La Universidad de Carabobo viene atravesando una crisis institucional que se manifiesta en la serie de desafueros y arbitrariedades cometidas, en los últimos tiempos, por las tribus políticas que la han dirigido hasta el presente. En este sentido, observamos con preocupación la negativa del Consejo Universitario a corregir las irregularidades denunciadas, masiva y reiteradamente, tanto por los participantes como por un grupo significativo de jurados, en los actuales concursos de oposición, situación que se desencadena por la manera arbitraria e inconsulta como se reformó el Estatuto Único del Profesor Universitario, en evidente contradicción con la Constitución Nacional y la Ley de Universidades. Igualmente, a finales del año 2005 se procedió a la reforma del Reglamento Electoral para permitir la reelección indefinida de las autoridades decanales, procediéndose a su aplicación inmediata contraviniendo lo establecido en la Ley de Universidades.
Todos estos elementos configuran un cuadro crítico que expresa el agotamiento de las prácticas políticas y académicas de las élites que dirigen a la Universidad. La rutina administrativista y la racionalidad burocrática que las sustentan han postrado y anquilosado a esta institución convirtiendo al Consejo Universitario en una instancia disociada de los intereses y expectativas de la comunidad universitaria, produciendo en consecuencia una crisis de legitimidad y de representatividad.
Es el momento de repensar la Universidad, es el momento de propiciar un debate amplio, democrático, en el que participen los diversos sectores que hacen vida académica en su seno y que en muchas ocasiones sólo son tomados en cuenta para votar. Por ello la Universidad debe abrirse a nuevos escenarios, debe vincularse a los proyectos estratégicos del Estado venezolano, debe articularse con las diversas instituciones que tienen como responsabilidad la atención de los múltiples problemas sociales. Allí está nuestra pertinencia, nuestra trascendencia y es un imperativo ético y moral articularnos con nuestro entorno histórico y social...
Nuestra actuación en el Consejo Universitario estará marcada por la amplitud y por la firmeza en la defensa de la transparencia que debe caracterizar el gasto universitario, en correspondencia con la política de cuentas claras instrumentada por el Ministerio de Educación Superior, propiciando la contraloría social a los fines de que la propia comunidad universitaria pueda auditar la gestión de sus autoridades. Cumpliendo con este principio, nos sentimos en la obligación de informar a la comunidad universitaria que en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5803, con fecha 14 de Marzo de 2006, la Contraloría General de la República declaró la Responsabilidad Administrativa e impuso multa a algunos miembros de la comunidad universitaria con cargos directivos, entre los cuales se encuentra la máxima autoridad de la institución la Rectora Lic. María Luisa Aguilar de Maldonado y los Decanos de las Facultades de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales, Lic. Juan José Macías Pavón y Lic. José Ángel Ferreira.
Esta situación, además de obligarnos a la reflexión evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia y el control sobre quienes tienen la responsabilidad de conducir la institución. Por otra parte, la mencionada medida administrativa, por sus implicaciones morales y éticas, debería conducir a la inhabilitación de los funcionarios sobre quienes ha recaído esta sanción. En consecuencia, solicitamos la revisión de la decisión por la cual se le prorrogó el mandato al Lic Juan Macias Pavón, al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley de Universidades y el inmediato nombramiento de un decano interino para la Facultad de Ciencias de la Educación.
En cuanto a la ciudadana Rectora, Lic. María Luisa de Maldonado, solicitamos que se activen de inmediato los mecanismos previstos en la ley ante esta situación.
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