Es lamentable la desatención de las empresas básicas de Guayana, la debacle continua, mientras el gobierno nacional mantiene una dirección en estas empresas errada y es poco el interés de hacerla productiva, han quedado para premiar en cargos de dirección a Generales sin tropa, y nombrarlos en cargos para mantenerlos contentos. Es la vieja política adeco-copeyana "A MI NO ME DEN, PONGANME DONDE "HAIGA" Una gran verdad, porque las empresas de Guayana son un desastre, se puede leer en unas declaraciones del camarada Alejandro Álvarez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sirdernac) “Los trabajadores de Guayana hemos dicho que queremos producir y trabajar: póngannos los insumos. Hemos hecho lo posible para que saquen directivas corruptas e ineficientes. Lamentablemente, sacamos la mafia y ponen una peor que perfecciona la forma de hacer negocios, olvidando que hay que impulsar la producción. El trabajador tiene que prepararse para enfrentar a esta burocracia, a estos corruptos. Si no nos organizamos, ellos van a seguir ganando terreno y comprando a gente que está con nosotros y que supuestamente son dirigentes sindicales que se prestan para destruir la empresa. Desde aquí denunciamos la mafia de la cabilla y se llevaron preso a uno de los operadores principales. Luego vinieron otros a seguir haciendo negocio con la cabilla y no hemos tenido la suficiente organización para enfrentar a los que llegaron luego”
EL MINISTERIO DEL TRABAJO debe ser eliminado conjuntamente con las Inspectorías del Trabajo, no cumplen sus funciones que señalan la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Los funcionarios de estas instituciones están vendidos a los patronos privados y con las empresas públicas no toman decisiones a favor de los trabajadores por temor a ser despedidos.
En Guayana, vemos el caso de cinco sindicatos de empresas privadas que denuncian que en su sitio de trabajo son víctima de ACOSO LABORAL y la nueva moda impuesta por la “Revolución y el Socialismo”, los patronos y el estado practican la política de criminalizar las acciones de protesta y denuncia de los trabajadores y dirigentes sindicales, para tales acciones el Ministerio Publico y sus fiscales tarifados del patrono son diligentes para levantar expedientes e informes criminalizando la acción sindical, sin investigar las causas del reclamo o de la protesta de los trabajadores.
Los sindicatos de SURAL, Premoca, Ácidos y Minerales, Makro y Ferretotal, los trabajadores han venido denunciado ante la Inspectoría del Trabajo de Puerto Ordaz que en su entorno de trabajo se vienen cometiendo violaciones a la contratación colectiva y la leyes laborales, aun así los funcionarios del Ministerio del Trabajo guardan silencio e ignoran sus denuncias que los trabajadores han introducido ante ese organismo. Los dirigentes sindicales son amedrentado y acosados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), reseñando a los trabajadores y dirigencia sindical de SURAL, sin orden de un Tribunal y Fiscalía, sobre el caso del cierre de la empresa en el 2013. La empresa denuncia que el cierre fue hecho por el Sindicato, pero los trabajadores saben que fue la gerencia de la empresa que realizo el cierre de la empresa. En estos casos se debe investigar si son los funcionarios del CICPC que están actuando por orden del patrono, ya que en muchos casos estos funcionarios tarifados se prestan para estas irregularidades. Los Trabajadores no son delincuentes.
Igual ocurre con los trabajadores de MAKRO desde el año 2013, veintiún (21) trabajadores son perseguidos por la gerencia del hipermercado tras un conflicto laboral, donde los trabajadores fueron acusados por agavillamiento y privación de libertad. Similar situación viven los trabajadores de Premeca, Ácidos y Minerales y Ferretotal. Si el CICPC está al servicio de los patronos en Venezuela debería llamarse Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales, LABORALES y Criminalísticas (CICPLC), aunque el artículo 4 de la LEY DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS, establece: El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y demás órganos de investigación penal ESTARÁN AL SERVICIO EXCLUSIVO DE LOS INTERESES DEL ESTADO Y EN NINGÚN CASO AL DE PERSONA O AGRUPACIÓN POLÍTICA ALGUNA. Son sus principios fundamentales la disciplina, la obediencia, la cooperación y la subordinación, así como la estricta observancia de los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República, en los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en esta Ley.
De seguir esta política del gobierno nacional se plantea la eliminación del Ministerio del Trabajo y ventilar los casos en el Ministerio Publico y que las Inspectorías del Trabajo sean cambiadas a las sedes de las Fiscalías y CICPC de cada estado del país e igualmente la eliminación de los tribunales del trabajo y que los casos laborales sean ventilados en los tribunales Penales. Esta propuesta de plantearla Diosdado Cabello seria votada a dos manos por los diligentes y obedientes diputados de la Asamblea Nacional.
Esta situación viene ocurriendo a la vista y conocimiento del Poder Moral Republicano órgano rector que integra el Poder Ciudadano en Venezuela. Entre sus funciones se encuentran prevenir, investigar o sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público y por el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad, en toda la actividad administrativa del Estado venezolano. Está conformado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Publico y la Contraloría General de la Republica. Instituciones inexistentes a la hora de defender a los ciudadanos.
OTRO CASO: la inercia de los organismos del estado se manifiesta cuando hay que defender a los trabajadores, pero es rápida y veloz cuando la acción va dirigida contra los trabajadores, el caso de los TERCERIZADOS de la empresa trasnacional PROAGRO en Ciudad Bolívar, las autoridades del trabajo no hicieron nada, los trabajadores continúan fuera de la empresa, irrespetando sus propias decisiones. Por eso se dice que la corrupción administrativa no permite que este haya justicia en este país. No hay organismo competente que ponga orden en el país. http://www.aporrea.org/trabajadores/a158378.html
