Introducción
La participación de los trabajadores y trabajadoras en la gestión de empresas, dentro del proceso revolucionario venezolano, tiene como objetivo fundamental la consolidación del proletariado como clase para sí. De maduración de las condiciones objetivas y sujetivas, que permitan avanzar hacia el aprendizaje y apropiación, de la administración del control operativo, financiero y legal, por parte de los trabajadores y trabajadoras.
Esta ponencia tiene como objeto definir las consideraciones generales y particulares, para la elaboración de un proyecto de Ley de participación en la gestión de empresas.
Contrarrestando la colaboración de clase
Hay que cuidar que la participación no se convierta en un mecanismo de colaboración de clase, en la dimensión perniciosa con que este concepto se entiende desde el punto de vista histórico. La falta de una concepción de clase, puede degenerar la iniciativa en una reproducción de:
- Un patrón organizacional basado en la verticalidad, la autocracia, la arbitrariedad y la exclusión.
- Una concepción basada en antivalores, reforzados continuamente en la anticultura, que privilegia lo individual sobre lo colectivo, lo unilateral sobre la visión global.
- Un entorno que no entiende o no apoya, la direccionalidad de la nueva etapa de la revolución bolivariana.
La colaboración de clases en empresas del estado, no está descartada, aunque su mecanismo de funcionamiento es indirecto, determinado por la burocracia que dirige las empresas. En este caso, el producto del sobreesfuerzo de los trabajadores y trabajadoras o de los mayores niveles de rendimiento, son desigualmente distribuidos e indudablemente, mal distribuidos.
Por su naturaleza, la burocracia se apropia de más y mayores privilegios, transfiere recursos a sus “asociados” en la industria privada, a través de la corrupción administrativa, o el tráfico de influencia. En este mecanismo perverso, las contribuciones que, aportan por la vía del involucramiento los trabajadores y trabajadoras, es apropiado por los privilegios de las burocracias gerenciales y sus socios o testaferros.
Por esto necesitamos definir muy bien los niveles y extensión de la participación en la gestión, y ubicarla dentro del proceso revolucionario venezolano”. Entendiendo que en este contexto revolucionario, es cualitativamente distinta, a la participación e involucramiento, dentro de un marco reaccionario. Aunque es progresista, en el caso particular de la cogestión, esta implica y apunta hacia la cristalización de una convivencia, que puede convertirse en regresiva si cambia la correlación del entorno político.
Los modelos europeos de cogestión, orientan al establecimiento de una representación laboral en un Comité de Vigilancia, paritario en algunos casos, en otros no, donde trabajadores y trabajadoras tienen acceso, a importantes volúmenes de información, y la posibilidad de participar en la toma de decisiones estratégicas de las empresas. Sin embargo, en el terreno de las decisiones tácticas por parte de los gerentes y de la junta directiva, es a través del sindicato, que el trabajador o trabajadora, pueden actuar cuando sus intereses o sus necesidades, están siendo lesionados. En ninguno de estos modelos se plantea el problema de la inviabilidad del capitalismo.
Por estas consideraciones previas, la orientación de clase es necesaria (aunque no suficiente), con el objeto de establecer paulatina pero inexorablemente, más que empresas cogestionadas, empresas controladas por los trabajadores y las trabajadoras. La construcción programática establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), sólo puede establecer sus bases materiales de realización social, a partir de la colectivización de la propiedad. La participación en la gestión, puede convertirse en un gran taller de aprendizaje social, para dar el salto que se requiriere, Asumiendo consecuentemente los planteamientos constitucionales.
En la actualidad los procesos de participación en la gestión, se adelantan en empresas con cuadros deficitarios. Es un reto interesante, sirve para probar lo vigoroso y poderoso, que es la activación de la propia iniciativa e inventiva, desde un punto de vista colectivo.
En esta relación de trabajo, no puede plantearse el relajamiento de los derechos convencionales y legales de los trabajadores, estas experiencias no deben derivar en la socialización o administración de la miseria. Todo lo contrario, deben servir para sacar a las empresas del foso en la cual se encuentran, al mismo tiempo que garantizan y profundizan dichos derechos.
La participación tiene que superar los mecanismos tradicionales de involucramiento, como el toyotismo y los círculos de calidad. Los cuales han demostrado que mejoraran la cantidad y la calidad de la producción, pero se quedan a medio camino, justo en el control continuo de los procesos productivos. La concepción revolucionaria, tiene que plantearse ir más allá, de estos mecanismos parciales de participación. El involucramiento es más constructivo y aleccionador, cuando la participación promueve la toma de decisiones, en todos los niveles y escenarios, financieros y operativos, de todos los involucrados sin exclusión.
