"Una cosa es el error y otra cosa es el engaño: nosotros bien podemos equivocarnos, pero mal podemos engañarnos"

Hugo Rafael Chávez Frías (Aló Presidente N. 243, enero 2006)

Nuevamente abordamos un tema sobre el cual hemos insistido hasta el cansancio porque nos toca de cerca y además, porque ya resulta una vergüenza hasta para la propia Revolución Bolivariana por tratarse de un asunto de justicia y de equidad laboral.

El tema en referencia es el relacionado con los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional, el cual ya es un asunto público y comunicacional que se la ha dado largas debido a la injusta posición del Estado y de los líderes, quienes han asumido las riendas de la industria petrolera, insensibles y cómplices silenciosos de un adefesio jurídico.

Desde noviembre del año 1973 en la antigua filial Lagoven, heredera de la trasnacional Creole, surgió la idea de crear un instrumento financiero que favoreciera a los trabajadores de la industria petrolera y no afectara el costo del barril, por quienes una vez cumplidos los requisitos del servicio laboral y años de servicio, pasáramos a la figura de jubilados.

Si bien los jubilados petroleros gozamos de los beneficios de la Ley del Trabajo y de todas las prerrogativas que brinda la Ley del Seguro Social Obligatorio,(SSO) fuimos además favorecidos por una iniciativa - casi única en el campo laboral venezolano por su originalidad - como es la de gozar de un Fondo de Pensiones que tiene personalidad jurídica y es regentado por una Junta Administradora en manos de la propia industria petrolera, hoy Pdvsa.

Este Fondo de Pensiones de los jubilados de la industria petrolera y petroquímica se rige por unos estatutos que venían siendo fielmente cumplidos, incluso desde la llegada del Comandante Chávez al poder, respetuoso de las leyes y de los procedimientos jurídicos sobre todo de aquellos que como señala la Constitución, favorecieran a la clase trabajadora del país.

Todos los venezolanos somos conocedores de la corrección de entuertos y la posición que ante la violación de los salarios, el propio Presidente Chávez logró revertir como lo fue el famoso caso de la desaparición de las prestaciones sociales en tiempos de Caldera y del ex ministro Teodoro Pettkof.

Igualmente vale recordar como Chávez antes de marcharse a Cuba, por su enfermedad, aprobó la nueva Ley del Trabajo que fue firmada con todo su empeño y entrega, antes de partir de este mundo terrenal.

No obstante, la mala fe y la intriga ya venía encubada por parte de algunos líderes (quinta columna), quienes se vanagloriaban de la "Pdvsa roja rojita" de la boca para afuera pero que ahora, años después, se pronunciarían sin ningún escrúpulo contra el Gobierno revolucionario escudándose en la sombra del Comandante Hugo Chávez Frías.

Todo ha sido un drama que luego salió a la luz pública en tiempos de Rafael Ramírez Carreño al frente de Pdvsa y de otras instituciones del Estado, desde las cuales supo engañar al propio Comandante Chávez, pero todo gracias a los inmensos recursos que manejaba a diestra y siniestra, porque sus verdaderas aspiraciones siempre fueron la de ser Presidente de la República.

Justamente por órdenes del señor RR y con la venia de altos ejecutivos de Pdvsa, entre quienes se contaron, entre otros Eulogio del Pino, Asdrúbal Chávez, Víctor Aullar, Oswel Manrique y el sindicalista Wills Rangel se firmó un adefesio que atentó contra los intereses de los jubilados petroleros y cambió el destino del Fondo de Pensiones.

Se trató de una vulgar maniobra jurídica y de un "madrugonazo" al ponerle la mano a los haberes e intereses de más de 28 mil jubilados de la industria petrolera y petroquímica y cambiar los estatutos del Fondo de Pensiones, especialmente el articulo 33 el cual permitía el justo reparto individual de las ganancias e intereses de los haberes entre los trabajadores jubilados.

Los beneficios directos estaban relacionados con las ganancias derivadas de la administración del Fondo en divisas (dólares) y de los ingresos por alquileres y otros movimientos en el mercado bursátil internacional.

Uno de los casos más sonados ante la opinión pública y reseñado por los medios de comunicación del país e internacionales fue el conocido "Caso Illaramendi", quien autorizado como agente financiero por Rafael Ramírez, intentó violar las leyes y engañar a las finanzas norteamericanas con la manipulación de saldos superiores a los 850 millones de dólares.

Lo peor de todo este caso es que este dinero no ha sido reclamado por el Estado venezolano y en especial por Pdvsa, pues en el norte duerme un juicio que podría salpicar y crear problemas al Estado venezolano, por mala praxis financiera en manos de terceros, quienes manejaban recursos del Fondo de Pensiones de los jubilados petroleros.

Con la llegada de un nuevo liderazgo a la Asociación de Jubilados Petroleros y Petroquímicos, AJIP en especial los "tres mosqueteros" Héctor Villalobos, Omar Antúnez y Helena Pino Blanca se destapó la olla del Fondo de Pensiones, pero no hemos obtenido respuesta sino una burla descarada y una manipulación por parte de las autoridades de Pdvsa.

En la administración del Fondo de Pensiones han desfilado ya casi cuatro funcionarios (con la última de turno) en su gerencia. Las auditorias se han extendido sin ninguna respuesta ante el colectivo de jubilados, tal como lo dictaminan las leyes de la República Bolivariana de Venezuela.

Las más altas instancias del Estado venezolano como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General y el propio Presidente Obrero Nicolás Maduro son sabedores; aunque sea por los medios de comunicación, de lo acontecido con el Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa y no hay respuesta oficial.

No es posible que en tiempos de Revolución los jubilados de la industria petrolera y petroquímica sigamos siendo burlados ante este caso público y comunicacional del Fondo de Pensiones, arrebatado a más de 28 mil jubilados quienes dedicamos parte de nuestras vidas a la primera industria del país.

No es con baños de manguera y con los consecutivos aumentos presidenciales – que por cierto en Pdvsa no quieren pagarlos a tiempo – con los cuales se quiere tapar los hechos bochornosos ocurridos en tiempos de Rafael Ramírez y su combo (una gran parte en prisión).

Mientras el tiempo transcurre y la lucha de los jubilados se encamina hacia los sucesivos "bastonazos", por el rescate y el reintegro de los justos intereses y de nuestros haberes del Fondo de Pensiones, todavía seguimos a la espera de las auditorias que se han retardado por una mano invisible, desde los años y períodos anteriores al 2013, 2014. 2015, 2016, 2017 y lo que va del 2018.

Ante esta situación que raya en la injusticia y además, ha creado discriminación entre los jubilados de primera, de segunda, de tercera, vitalicios y prematuros de Pdvsa, se observa en los últimos pagos la descarada violación de la LOT y además los jubilados desde el 2016 hacia atrás, hemos quedado excluidos del 180% del aumento del nuevo Contrato Colectivo Petrolero (CCP).

Más que una injusticia contra los jubilados de la industria petrolera y petroquímica, pensamos que ya no somos víctimas de las autoridades de turno en PDVSA sino que hemos caído en manos del azar, algo que resulta inverosímil en tiempos de la Revolución Bolivariana de Venezuela…¡Queremos Justicia ya!

¡Amanecerá y veremos!