"Una revolución
que no sabe defenderse
no es revolución"
(Bertolt Brecht)

Un Estado está obligado a defenderse. Un gobierno tiene la responsabilidad de hacer otro tanto. Cualquier Estado o gobierno en el mundo lo hacen. De lo contrario desaparecen.

En la teoría política -igual que en la praxis- no se concibe la indefensión de la autoridad. En Venezuela no debe extrañar que se invoque la necesidad de que Estado y gobierno se defiendan de aquellos que atentan contra la estabilidad institucional. Sin necesidad de remontarnos muy atrás, en la historia republicana del país hay numerosos ejemplos sobre el empleo o no por el Estado de derecho de sus atribuciones para preservar la paz de la nación.

De la administración de esos recursos establecidos en la Carta Magna y las consecuencias de no emplearlos en momentos de crisis. Ejemplo: el general Medina Angarita y su gobierno no supieron apelar a los mecanismos constitucionales y legales para hacer frente a la conspiración del partido Acción Democrática y los militares encabezados por Marcos Pérez Jiménez.

La consecuencia fue su derrocamiento. Un acontecimiento aciago que alteró la evolución pacífica y el proceso de cambio que venía funcionando y garantizaba a plenitud los derechos ciudadanos.

Durante los gobiernos de la Cuarta República la reacción defensiva frente a la subversión no se hizo esperar y tuvo carácter implacable. En esta columna no enjuiciaré lo sucedido en esa etapa, desde el ángulo de lo que se dilucidaba ideológicamente. Tan solo quiero recordar la manera como Betancourt y quienes lo sucedieron asumieron la tarea de defender la legitimidad que encarnaban, cuestionada por amplios sectores de la población y fuerzas político-partidistas importantes. Los intentos subversivos en los gobiernos del puntofijismo fueron aplastados sin contemplación, con el empleo de una represión brutal que violentó derechos fundamentales como la vida, torturas y desapariciones. Incluso el allanamiento de la inmunidad a numerosos parlamentarios con violación descarada de lo previsto en la Constitución del 63, al darle carácter especial al delito militar para sustraer la acción del gobierno del procedimiento pautado: la famosa doctrina Calvani.

Estado y gobierno tienen el derecho y el deber de defenderse -y desde luego un proceso revolucionario-. Se trata de un acto legítimo, asimilable al que asiste a una persona cuya vida está en grave e inminente peligro. El Estado venezolano actual y el gobierno de Chávez son objeto de una conspiración continuada y evidente. Por consiguiente, tienen la obligación de defender la Constitución y el funcionamiento institucional del país. Con un límite, claro está: no quebrantar la normativa constitucional ni la ley. Lo cual no ha ocurrido en 11 años de ejercicio.

Ese derecho no autoriza el exceso. Como lamentablemente ocurrió en tiempos de Betancourt y otros mandatarios. De ahí que la mención de tan oprobioso pasado en materia de derechos humanos y libertades públicas no es para insinuar -y menos aún recomendar- métodos similares a aquellos. Es para exigir firmeza en la defensa del orden constitucional y alertar sobre cualquier intento de desviación represiva o tendencia a desnaturalizar la función prioritaria del gobierno de asegurar la paz y el respeto a las instituciones.


LABERINTO

Por cierto, esa alerta se prendió ocho años atrás. ¿Lo hemos olvidado? Nos precipitamos al abismo y el pueblo y la oficialidad militar salvaron el proceso y la República. Lo que sucedió entonces acaba con la duda sobre "sucesiones pacíficas" y "transiciones democráticas". En Venezuela no las habrá, porque quienes se oponen a Chávez no son verdaderos demócratas. No respetan reglas de juego. Lo demostraron cuando se apoderaron por la fuerza del gobierno y acabaron con todo vestigio de legalidad, arremetieron contra las instituciones y desataron una feroz represión contra el chavismo. En tan solo 40 horas saciaron su odio, y si el control que lograron del poder se hubiese prolongado unos días más, lo que tenían dispuesto los golpistas -los mismos que ahora claman por libertades públicas y derechos humanos- habría emulado las atrocidades consumadas en otras naciones…

Por eso que si el chavismo no asume con audacia la unidad, toma conciencia del compromiso que tiene y se diluye en luchas subalternas, el fantasma del 11A puede retornar. Y cualesquiera sea la forma del retorno, su signo será el mismo de hace ocho años: la violencia. Que nadie se equivoque…

Lo que le espera a Chile: el presidente Piñera se salió con la suya y vendió sus empresas cuando le dio la gana y con grandes ganancias. Además, acaba de anunciar que financiará la reconstrucción del país privatizando las empresas del Estado (puro neoliberalismo salvaje)…

Alguien que siempre ataca a Venezuela, José María Aznar, es investigado por el Tribunal de Cuentas de España por el costoso lobby que pagó con dineros públicos para lograr la medalla de oro del Congreso de EEUU (al final no se la dieron)…

Cuando se esperaba que el cardenal Urosa tocara en Semana Santa el tema de los sacerdotes pederastas que conmueve al catolicismo, sólo habló del respeto a la disidencia, la fe, el verano y las lluvias (santa inocencia)…

Contrastes en la actitud de la Iglesia católica en el mundo. Ej.: el repudio de los obispos franceses reunidos en Lourdes y el mea culpa de la Conferencia Episcopal alemana por la aberración de los sacerdotes pederastas, y silencios como el de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV)…

Mientras el encuestador Alfredo Keller pronostique la derrota de Chávez no hay problema: nunca la pega.

José Vicente Rangel
jvrangelv@yahoo.es