El día 27 de julio fuimos sorprendidos con la noticia del robo de artefactos eléctricos, hechos de vandalismo, destrucción de muebles, enseres, ventanas, archivos y documentos en el consulado de Venezuela en Bogotá; ubicada en un sitio visible y transitado; que cualquiera pudo haberse percatado de un hecho irregular y haberlo denunciado. La sede había sido desocupada el día 23/02/2019 a raíz del rompimiento de relaciones diplomáticas con el gobierno del subpresidente Duque.
Todo apunta que en este acto despreciable está metido hasta la coronilla el gobierno de Iván Duque; quien no tuvo el rubor de decir que estos actos habían sido realizados por los "propios funcionarios, que además se habían llevado equipos y bienes por falta de pago de sus salarios". Este señalamiento no cabe sino en la mente de un degenerado mental; acusar a un connacional de esto a sabiendas de que si lo agarran lo van a descuartizar como es su modus operandi; en ciudades como en Bogotá, donde el paramilitarismo ejercen funciones de vigilancia, que solo son de competencia de la policía o el ejercito; además agrego, otra infamia más, que el consulado de Colombia en Puerto Ordaz había sido vandalizado, cuando todo el mundo sabe que está ubicado en su lugar visible y estratégico frente al hospital Uyapar. Ya existe por ahí un video de las condiciones de operatividad que se encuentra el consulado, que pone a rodar por tierra tamaña desfachatez
Otro que salió a embardunarse o a embarrarse en el asunto es el borracho Tomas Guanipa, que no aguanta dos pedidas para echarse los palos y funge como "embajador" en Colombia del virtual "presidente" Juan Guaido. Tuvo el empacho en decir "Que esa acción violenta pudiera ser parte del comportamiento demencial del reeegiiimen y sus socios". Por otro lado Guaido con su caradurismo acusó a "seguidores de Maduro ser los saqueadores de la sede diplomática".
Esta agresión a la sede diplomática, es una declaración de guerra, ese es territorio venezolano que debe ser respetado; aun si exista entre los dos países una confrontación de guerra. Este ataque no es un hecho aislado, está enmarcado dentro de una cadena sistemática de arremetidas del gobierno colombiano en franca sumisión con las pautas que le dicta Trump y sus payasos desde la Casa Blanca. Entre ellas el intento de magnicidio del 4 de agosto de 2018 en la avenida Los Próceres en Caracas. La guerra de los puentes, esa intentona invasora protagonizada con el sí o sí de Juan Guaido en la frontera de Cúcuta con San Antonio.- La operación Gedeón que fue planificada en Colombia y financiada por el gobierno de Iván Duque y Trump y posterior arribo de mercenarios a las playas de Macuto en el estado la Guaira y Chuao del estado Aragua. Las tres lanchas pertenecientes al gobierno colombiano pertrechadas de armas que fueron localizadas en un recodo del rio Orinoco. Para nadie es un secreto que el gobierno colombiano ha permitido que en su territorio se alisten y se formen tropas de paramilitares y mercenarios para llevar a cabo acciones bélicas contra nuestro país. El robo a la empresa Monómeros, que es del Estado venezolano y el gobierno colombiano no tuvo ningún reparo en apropiársela. Esta es una empresa ubicada en Barranquilla, cuyo objeto es la fabrica fertilizantes con una nómina de 1300 trabajadores.
Tanto para el gobierno colombiano, como para el norteamericano el derecho es letra muerta; para ellos no existe Convención de Viena, ni ONU que valga. Aquí lo que impera es la Ley del más fuerte. Que se puede esperar de un país gobernado por gánsteres, por un subpresidente que no da un paso, sino consulta con el narcotraficante más grande del país. No cabe la menor duda que el gobierno de Colombia, se ha convertido en una práctica, primero recurrir a una acción y luego desmentirla como una política de Estado. Como escribía un tuitero , el caso de Colombia raya en lo obsceno y lo peor es que todas estas provocaciones buscan una respuesta fuerte del gobierno venezolano para dar una excusa al gobierno gringo de atacarnos. Ellos sin el apoyo gringo jamás se atreverían a tanto.