido por la persona que dice ser su principal beneficiario y que además le obligaba a convocar a elecciones dentro de los treinta días siguientes, plazo que vio agotarse sin amagar siquiera hacerlo. Durante todo este lapso, Guaidó y sus aliados han pretendido adoptar decisiones que favorezcan sólo intereses de corporaciones y agentes en gobiernos extranjeros. Desde entonces, Guaidó ha intentado en reiteradas ocasiones un asalto violento al poder del Estado, en contra de las instituciones democráticas. La convocatoria a la intervención extranjera y a la insubordinación e insurrección militar ya no veladamente, sino de manera pública y descarada, ha acompañado todas sus presentaciones públicas, siendo aupado abiertamente incluso por sus aliados extranjeros.
La intención de Guaidó no constituye otra cosa que una agresión vil en contra de la Constitución y las instituciones democráticas venezolanas. Guaidó es utilizado para ejercer directa e indirectamente violencia contra los venezolanos. Guaidó representa además la peor de las formas de violencia de la que puede hacerse uso contra los pueblos; Guaidó sirve para ejercer violencia a través del cerco o asedio contra el pueblo venezolano, por medio de la contribución de fuerzas extranjeras, para impedir que los venezolanos accedan a insumos y bienes esenciales que les permitan cubrir sus necesidades básicas. Guaidó sirve de pretexto a fuerzas externas para anular la democracia y la soberanía de los venezolanos. El plan personalizado por Guaidó es de una crueldad y cobardía inmensas, excepcionalmente igualadas en la historia de los seres humanos.
Todo esto hace lucir a la pretensión de Guaidó como una monstruosidad, una aberración no sólo antijurídica y anticonstitucional, sino profundamente inhumana.
Únicamente los venezolanos deben decidir quiénes les gobiernan. La fuente de legitimidad de los gobiernos en las democracias es el pueblo. Y quienes están visiblemente detrás de Guaidó no representan los intereses del pueblo ni de los venezolanos.
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