El Departamento de Estado norteamericano, la CIA y los servicios de inteligencia españoles, el antiguo CESID, sabían que el sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría, jesuita, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y cinco de su colegas iban a ser asesinados por un escuadrón de la muerte del ejército salvadoreño.

Lo confirmó en su edición dominical el diario español El Mundo citando una serie de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, “desclasificados recientemente” que serán entregados a la justicoa española.

La revelación refuerza aún más las informaciones que indican como el agente CIA radicado en Madrid Carlos Alberto Montaner estaba enterado de la conspiración cuando amenazó directamente a Ellacuría unos días antes del horroroso crimen.

También toma todo su sentido la teoría según la cual el terrorista internacional Luis Posada Carriles, agente de la CIA entonces alto oficial del aparato represivo salvadoreño y hoy refugiado en Estados Unidos con la complacencia de las autoridades, estuvo implicado en el complot.

El escuadrón de militares asesinos irrumpió en la UCA en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, y sorprendió a los seis jesuitas durmiendo. Se les ordenó levantarse para luego llevarlos al patio donde se les ejecutó boca abajo con proyectiles explosivos en la cabeza.

Los padres Ellacuría, Armando López, Juan Ramón Moreno, Ignacio Martín- Baró, Segundo Montes y Joaquín López, todos profesores de la institución y defensores de la Teología de la Liberación, estaban víctimas de ataques constantes de la extrema derecha fascista del partido ARENA cuyos representantes siguen hoy activos en el escenario político salvadoreño.

También fueron víctimas de la masacre Elba Julia Ramos, trabajadora de la residencia de los sacerdotes, y su hija Celina, de 15 años,

Este lunes 16 de noviembre se cumplen 20 años del asesinato mientras en el vecino Honduras, han agarrado el poder otros de ests mismos centroamericanos quienes dos décadas atrás seguían sembrado el terror, respaldados por la CIA y el Departamento de Estado.

Inculpados, unos autores materiales de la masacre fueron condenados en enero de 1992 a 30 años de cárcel par luego ser escandalosamente amnistiados apenas 14 meses después, en abril de 1993.

El diario español El Mundo señala como una serie de documentos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos han sido desclasificados y serán aportados ante la Audiencia Nacional, en Madrid, donde fue admitida una querella contra "los responsables de aquella matanza".

“Entre los papeles que serán aportados a la Audiencia Nacional hay información donde se documenta, de manera directa, que el jefe militar de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, el coronel Milton Menjívar, y una alto cargo del Departamento de Estado de EEUU sabían lo que estaba preparando el Estado Mayor salvadoreño contra el rector de la UCA”, informa El Mundo.

“Del estudio de esos documentos desclasificados se deduce, según los analistas consultados por este periódico, que el CESID también tenía conocimiento o barajaba la misma información que los norteamericanos”, precisa el diario..

CASUALIDAD: MONTANER ESTA EN HONDURAS CELEBRANDO EL GOLPE DE ESTADO

Casualmente, las revelaciones de El Mundo surgen cuando el seudointelectual

de origen cubano Carlos Alberto Montaner se encuentra en Tegucigalpa celebrando al régimen fascista del empresario Micheletti, acompañado por hijo del peruano Mario Vargas Llosa.

En una intervención furibunda ante una asamblea de negociantes golpistas, Montaner ha denunciado, con su habitual retorica derechista “el castro-chavismo” que, según el, “fracasó” en Honduras aunque pronto “intentará nuevamente desestabilizar el país”.

Hace falta recordar como, apenas una semana antes del asesinato de los seis jesuitas salvadoreños, el mismo Montaner amenazaba al rector Ellacuría al terminarse un programa “cara a cara” de la televisión española dirigido por la locutora falangista Mercedes Milá.

Años más tarde, el “escritor” madrileño prófugo de la justicia cubana por su actividad terrorista en la Habana en 1960, calificó de “laberinto de jesuitas y mariknolles despistados” la presencia en América Latina de religiosos partidarios de la teología de la Liberación.

La orden Mariknol de Estados Unidos ha sido también víctima de los escuadrones de la muerte, en 1980, el año del asesinato de Monseñor Romero, cuando cuatro monjas estadounidenses fueron violadas y asesinadas por efectivos de la Guardia Nacional en el curso de la Operación Centauro, manejada por agentes cubanoamericanos de la CIA y el embajador de Venezuela en El Salvador, Leopoldo Castillo.

El neofascista Leopoldo Castillo es hoy conductor de un programa en el canal venezolano de la derecha golpista Globovisión,

POSADA ESTABA ENCARGADO DE ANIHILAR A LA IZQUIERDA

En la época del crimen de los jesuitas, Luis Posada Carriles era el asesor personal en materia de represión del presidente José Napoleón Duarte quién gobernaba el país, bajo orientación del Departamento de Estados, desde 1984.

Después del final de la operación de trafico de armas contra droga que dirigió en Ilopango con el escándalo Iran’Contra, la CIA colocó a Posada entre los ex torturadores de la policía secreta de Venezuela que dirigían entonces la Policía Nacional (PN) salvadoreña, al lado de los esbirros Mauricio Sandoval y Víctor "Zacarias" Rivera.

Posada llegó a convertirse en consejero de Duarte que, dice, “lo llamaba a su propia casa” para resolver “casos particulares”. Se dedicó entonces a orientar a los escuadrones de la muerte que sembraban el terror en el país.

Después de abandonar El Salvador con el cambio de presidente, regresa unos años más tarde al lado de sus socios de ARENA y establece una base de operación por cuenta de la Fundación Nacional Cubano Americana, fachada anticubana de la inteligencia yanqui.

Vale la pena subrayar como la UCA y el Instituto de Derechos Humanos de El Salvador presentaron en noviembre de 2003 una solicitud de investigación contra el ex presidente de El Salvador Alfredo Cristiani (hoy partidario incondicional del régimen Micheletti) y militares salvadoreños ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una sucursal de la OEA, que todavía – seis años más tarde, no se ha pronunciado sobre su admisión.