El parlamento de la Unión Europea sancionó el 18 de Junio, la "Directiva de Retorno de Inmigrante Ilegal" donde se establece el procedimiento para la expulsión de la inmigración indocumentada, entrando en vigencia el 2010 y a partir de esa fecha, los indocumentados, que sean detectados, tendrán derecho a abandonar "de forma voluntaria" el estado miembro en el que se encuentren, disponiendo entre 7 y 30 días. Vencido este tiempo serán retenidos y enviados a los internados especializados durante un periodo que puede llegar hasta los 18 meses.
Con este infame decreto, la Comunidad Europea, pretende limpiar su territorio ante un manipulado discurso, donde han logrado construir una relación causal entre inmigrantes e inseguridad, criminalizando a miles de personas que emigran en búsqueda de un futuro mejor. Por lo tanto con la entrada en vigencia, quieren lograr deshacerse de 8 millones de hombres y mujeres identificados como innecesarios, que habitan hoy ese espacio. En una perversa, racista y discriminatoria aplicación profiláctica de Darwinismo Social. Ante tal aberración se han levantado las voces de rechazo internacional, que va desde jefes de estado y gobierno, hasta organizaciones sociales.
Por su parte el Presidente Hugo Chávez, calificó la ley como violatoria de los Derechos Humanos e instó públicamente a los gobiernos amigos de Europa a vetar lo que él llamó "la directiva del bochorno"; El Presidente electo de Paraguay Fernando Lugo, manifestó que su país se unirá al frente Latinoamericano propuesto por el Presidente Rafael Correa para avanzar en la condena de esta ley; el Presidente de Uruguay Tabaré Vázquez, expresó su preocupación por la ley y reclamó "seriedad respeto y tolerancia" en el tratamiento de las políticas migratoria; el Presidente de Bolivia Evo Morales cuestionó la directiva y le recordó a todos los países que conforman la unión europea que cuando existieron guerras y hambrunas en el continente europeo, sus pobladores huyeron a América y fueron recibidos con los brazos abiertos.
Al rechazo de la xenofóbica ley, se sumaron las voces de los gobiernos de Brasil, Honduras, Guatemala, Colombia, Chile, Argentina, y Perú entre otros. La Asamblea Nacional de Venezuela junto a los Parlamentos Latinoamericano y Andino, deben aprobar sendos acuerdos donde se establezca enviar a los países de la Comunidad Europea, nuestra más "enérgica protesta", ante la infamia de este decreto de retorno que implica un agravio para todos los latinoamericanos y que sólo puede entenderse como una medida racista que vulnera el derecho humanitario internacional e ignora una gran cantidad de convenios y tratados suscritos en materia de derechos humanos entre los países de América Latina y los países europeos.
Es importante acotar que los inmigrantes latinoamericanos que van a Europa en su mayoría, reciben un tratamiento prejuicioso destinados a trabajos de tercera, y muchas veces son víctimas de la explotación; Por ello hay que recordarles a los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, que ellos en la época de la conquista lejos de colaborar con el progreso, desarrollo y avance de la América meridional, vinieron a someter en un gran genocidio a nuestros pobladores para luego adueñarse de nuestros territorios, sus minas, hidrocarburos y explotación agrícola de nuestras tierras.
La repulsa a la inicua medida, debe llamar a la reflexión a la Europa para que entiendan que las relaciones internacionales entre los países amigos, debe estar basada en el respeto, la cooperación fraterna, la complementariedad y el apego supremo a los derechos humanos.
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