Se puede estatizar toda la economía venezolana, pero si la clase trabajadora como núcleo y el pueblo como cuerpo, no asumen mayoritariamente, el sentido de pertenencia y de responsabilidad, para la producción con calidad, cantidad y oportunidad, de los bienes y servicios requeridos por la revolución, como una tarea militante de cuadros conscientes, o al menos con una carga ética, el peligro a la regresión a modelos retrógrados es grande. La anulación de los antivalores, de la anticultura sería imposible. El problema de las relaciones de producción no es meramente instrumental, va más allá, hacia lo ideológico, lo doctrinario, lo principista.
Construyendo el empoderamiento
En las empresas del Estado, la cogestión ha sido planteada entre la gerencia y los trabajadores. Este mecanismo es definitivamente incorrecto. A seis años de gobierno revolucionario, los gerentes han avanzado mucho, en cuanto a la participación y adscripción al proceso bolivariano, pero distan mucho de haber abandonado las conductas que tanto odian los trabajadores y las trabajadoras, (arbitrariedades, conductas antidemocráticas, excluyentes, conductas antiéticas). Para ser justos, en la mayoría de los casos no es culpa de ellos. Así fueron formados, es más fácil reproducir las conductas capitalistas, que las duras actuaciones revolucionarias, porque nunca aprendieron, o no comprendieron, o perdieron de perspectiva, las consecuencias desastrosas que en términos prospectivos, tiene el capitalismo.
La cogestión entre gerentes y trabajadores deviene con casi total certeza, en una lucha caníbal, entre actores o corrientes que adscriben el proceso revolucionario. Hay demasiada desconfianza y hábitos segregacionistas dentro de las empresas, que obstruyen con facilidad el proceso de empoderamiento.
Los sujetos sociales revolucionarios tienen un largo camino por transitar. Asumir la responsabilidad de la coyuntura histórica del país, requiere un desarrollo de la conciencia. Este trayecto puede acortarse considerablemente, si como protagonistas sociales, se apropian del proceso, aunque sea aferrados a los instintos de clase. La necesidad de respuestas políticas, profundas y claramente elaboradas, puede ser subsanada con el tiempo. La apropiación del proceso en la realidad tangible, terminará siendo más extenso y profundo que la elaboración teórica.
Los clásicos marxistas nos gritan desde hace dos siglos, que con la lucha los trabajadores aprenden en un día, lo que les cuesta años en asimilar con los libros. El ejercicio libre, constructivo y sin fronteras del empoderamiento, por parte de los sujetos sociales, es una herramienta más poderosa de aprendizaje, que el enfrentamiento cotidiano por la defensa y la conquista de las reivindicaciones. Ese debe ser el papel fundamental de la participación en la gestión: la conquista y reproducción del poder de los trabajadores y trabajadoras, en particular y del pueblo excluido y oprimido en general. Desde este punto de partida, el ejercicio del poder, se orientará hacia la administración eficiente y revolucionaria del estado venezolano. Tal vez se pueda afirmar, que en un año de empoderamiento, las multitudes aprenden, lo que tardarían décadas o generaciones enteras, en asimilar con cientos de textos o conferencias.
Los dirigentes sindicales siempre reivindican la autonomía, de los patronos, los partidos y de los gobiernos. Producto de la conspiración golpista, a esta generación de dirigentes sindicales, les ha tocado asumir posiciones de lucha más allá de lo reivindicativo. El Presidente Chávez ha planteado en más de una oportunidad que respeta la autonomía sindical, pero con en el proceso de participación en la gestión de empresas, es necesario que el movimiento sindical solicite garantías, para que no se continúe atentando contra la existencia de los organismos que históricamente, han asumido la defensa de los derechos laborales.
Los sindicatos no podemos permitir que los gerentes los sustituyan. Tampoco es admisible que se defina una política gubernamental para debilitar la musculatura de la institución laboral.
Al margen de que las diferencias que pudieran haber con Chávez o con su gabinete, es necesario reconocer entre otros atributos, que el presidente va abriendo de manera inédita, espacios de empoderamiento, para que las multitudes se apropien de estos escenarios. Pero tenemos que alertar que hay muestras de intentos de pasar de contrabando, practicas antisindicales en las nuevas experiencias participativas. En INVEPAL se eliminó el sindicato. En CADAFE se acusa a la Federación de saboteadores. Esto hay que cortarlo pronto.
Hay que reconocer que salvo en CADAFE, la cogestión no formaba parte de las reivindicaciones fundamentales inmediatas, de lucha del movimiento de trabajadores y trabajadoras en Venezuela. Es contradictorio que ahora se les quiera presentar como enemigos de la participación.
El apoyo de Chávez es decisivo, no sólo para promover la participación y garantizar su viabilidad. Sino también para contrarrestar las vocaciones antisindicales de algunos funcionarios del gobierno, de alto, medio y bajo nivel. El hecho de la participación, debe profundizar la institucionalidad sindical, no debilitarla o desaparecerla.
