La confluencia de la campaña presidencial en Estados Unidos y de la crisis financiera presenta una de esas ocasiones en que los sistemas políticos y económicos revelan escuetamente su naturaleza.

La pasión por la campaña puede no ser compartida de manera universal, pero casi todo el mundo puede sentir ansiedad ante la extinción del derecho de redimir hipotecas en millones de viviendas, o temer por sus trabajos, los riesgos que corren sus ahorros, o el cuidado de la salud.

Las propuestas iniciales de George W.

Bush para manejarse con la crisis apestaban tanto a totalitarismo que fueron rápidamente modificadas. Bajo la intensa presión de los cabilderos, esas propuestas fueron reformuladas como "una clara victoria para las instituciones más importantes en el sistema... un modo de descargar bienes sin tener que fracasar o cerrar". De esa manera fue descrito por James G. Rickards el paquete de rescate federal del fondo de inversiones Long Term Capital Management en 1998. La idea era hacernos recordar que estamos pisando un territorio familiar.

Los orígenes inmediatos de la crisis actual reposan en el colapso de la "burbuja" de la vivienda supervisada por el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan.

Esa burbuja sostuvo a la afligida economía durante los años de Bush por medio de un gasto del consumidor basado en deudas y préstamos del extranjero.

Pero las raíces son más profundas. En parte radican en el triunfo de la liberalización de los mercados de toda tutela gubernamental en los últimos 30 años. Estos pasos incrementaron de manera previsible la frecuencia de malas inversiones, que ahora amenazan con producir la peor crisis desde la Gran Depresión. También de manera predecible, los sectores que cosecharon enormes ganancias con la liberalización están pidiendo ahora masivas intervenciones estatales para rescatar las instituciones financieras que se han derrumbado.

Este tipo de intervencionismo es una pauta regular del capitalismo de Estado, aunque la escala de hoy en día es inusual. Un estudio de los economistas Winfried Ruigrok y Rob van Tulder efectuado hace 15 años determinó que al menos 20 empresas en la lista Fortune 100 no habrían sobrevivido de no haber sido rescatadas por sus gobiernos respectivos. También, señalaron Ruigrok y Van Tulder, muchas empresa del resto lograron ganancias sustanciales al demandar que los gobiernos "socializaran sus pérdidas", como en el actual rescate financiado por los contribuyentes.

Este tipo de intervenciones del Gobierno "ha sido la regla en vez de la excepción durante los dos siglos pasados", concluyen los economistas.

En una sociedad con funcionamiento democrático, una campaña política incluiría este tipo fundamental de temas. También se propondrían los medios por los cuales los habitantes del país que sufren las consecuencias puedan tomar un control efectivo.

El mercado financiero "ofrece poca atención al riesgo" y es "sistemáticamente ineficaz", señalaron los economistas John Eatwell y Lance Taylor hace una década.

Eatwell y Taylor advirtieron sobre los peligros extremos de la liberalización financiera. También reseñaron los costos sustanciales en los que ya se había incurrido y propusieron soluciones, que han sido ignoradas. Un factor es el fracaso en calcular los costos de quienes no participan en las transacciones. Ignorar el riesgo sistemático conduce a más tomas de riesgos de las que tendrían lugar en una economía eficaz.

La tarea de las instituciones financieras es tomar riesgos, y si son bien administradas, asegurar que las pérdidas potenciales sean cubiertas por ellas mismas. El énfasis está en el "por ellas mismas".

La liberalización financiera tiene efectos mucho más allá de la economía. Pues es un arma poderosa contra la democracia. Un movimiento libre del capital crea lo que algunos han denominado un "Parlamento virtual" de inversionistas y prestamistas, que supervisan muy de cerca los programas del Gobierno y "votan" contra ellos si son considerados irracionales: en beneficio del pueblo, no para favorecer el poder privado concentrado. Los inversionistas y los prestamistas pueden "votar" por medio de la fuga de capitales, de los ataques a las divisas y de otros recursos ofrecidos por la liberalización financiera. Esa es una de las razones por las cuales el sistema Bretton Woods establecido por Estados Unidos y Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial instituyó control de capitales y divisas reguladas.

La Gran Depresión y la guerra despertaron poderosas corrientes democráticas radicales, abarcando desde la resistencia antifascista hasta la organización de la clase trabajadora. Estas presiones hicieron necesario crear políticas socialdemócratas. El sistema Bretton Woods fue diseñado en parte para crear un espacio destinado a la acción gubernamental en respuesta a la voluntad pública. Es decir, para ofrecer alguna medida de democracia.

John Maynard Keynes, el negociador británico, consideró que el logro más importante de Bretton Woods fue establecer el derecho del Gobierno para restringir el movimiento de capital. En dramático contraste, en la fase neoliberal después del colapso del sistema Bretton Woods en la década del setenta, el Tesoro de Estados Unidos considera ahora la movilidad libre del capital un "derecho fundamental", a diferencia de los supuestos "derechos" tales como los garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos: salud, educación, empleo decente, seguridad y otros que las administraciones de Ronald Reagan y Bush han considerado "cartas a Santa Claus" o "absurdos" y simples "mitos".

Con la radicalización del público en general durante la Gran Depresión y la guerra antifascista, se hicieron campañas vigorosas contra la riqueza que se hallaba en manos privadas. Por lo tanto, en el sistema Bretton Woods, "los límites sobre la movilidad de capital (...) fueron una fuente de aislamiento de las presiones del mercado".

El corolario obvio es que tras el desmantelamiento del sistema, luego de la guerra, la democracia ha sido restringida. Por lo tanto, ha sido necesario controlar y marginalizar al público. Esos procesos son muy evidentes en sociedades manejadas como si se tratase de empresas. Es el caso de Estados Unidos. Una demostración es el manejo de las extravagancias electorales por parte de la industria de las relaciones públicas.

"La política es la sombra que los grandes negocios arrojan a la sociedad", concluyó John Dewey, el principal filósofo social del siglo XX en América. Y así continuará siendo, mientras el poder resida en "el control privado de la banca, la tierra, la industria, reforzada por el mando de la prensa, los agentes de la prensa y otros medios de publicidad y propaganda".

Estados Unidos tiene efectivamente un sistema unipartidista. Se trata del partido de los negocios, que cuenta con dos facciones, los republicanos y los demócratas. Hay diferencias entre ellos. En su estudio Une qual Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age, Larry M. Bartels muestra que durante las pasadas seis décadas "los ingresos reales de las familias de la clase media han crecido el doble bajo los demócratas que bajo los republicanos". Por otra parte, "los ingresos reales de las familias trabajadoras pobres han crecido seis veces más durante los demócratas que bajo los republicanos".

Las diferencias también pueden ser detectadas en las elecciones actuales. Los votantes deben considerarlas, pero sin tener ilusiones sobre los partidos políticos. También deben tomar en cuenta que durante siglos, la legislación progresista y el bienestar social han sido ganados por medio de luchas populares, no por regalos desde arriba.

Estas luchas siguen un ciclo de éxitos y retrocesos. Ellas deben ser proseguidas cada día, no solamente una vez cada cuatro años.

El objetivo es crear una sociedad democrática que ofrezca respuestas genuinas, desde la urna electoral hasta el lugar de trabajo.