Gracias a una medida que huele a un adefesio jurídico por obra y gracia de la Junta Directiva de Pdvsa en el año 2014, se tomó la infame decisión de ponerle las garras al Fondo de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica Nacional, sin el consentimiento y la participación de un colectivo que lo integran más de 28 mil jubilados de todo el país.

Luego de un proceso electoral que trataron de entorpecer los aferrados a los métodos antidemocráticos de la IV República y de la vieja Pdvsa, así como también los miembros de la antigua Junta Directiva de AJIP, resultaron electos en limpias elecciones un grupo de dignos jubilados, quienes encabezaron la Plancha Nº 2 y ahora retoman las riendas de la Asociación de Jubilados de Pdvsa y de industria Petroquímica Nacional.

Con la llegada de estos nuevos líderes al frente de la Asociación de Jubilados (AJIP y CENAJIP) se han destapado varias ollas que apuntan al rescate de derechos laborales y de justas reivindicaciones de los ex trabajadores petroleros, quienes dedicaron largos años de su vida con esmero y abnegación para mantener la producción, refinación y distribución de los productos y derivados del petróleo a través de la principal industria del país.

Transcurrido el tiempo se había creado un estereotipo de que los jubilados petroleros eran trabajadores que salían luego de más de 30 años de servicio ininterrumpidos en la primera empresa del Estado venezolano, con altas jubilaciones, cuando la realidad hoy los desnuda ante el país y los presenta como los peores jubilados de la administración pública venezolana.

Desde las trasnacionales la cultura de dividir a los trabajadores petroleros en nóminas que pretendían hacer ver como unidas, (Ejecutiva, Mayor, Menor y Contractual), sólo se escondían grandes diferencias de clase y exclusivismo disfrazado de cultura institucional que al correr de los años sólo escondía injusticia y discriminación.

En los últimos años, con los cambios ocurridos en el país y las nuevas políticas de la industria impulsadas por la Revolución Bolivariana, la nueva Pdvsa comenzó a atravesar cambios significativos pero a la vez sigue manteniendo sus viejas estructuras discriminatorias, con un incremento y masificación en la nómina petrolera que hoy supera los 150 mil trabajadores.

Amparados por poderosas organizaciones sindicales y la misma estructura gerencial (hoy más política que técnica) se han tomado medidas que revelan una abierta contradicción; sobre todo en lo que se ha tratado de llamar “política revolucionaria de la nueva Pdvsa” en lo atinente a políticas de jubilación.

A diferencia de otras empresas del Estado venezolano, los trabajadores de la industria petrolera crearon su propio Fondo de Jubilaciones, lo cual les permite por Ley una justa y holgada jubilación; pero al mismo tiempo, desde hace muchos años, los altos jerarcas petroleros y sus cómplices en el Gobierno de turno, le han metido la mano al Fondo para despacharse y darse los vueltos (Ver caso Illaramendi).

En este aspecto es importante conocer la definición que sobre el Fondo de Pensiones de Pdvsa sostiene Sergio Sáez:

“Quedó establecido en los Estatutos que la creó que la administración del Fondo de Pensiones la ejerce una Junta Administradora, conformada por seis (6) Directores Principales y seis (6) Directores Suplentes, todos ellos empleados de PDVSA y/o sus Filiales, entre personas autorizadas previamente y por escrito por la Junta Directiva de PDVSA, elegidos por la Asamblea del Fondo, máxima autoridad de la Asociación, integrada por

PDVSA y sus Filiales, quien designará un presidente entre los directores principales, y su ausencia será cubierta por quien al efecto designe los directores principales. Durarán dos (2) años en sus funciones y/o hasta que sean reemplazados, y podrán ser reelectos. De ésta manera quedó claro, que es de la sola competencia de la Junta Directiva de PDVSA la escogencia de las personas que podrán integrar la Junta Administradora del Fondo…”.

Desde este mismo momento de su creación surgió la manipulación de los dineros del citado Fondo de los jubilados de Pdvsa, ya que en su junta directiva no participa ningún representante legítimo por los 28 mil jubilados que hoy conforman este colectivo en todo el país.

Es ante este desequilibrio laboral (del cual debe tener conocimiento el Presidente Obrero Nicolás Maduro) que se deben aclarar ante la justicia y el país, los resultados de los intereses generados y el total del capital del Fondo de Pensiones (en dólares) que se conforma con los aportes de los trabajadores y el aporte de la industria (distintos porcentajes que suman un 12 %).

Según lo señala el auditor social Sergio Sáez, para aclarar el funcionamiento de un Fondo de Pensionados y Jubilados de la industria petrolera y petroquímica, el cual no discrimina en jubilados de primera y de segunda, como lo define la reciente decisión tomada por la Junta Directiva de Pdvsa a partir de enero de 2016 (cosa de presunta ilegalidad), por ello es bueno conocer:

“Hoy es un hecho público, notorio y comunicacional, que PDVSA, sus empresas filiales, y la Junta Administradora del Fondo, no ha dado la cara a los Beneficiarios, ni ha respondido las diferentes solicitudes que se le ha hecho, utilizando la única vía de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera Petroquímica y Carbonífera Nacional (AJIP).

Los Beneficiarios, miembros o no de AJIP, se han solidarizado y decidido ejercer sus derechos de manifestar,… de manera pacífica pero firme, ante los lugares del país, donde se encuentran edificaciones de los asociados (PDVSA y sus filiales), para exigir se le respeten sus derechos, se les informe convenientemente de los resultados operacionales y financieros desde que se constituyó la asociación, y se permita se auditen, por otro órgano externo distinto de las empresas que auditaron los resultados, para restituir la confianza de los Beneficiarios y se corrijan de inmediato las fallas, omisiones, y modificaciones estatutarias que van en contra de los Beneficiarios”.

“La pelota – sostiene Sáez - queda del lado de PDVSA. No deben seguir escurriendo el bulto.

Deben dar respuesta oportuna y veraz al pedimento de los más de 28.000 beneficiarios, y quienes estuvieron al frente de su Junta Administradora y tienen corresponsabilidad, deben estar prevenidos para responder civil y penalmente, si fuere el caso”.

Los jubilados de Pdvsa piden justicia ante el Estado venezolano y rectificar el adefesio jurídico cometido con los intereses y aportes de los trabajadores de la industria petrolera y petroquímica que conforman el Fondo de Pensiones, lo que es un acto de justicia laboral de mucha urgencia para el colectivo de jubilados y sus familiares en todo el país.

¡Homologación y justo pago de jubilaciones ya!

¡Amanecerá y veremos!