El 9 de noviembre por primera vez en 10 años las diferentes corrientes sindicales y sus trabajadores agrupados en UNETE salen a la calle a demandar al gobierno bolivariano cuatro consignas necesarias: la aprobación de una nueva ley del trabajo revolucionaria antes que finalice el año, el impulso a la gestión socialista de las empresas expropiadas, el control obrero y las expropiaciones, un aumento general de sueldos y salarios en función de la disparada inflación y la discusión de las convenciones colectivas vencidas, y la lucha contra la penalización de los conflictos y el terrorismo patronal. Es importante resaltar que la convocatoria a tal marcha no es iniciativa propia del gobierno bolivariano como en anteriores oportunidades, por el contrario, desde sus instancias de poder y hasta desde el propio PSUV y sus sectores sindicales en la voz de Oswaldo Vera, FSB, se ha tratado de impedirla. La iniciativa la asume UNETE, una central sin autonomía del gobierno bolivariano que ha rechazado la presencia de otras corrientes sindicales que no apoyan al gobierno del presidente Chávez, bajo un marco evidente de clara crisis económica en el país como consecuencia a lo interno de la bancarrota del capital mundial.

La crisis del capital en el mundo y su reflejo patente en el país ha obligado a los representantes de los trabajadores de Venezuela a exigir reconocimiento de ellos y sus demandas como contradicción fundamental entre el socialismo que se proclama a viva voz desde las instancias del gobierno y el que en nada se observa en el seno de los trabajadores. Los trabajadores se encuentran agobiados por el alto costo de la vida, la burocratización gerencial y explotadora en las empresas del Estado, las contrataciones colectivas con años de vencidas en el sector público, la conciliación de clases y el claro apoyo a patronos públicos y privados por parte del Ministerio del Trabajo con despidos masivos concertados y en particular de los sectores sindicales clasistas, la indiferencia gubernamental ante las solicitudes de reenganche que obligan a sus trabajadores a huelgas de hambre para tratar de hacerlas efectivas, el sicariato ordenado por los propios patronos privados para acallar las voces de los representantes clasistas con el asesinato, la criminalización de la protesta obrera con cárcel o la imposibilidad de acercarse a los sitios de labores que limitan el derecho a huelga, el paro y la toma de empresas por parte de los propios trabajadores, la abundancia de pliegos conciliatarios y conflictivos que los patronos públicos y privados se niegan a discutir con el conveniente silencio o el retraso de las salas de conciliación de las inspectorías del trabajo, la abundante tercerización con contratas y cooperativas que jamás ofrecen las mismas condiciones contractuales de los trabajadores fijos, la lucha diaria por parte de los trabajadores por mejores salarios ante lo que significó la devaluación ordenada por el propio gobierno al desvalorizarles a la mitad los conquistados, o hasta el propio mínimo, desde enero de este año mientras se vislumbra otra en los próximos meses.

Lo importante de esta contradicción fundamental es que ha obligado a los burócratas (porque como autonombrados coordinadores nadie los ha electo sino que se han impuesto) de UNETE a dar la cara por los trabajadores que representan y que comienzan a dar muestras claras de autonomía frente a las imposiciones gubernamentales y a reflejar su independencia de clase frente a los patronos de cualquier tipo, sean públicos o privados. Por el lado del gobierno la política sigue siendo la de convencerlos que lo que se hace es lo correcto y por eso los constriñe en la camisa de fuerza que esperen a que el gobierno actúe. La intensión de UNETE, en particular la Máspero y Stalin Perez, es conseguir reconocimiento de Chávez por la cantidad de trabajadores que movilicen mientras los encausan por una protesta que no se salga de los marcos de apoyo al proceso mientras se pueda resolver por arriba con los otros burócratas del oficialismo, importando mucho que los reclamos realizados no transciendan de lo mediático. Sin embargo, la manifestación, aún siendo burocrática, resulta positiva, y merece todo el apoyo de las corrientes políticas que exigimos un giro hacia el papel director que deben jugar los trabajadores en el seno del proceso, porque surge no de parte del propio Chávez sino de lo que subyace aún inconscientemente en las bases de los trabajadores que ya están cansados de esperar que algo verdaderamente socialista se haga e intuyen que deban ser ellos los que realmente lo concreten por sus propios medios. Esa debiera ser entonces la atención que se asuma por tanto de las organizaciones de claro espíritu proletario y clasista. No puede haber justificación alguna que algunas de ellas, por considerar que la convocatoria la hace la burocracia gobiernera, la minimicen y decidan no participar de manera independiente porque implicaría un apoyo al gobierno bolivariano. Las bases de los trabajadores, al menos desde el 2008, vienen exigiendo un mayor protagonismo en las calles que cada vez más es reprimido o bloqueado por lo que sus ilusiones en las virtudes del proceso cada vez más la delimitan en el presidente y no en los funcionarios que éste designa. Esa experiencia debe ser vivida por parte de las bases de los trabajadores y para tal fin nuestro aporte es ir con ellos a reclamar lo que exigen sus burócratas sindicales pero partiendo del hecho que lo genérico de las consignas se convierta en pasos concretos para lograr lo efectivamente alcanzable pero desde las propias bases de los trabajadores.

