La abrupta, mas no sorprendente, decisión del presidente colombiano Alvaro Uribe Velez, de dar por terminada la facilitación de la senadora de ese país, Piedad Córdova y la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez Frías, con vistas a negociar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, un Acuerdo Humanitario dirigido a la puesta en libertad de los colombianos y norteamericanos en poder de esa organización político militar y la liberación de los guerrilleros y militantes políticos revolucionarios prisioneros del Estado Colombiano, cierra un capítulo difícil pero aleccionador del panorama político colombiano y debe abrir nuevos procesos de diálogo político nacional e internacional, dirigidos a una solución pacífica y negociada del conflicto armado interno en el vecino país que permita la libertad de todos los prisioneros y cautivos en poder de las partes beligerantes y la generación de un escenario democrático en el cual todas los sectores sociales y políticos neogranadinos puedan realizar su contribución a la construcción de una Colombia con la mayor suma de seguridad, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social para todos los colombianos.
Aunque en el anuncio del palacio de Nariño, sede del gobierno colombiano, se dio como causa principal de la decisión del presidente Uribe Velez una comunicación telefónica sostenida por la senadora Córdova y el presidente Chávez con el comandante general del Ejército, general Mario Montoya,, es evidente que este hecho solo puede ser valorado objetivamente como simple pretexto para tomar una decisión que ya estaba pre-anunciada con el comunicado del día Martes pasado del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, informando de la decisión del presidente Uribe de establecer como límite del proceso de negociación el 31 de Diciembre, sin considerar los importantes avances que las iniciativas de Piedad Córdova y el presidente venezolano habían tenido en el proceso negociador, expresados en la visita de trabajo a Caracas del miembro del Secretariado de las FARC-EP, Iván Márquez, el apoyo expresado por el comandante general de las FARC-EP, comandante Manuel Marulanda, el beneplácito de los presidentes del MERCOSUR, el acompañamiento del presidente francés Sarkosy, los pronunciamientos solidarios del Movimiento de Países No Alineados y de de la Unión Europea y, especialmente, del más amplio apoyo de los mas diversos sectores sociales y políticos colombianos y de los familiares de los prisioneros, que veían, en esta intervención binacional, la única posibilidad que se pudiera realizar un Acuerdo de los cautivos de ambas partes y la creación de condiciones favorables a un proceso de negociación de paz definitiva para Colombia y los colombianos.
Mas allá de los pretextos esgrimidos y las insinuaciones de culpabilidad sobre la senadora Córdova y el presidente Chávez, los hechos evidencian que la decisión del gobierno neogranadino es el resultado directo de la pérdida de conducción política de Uribe Velez de la dinámica de negociación, la cual se desarrollaban bajo la iniciativa política directa del mandatario venezolano y la parlamentaria liberal colombiana y, que todo parecía indicar que el Acuerdo Humanitario venía constituyéndose en la plataforma de un proceso más profundo y trascendente que conduciría a la creación de un escenario plural, en donde todos los actores y factores de la vida colombiana convergerían en la voluntad de imponer la Paz Justa, Efectiva y Duradera que llevaría a crear las bases de un nuevo PROYECTO COLOMBIA de soberanía, democracia, Justicia, Bienestar, Solidaridad, Tolerancia e Integración Plena del Estado y el Pueblo Colombiano en América Latina y el Caribe.
No es necesario hacer muchos esfuerzos en el análisis para descubrir que detrás de esta peligrosa decisión de presidente Uribe Velez están las manos de los Halcones del Pentágono y del Departamento de Estado de los Estados Unidos y sus planes de guerrra denominados “Colombia” y “Patriota”, combinados con sus aliados de la oligarquía colombiana y la cúpula de las Fuerzas Militares, los cuales veían con mucha preocupación los progresos de la intervención mediadora del presidente Chávez y su impacto en la situación política interna colombiana, los efectos positivos en el escenario electoral del referéndum por la Reforma de la Constitución Venezolana y, la solidaridad generada entre los intelectuales, académicos y grupos políticos y sociales que trabajan por la Paz en el planeta, que ha convertido al presidente Hugo Chávez Frías en el más importante líder mundial de los países del Sur.
Pero si esta decisión del uribismo tiene un efecto directo e inmediato sobre las negociaciones para el Acuerdo Humanitario, también tiene una derivación expansiva, con consecuencia todavía no mensurables, sobre el traslado del proceso negociación de Paz que adelanta el gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, cuya ronda de conversaciones desarrollada en Cuba, no había tenido resultados importantes, acordándose transferir a Caracas ese proceso y designándose al presidente Chávez como facilitador de esas conversaciones. Aunque el ELN y las FARC-EP tienen visiones distintas sobre el proceso de paz colombiano e incluso, han mantenido enfrentamientos militares por el control de zonas del sur y este de ese país, es inevitable pensar que la revocación del mandato del presidente Chávez como medidador del Acuerdo Humanitario, tenga como consecuencia la revisión de la solicitud de propiciar el reinicio de las negociaciones con el ELN en territorio venezolano, lo cual podría generar un distanciamiento de esta organización guerrillera y el gobierno colombiano sobre los puntos explorados en las conversaciones de la Habana, y posiblemente, dado el clima de sospecha sobre movimientos políticos y militares en el terreno, un escalonamiento de los enfrentamientos armados, así como un acuerdo táctico ELN-FARC-EP en sus zonas de convergencia, para enfrentar la previsible ofensiva militar del gobierno neogranadino y las fuerzas de instructores y de “contratistas”(mercenarios) al servicio del Pentágono norteamericano.
En este escenario, reitero el criterio de que el conflicto armado colombiano ya no es un asunto exclusivamente interno y ha pasado a ser un tema relevante de la agenda de los países de América Latina y el Caribe por sus efectos nocivos para la Paz, el Desarrollo e Integración de Nuestra América, por lo que la diplomacia latinoamericana y caribeña debería explorar todos los escenarios posibles que permiten imponerle a las parte un proceso serio y comprometido de negociaciones que concluyan en la terminación de una guerra que solo ha traído muerte, pobreza, emigración y desolación al pueblo colombiano y efectos perturbadores de la seguridad y la armonía en los países limítrofes y otras regiones del planeta. Entre esas iniciativas posibles debe considerarse la creación de un Grupo de Contacto, Facilitación y Mediación, integrado por países del entorno inmediato de Colombia, como Brasil, Peru, Ecuador, Panama, Venezuela, además de Cuba, con apoyo del Secretario General de las Naciones Unidas y del Grupo de Países Amigos de Colombia, integrado por España, Suiza y Francia, quienes podrían construir una agenda amplia que vaya desde el Acuerdo Humanitario, hasta un Consenso Político que incorpore los cambios estructurales necesarios para democratizar el Estado y la sociedad colombiana y la proscripción de los elementos externos e internos que, históricamente, han conspirado para mantener a esa hermosa tierra en medio de un fraticida conflicto bélico que hoy resulta inaceptable para el pueblo colombiano y los hermanos pueblos de Nuestra América.
“Tratándose de la Paz, la perseverancia es un deber ético.”
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