Una ley estratégica
La constitución contempla, gracias entre otros, a los constituyentes dirigentes sindicales revolucionarios, la participación protagónica en lo social y lo económico:
“Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.”
Del caso de VENEPAL, el equipo que dirigió esa iniciativa correcta de expropiación, con María Cristina Iglesias como coordinadora, sacó como conclusión que su avance, fue fundamentalmente en el terreno de lo que no estaba prohibido por la legislación venezolana. Pero que hubiese sido infinitamente más sencillo, con una ley, para impulsar la cogestión en las empresas del estado y las que no son del estado,
En este sentido, se propone que se discuta nacionalmente y se apruebe una Ley de participación de Trabajadores y Trabajadoras en la Gestión de Empresas, con el objeto de orientar y avanzar, en el involucramiento revolucionario en las empresas, donde el Estado tiene la mayoría accionaria, las empresas donde el Estado participa como copropietario minoritario, las empresas donde el Estado no participa como copropietario.
La Ley debe prever los mecanismos para abolir la verticalidad, la arbitrariedad y la unilateralidad en la toma de decisiones. Debe establecer una estructura organizativa básica, funcional desde el punto de vista de los fines productivos de las empresas, pero al mismo tiempo donde haya un flujo democrático para la toma de las decisiones. Garantizando el carácter vinculante de las decisiones asamblearias. La ley debe fortalecer el comportamiento ético y el manejo pulcro de los recursos financieros y operativos de las empresas.
Las asambleas las concebimos como el espacio fundamental para el desarrollo del sujeto social. Es deformante confundir un mitin de portón, cuyo carácter es agitar y/o informar, con el ejercicio pleno de una asamblea de trabajadores y trabajadoras. Para la consolidación del sujeto social, este debe estar suficientemente informado, preparado para asimilar esta información, con garantías para el debate fraterno y dotado de las formalidades necesarias para que sus decisiones colectivas sean trascendentes. La Ley establecerá los mecanismos, para que las asambleas democráticas, con calidad en la participación para la toma de decisiones, se doten de la institucionalidad necesaria.
La Ley debe promover el trabajo colectivizado, como una actividad militante. Las empresas del estado no son del presidente de la República, ni del MIBAM, ni de los gerentes, ni de los contratistas pero tampoco son de los trabajadores y trabajadoras que laboran en ellas. Son activos de todos los que habitan en este país. La construcción de las mismas sólo fue posible por una inversión social de trabajadores y trabajadoras. Como activos sociales hay que cuidarlos y potenciarlos, en esa tarea tenemos que estar en primera fila, todos los que estamos vinculados a la producción estatal. No es cuidar la empresa porque es “mía”, el concepto va más allá, hay que cuidarlas, porque es una responsabilidad interna, con todo el país. Lo deseable, lo ideal sería, que trabajar en ellas, se convierta en la actividad militante básica, en la defensa y la consolidación de la revolución.
La Ley tiene que prever la gradualidad necesaria para avanzar en la implantación del modelo cogestionario. En INVEPAL hubo un año y medio de esfuerzos, de trabajo sistemático y de resistencia, para llegar hasta lo que tienen hoy. En CADAFE, ha sido más tortuoso, años con mucha resistencia en la gerencia. Esta no reconoce el cambio en la coyuntura, no asumen el viraje necesario. Estos dos ejemplos son sólo una muestra, de lo difícil que es la implantación. La gradualidad es la palabra clave. Los trabajadores y trabajadoras en este tipo de proceso, tienen un despape de espontaneidad que normalmente es asertivo, sobrepasan regularmente cualquier expectativa y resistencia. Es saludable que el ritmo sea marcado por las bases, más que por los facilitadores o los impulsores de la participación.
La Ley tiene que prever el establecimiento de un “Estatuto para la Participación en la Gestión*, (tipo Norma Covenin), que sea transparente, implantable, progresivo y auditable, con el objeto de establecer las condiciones mínimas, para considerar que una empresa alcanzó la cogestión. Escoger gerentes por votación esta muy bien y es un avance, pero eso no decreta el final de la carrera. El Estatuto sería el instrumento reglamentario, donde se establecerían los nuevos términos en las descripciones de cargo, la delegación de autoridad, prácticas operativas cogestionarias, políticas de calidad, entre otros elementos de carácter productivos. La implantación de este Estatuto debe generar ventajas financiera, impositivas, cambiarias y hasta de imagen empresarial.
Para finalizar es necesario un agradecimiento especial a Elio Colmenares, miembro del equipo ministerial de María Cristina, quien aportó los datos sobre el largo proceso de creación de INVIPAL y de la formalidad necesaria en la toma de decisiones en asambleas.
Así mismo queremos agradecer a Joaquín Osorio, por las esclarecedoras explicaciones, sobre las dificultades que han tenido, en la implantación del modelo cogestionario en CADAFE y las propuestas de la Federación Eléctrica para saltarlas o reversarlas.
