El gobierno colombiano anuncia la muerte del jefe de las FARC, Marulanda, y lo hace en medio de una campaña mediática en la que el mensaje recurrente es que se está ganando el conflicto contra los insurgentes. Aunque la realidad parece más una victoria del narcotráfico contra el Estado Colombiano en la que la guerrilla no puede combatir al paramilitarismo sin rematar al mismo Estado. No es casual que en Estados Unidos el Estado haya sido desmembrado por una elite terrorista que ejecuta invasiones en todo el mundo para obtener recursos energéticos. De manera que el gobierno colombiano necesita exportar su conflicto y su crisis institucional. Y lo está logrando asumiendo el costo de vidas humanas, vidas de colombianos, ecuatorianos, mexicanos y venezolanos.
El peligro del Estado colombiano en este momento, es que su andamiaje jurídico usa fórmulas que abren espacios al ajusticiamiento y la impunidad. Ejemplo de ello son las extradiciones de paramilitares y las investigaciones a las supuestas computadoras de Raúl Reyes, las cuales fueron descaradamente obtenidas en un proceso ilegal, además de ser manipuladas por una parte parcializada que cometió un delito en territorio extranjero. Es completamente nula la credibilidad o validez jurídica de dichas pruebas, es decir, las instituciones colombianas que ejercen la justicia le dan una bofetada a la ley y reinterpretan su normativa judicial de manera tan absurda como lo hizo Estados Unidos al argumentar su derecho a invadir y destruir países. Ese plan invasor de Colombia va dirigido al juzgamiento del Presidente Chávez, con la aprobación reiterada de sectores frustrados de la oposición. Lo ideal para el actual gobierno colombiano es institucionalizar el narcotráfico en Venezuela y coordinar un disparate jurídico para atacar a las FARC legal y militarmente, además de hacerse de la vista gorda del paramilitarismo y el golpismo de Pedro Carmona Estanga, por ejemplo, y por supuesto suscribirse a las políticas económicas norteamericanas que implican bajar los precios del crudo aumentando la producción, con jugosos descuentos para el mercado de Estados Unidos. Sacrificando la inversión social en misiones como Barrio Adentro que supuestamente no serán nunca tan eficientes como el sistema de salud privado de USA y que de todos modos significa un deterioro económico, por cuanto la inversión en los pobres es dinero perdido, paternalismo, populismo. En pocas palabras, que se jodan.
Como jodieron a miles de colombianos campesinos, obligados a entregar sus tierras a narcotraficantes para vivir de la limosna en las ciudades cosmopolita, mientras los medios de comunicación les mentían maquillando una realidad democrática de oportunidades que las FARC intentaban destruir con su sed de sangre y destrucción.
Pero el Estado colombiano no tiene la disposición ni la posibilidad de integrar a la sociedad “democrática” los miles de Marulanda que quedan en la selva, o en los barrios, o en los sindicatos, en los partidos de oposición, en la lucha gremial de maestros, jubilados, trabajadores de empresas públicas privatizadas. No hay respuesta para ellos, salvo que se sientan orgullosos por el nuevo disco de Shakira o el romántico concierto de Juanes. Hace meses advertí que las noticias más importantes para Venezuela vendrían de Colombia. Hoy no es descabellado pensar que la lucha contra el capitalismo basado en el narcotráfico la darán los colombianos. Lucha en la que muchos de ellos dieron su vida. Pero esa parte de Colombia sigue viva y no se atreve actuar para no ser juzgado y asesinado como terrorista en una contienda desigual. Sin embargo, cuando ataque el pueblo, o esa masa de personas excluidas y mamadas del abuso del Estado, el ataque será más sangriento y violento. Uribe subestima fenómenos como el Bogotazo y el Caracazo. Los cuales serán inevitables si se insiste en ponerle trabas a la paz colombiana y la revolución pacífica venezolana.
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