La Ley del Trabajo “Revolucionaria”
Ninguna ley del trabajo puede ser revolucionaria mientras con ella se regule la explotación que ejerce el capital sobre la fuerza de trabajo en oferta. Mientras la explotación a los trabajadores esté garantizada en ley no podemos hablar de algo revolucionario, menos socialista. Los distintos proyectos de esa ley en la AN en ninguna parte eliminan la explotación como tampoco que el patrono deje de robar el trabajo realizado y no pago en forma de plusvalía. Inclusive tampoco habla de llevar el régimen prestacional a la retroactividad perdida en 1997 de la mano de otros burócratas sindicales y actores gubernamentales, o el derecho al trabajo necesario sin robo por el patrono o que también se lo garantice a los millones que no tienen acceso al mismo. Pero aún si esto estuviese planteado en el proyecto que por 10 años la AN se negó a aprobar, ¿quién garantiza que se aplique si los trabajadores viven en carne propia que las propias instituciones del Estado que debieran velar por ella en lo absoluto lo hacen con la ley vigente? Sólo en el Estado que impongan los trabajadores bajo su propio gobierno es que se puede hablar de una ley del trabajo revolucionaria y socialista, pero en dirección a ese papel director en su propio gobierno sí se pueden movilizar por convertir a las instituciones del trabajo vigentes a que en efecto les funcionen. Primero exijamos, con el propio control de los trabajadores, que tanto las inspectorías como el propio ministerio del trabajo funcionen y hagan respetar los reclamos que los patronos y las instituciones burguesas del Estado no respetan.

La Gestión Socialista, el Control Obrero y las Expropiaciones
Si por gestión socialista y control obrero es lo que se anuncia que se hace en Guayana por caso, entonces estamos confundiendo los términos. El control obrero sólo tiene un sentido revolucionario si los trabajadores lo ejercen para imponer ellos la producción, esto es, a dónde va dirigida y por qué, y los libros contables están a la vista de todos, y eso está totalmente ausente donde se proclama que se está dando. Adicionalmente, la gestión socialista no tiene cabida cuando la producción no es el resultado de la planificación que los propios trabajadores ejerzan. Que algunos trabajadores, escogidos por el propio gobierno en vez de haber sido electos en asamblea por sus propias bases con derecho a revocatoria y bajo un plan concreto de trabajo, ocupen cargos directivos o gerenciales no es indicativo de ninguna gestión socialista si la fuerza de trabajo sigue siendo explotada en su jornada diaria efectiva y el trabajo necesario a cambio del salario pagado es mucho más que el que efecto se necesita mientras miles de desempleados se agolpan en sus portones por un chance así sea con una contrata que les pague menos que a los que están fijos. Las administraciones impuestas por el dedo del ejecutivo nacional en las empresas del Estado no dejan de hacer la misma política que implementaban los gobiernos de la cuarta. Con trabajadores o sin ellos en la directiva o las gerencias, con explotación y tercerizados, con robo de la plusvalía como con cualquier otro patrono, sin control directo de los propios trabajadores en la producción, y por ende en su administración, no puede haber gestión socialista y el “control obrero” se convierte en la guillotina que coloca a las empresas expropiadas en manos privadas a la vuelta de la esquina.

Por otra parte, las expropiaciones pagas a quienes terminan salvando son a los propios capitalistas pues sus capitales son resarcidos para aplicarlo ellos en cualquier otra forma de explotación sobre los trabajadores. Y lo que es peor, sin devolverles a los explotados todo lo robado en el tiempo que lo hicieron para el patrono privado. Son los trabajadores quienes deban exigir la expropiación sin pago de los grandes capitales que se encuentran en la banca privada y en las grandes industrias, en particular las trasnacionales, pero bajo el control directo sobre la producción en manos de los trabajadores. El control directo sobre la producción es la necesaria escuela para que los trabajadores se encarguen en su propio gobierno de la planificación en función de las necesidades de la nación. La producción adquiere de esta forma el sentido colectivo y no el individual y anárquico que aplican los patronos tanto públicos como privados.

