Una nota de la agencia francesa AFP, publicada sin mucho despliegue da cuenta de lo siguiente:
“El Gobierno colombiano aseguró hoy que dos militares infiltrados en la guerrilla de las FARC murieron en territorio venezolano aunque dijo desconocer los detalles de este hecho, según el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos … Tenemos información según la cual un oficial y un suboficial que hacían labores de infiltración en las FARC aparecieron muertos en Venezuela, fueron torturados y asesinados. Pero no sabemos por qué viajaron a Venezuela”
Este detalle trae a la luz pública, una vez más, la grosera política de ingerencia en los asuntos internos de nuestro país por parte del gobierno colombiano, episodio que resultó evidente con el secuestro de Rodrigo Granda en Caracas, hecho ocurrido el 13-12-04, que permitió destapar la gigantesca red de espías colombianos dentro de nuestro territorio. Por otra parte quizá sean centenares los paramilitares que aun se encuentran en Venezuela, listos para intervenir en cualquier momento. La pregunta que surge es muy sencilla: ¿Cuánto cuesta mantener esta red de espionaje y los centenares de paramilitares que se encuentran en Venezuela? La otra pregunta es: ¿De dónde sale el dinero para financiar estas operaciones?
La obsesión de Uribe por mantener su política de ingerencia en Venezuela obedece a las directrices trazadas por el Plan Colombia, cuya fachada es la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla colombiana, pero que cada vez más amplía la cobertura extendiendo sus tentáculos hasta Ecuador y Venezuela.
Pero, aparte de estas consideraciones está el otro problema que enfrenta Uribe como consecuencia de los problemas que confronta en su política interna, derivadas de las denuncias formuladas por el senador Gustavo Petro, que involucran a amplios sectores de su gobierno con los crímenes de los paramilitares en Colombia. Tan grave es este asunto que estas denuncias han motivado los traspiés de Uribe en el Congreso de los Estados Unidos y han hecho peligrar el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con ese país, lo que ha permitido al vicepresidente de Colombia salirse del carril uribista y asumir cierta independencia de opinión ante estos temas. Por ejemplo, dijo que la no aprobación del TLC por parte del Congreso de los Estados Unidos era un mensaje del gobierno norteamericano que “cerraba puertas” y llevarían a replantear las relaciones con Estados Unidos. Cuando se le preguntó al Vicepresidente sobre las denuncias de Gustavo Petro sobre las relaciones entre el Gobierno y los paramilitares, dijo que "entre 30 y 40 congresistas, de pronto más, irán a la cárcel".
Aparentemente Uribe tiene controlada la crisis, pero no son descartables las repercusiones que pueda tener en la política interna y exterior, y no es de extrañar tampoco que para ocultar los problemas que enfrenta, invente una crisis con Venezuela para minimizar los efectos demoledores que las denuncias de Gustavo Petro han tenido en Colombia y cuyos resultados a corto plazo no son posibles de valorar ahora.
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