Aumento General de Sueldos y Salarios y Discusión de Contrataciones Colectivas Vencidas
La devaluación del bolívar fuerte en Enero pasado condujo a que el salario valiera la mitad de lo que valía antes. El presupuesto de este año ya lleva casi BsF. 50.000 millones más de lo presupuestado sin que termine el año, significando un endeudamiento externo adicional a los conseguidos para inversiones de infraestructuras. Los créditos adicionales han vuelto aparecer como en los peores tiempos de la cuarta república y de esto sólo se beneficia de manera directa la banca privada nacional o la internacional. Para el 2011 se presupuesta algo similar a lo ya gastado a la fecha mientras la fuente de ingresos en divisas por la venta de petróleo no se tiene previsto que aumente. Mientras esta renta se destina masivamente a los pulpos capitalistas para que la fuguen, o gasten fuera de nuestras fronteras, la única forma de equilibrar el gasto público será con lo que se le saque en mayor medida a los trabajadores y al pueblo que nada tiene. Una nueva devaluación está en las puertas en los próximos meses como salida para disponer de más bolívares con la misma cantidad de dólares por vender el petróleo, mientras, ya estamos atados con China por 20.000 millones que la pagaremos en los próximos 3 años con petróleo pero casi a la mitad del precio internacional del barril actual. Ese es el marco por el cual los contratos colectivos de los trabajadores del sector público siguen sin discutirse. No hay lo suficiente para ellos porque lo que hay es necesario dárselo como renta a la burguesía nacional y extranjera. Convocamos a los trabajadores dependientes de la administración pública a salir a las calles pues sólo ellos son los que pueden hacer con la acción directa torcer el brazo a los funcionarios y burócratas sindicales que se niegan a discutirlos. Es la consecuencia de los embates del capital mundial en bancarrota y los trabajadores y el pueblo que nada tiene pagando los costos de la crisis con altos precios de los bienes y los alimentos mientras los patronos se niegan a mejorar los salarios. La inflación es ya otro artículo que estamos obligados a pagar mientras cada vez más aumenta la población sin un empleo formal, estable y con un salario digno para vivir. La escala móvil de salarios debe ser arrancada con la movilización continua de los trabajadores, también la escala móvil de las horas disponibles de trabajo para que los desempleados dejen de estarlo.

Contra la Criminalización de la Protesta y el Sicariato
UNETE habla de luchar contra la penalización de los conflictos. Como siempre, las palabras suaves antes que usar las correctas que los trabajadores entienden. Rubén Gonzalez tiene 13 meses preso por representar a los trabajadores de Ferrominera en una huelga por la aplicación del contrato colectivo a la cual se negaba el patrón público. Los trabajadores de UNETE en Maracay fueron reprimidos por la policía del gobernador rojo rojito Isea hace unos meses por tratar de hacer una marcha reclamando por lo que UNETE en su marcha en Caracas plantea. Las madres del PAE en La Victoria también fueron reprimidas por exigir que fueran reconocidas como trabajadoras formales. Un juez del trabajo en Barquisimeto decretó ilegal la huelga reconocida legal por la propia inspectoría del trabajo en IOSA. 2 trabajadores de Mitsubishi en Barcelona fueron asesinados por la policía de Tarek cuando a la fuerza quisieron éstos aplicar la justicia que un juez ordenaba al exigir el reintegro de las instalaciones que consideraba propiedad privada de los patronos. El Ministerio del Trabajo luego autorizaría el despido “legal” de la junta directiva del sindicato Singetram junto a 130 trabajadores, muchos de ellos en reposo y con reclamos pendientes por incapacidad laboral por la súper explotación en las líneas de producción, y otros 300 están en lista de espera por decisión definitiva que aún no se toma porque los propios trabajadores sacaron a la calle la denuncia. Robert Gonzales, directivo electo por los trabajadores a la FUTPV y trabajador de la refinería El Palito, fue despedido aún teniendo fuero sindical pero ya antes una caución judicial le impedía hacer asambleas con los trabajadores en el sitio de trabajo. 7 directivos sindicales de la expropiada AgroIsleña también fueron despedidos por el nuevo patrono público al dirigir con los trabajadores el reclamo a que se definieran como lo que la propia LOT define un cambio de patrono. Podemos llenar páginas de situaciones donde la lucha obrera clasista de la mano de los trabajadores de base es impedida y hasta penalizada por decisión de un juez convenientemente seleccionado, sea por un patrono público o uno privado. Pero lo peor es la impunidad con que actúan los sicarios asesinos de dirigentes sindicales contratados por los patronos. Ninguno de los asesinatos de dirigentes sindicales fabriles o del campo hechos por sicarios y ordenados por los patronos ha sido resuelto por la justicia ordinaria, menos descubiertos y presos sus autores intelectuales. Representar de forma clasista a los trabajadores con autonomía de gobiernos o burócratas e independencia de clase frente a sus patronos capitalistas es causal de riesgo de muerte. La inseguridad diaria se ha trasladado hasta ellos a pesar que el propio Estado de los capitalistas debiera garantizar el derecho a la vida.

Toda esta realidad no puede quedar en un mero saludo a la bandera. Necesaria es la organización de un frente de luchas que impida su continuidad y la desaparición física de los representantes clasistas que se manifiestan. El amordazamiento a la protesta obrera es la consecuencia de la criminalización ordenada por la justicia bolivariana y el sicariato ordenado por los patrones capitalistas pues tanto unos como los otros lo hacen con el fin que los trabajadores acepten los costos de la crisis económica como consecuencia de la bancarrota del capital mundial en vez de quienes la causaron.

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