Coincidiendo con la visita a Colombia del canalla Luis Almagro, que santificó una probable intervención militar foránea en Venezuela, ubicándose a la derecha del mismísimo New York Times, el ministro de defensa del país vecino, Guillermo Botero, cargó contra la protesta popular, que ha de expandirse irremediablemente en esos predios.
Botero afirmó que "Con los dineros ilícitos corrompen y financian la protesta social… detrás de eso siempre están mafias de verdad, mafias supranacionales de diferentes países que lavan el dinero con habilidad y vuelve al país por diferentes vías, a través del contrabando". Inmediatamente la oposición colombiana tronó contra el ministro, después vinieron hipócritas "explicaciones" del presidente Duque y del propio Botero, que no convencen a nadie.
¿Será que ha de convertirse en moda continental el querer vincular la protesta con el delito transnacional? En Venezuela no hemos llegado a eso, pero si queremos que siga siendo así, hay que oponerse sin ambages a cualquier intento de criminalizar las protestas. El buen ejemplo lo dio el Gobierno venezolano al responder convenientemente a la huelga de hambre de un grupo de campesinos representantes del movimiento de la Marcha Campesina Admirable. El mal ejemplo lo dio igualmente el Gobierno, por boca además del propio presidente Maduro, al abonar este a la matriz inducida por algunos opinadores de que los pensionados quieren cobrar en efectivo para contrabandear con los billetes. El Presidente dijo que hubo personas que le insinuaron eso y que él no lo creía ¿Y si no lo cree, porque lo difunde?
En una entrevista que me hizo Vladimir Villegas, le expresé precisamente una opinión en torno a este tema, asomando que hay susceptibilidades que debemos superar en este país. En todos los países hay protestas y todos los gobiernos cometen errores, no es nada del otro mundo, no es algo extraordinario ¿por qué entonces no asumirlo con normalidad, por qué andar buscando pretextos y cargando las culpas siempre a otros? Todo este barrullo sobre el tema, incluyendo mi artículo que levantó roncha, mal leído por algunos, surgió de lo ocurrido el 1° de septiembre, cuando grupos de pensionados protestaron pacífica y democráticamente tras errores de información cometidos por el Gobierno y por los bancos.
En todo caso, justa o no, la protesta pacífica es un derecho inalienable del pueblo que no puede ser criminalizado y que está consagrado en nuestra Constitución en artículos como el 57 y el 61. El primero establece que "Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión" y el segundo que "Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito".
Por otra parte, el Gobierno, en vez de asumir el error comunicacional que cometió, lo cual no es ningún pecado mortal, trata de buscar culpables fuera de su seno, cayendo así en otro error que es práctica común. En vez de disculparse y corregir, y en todo caso explicar debidamente las verdaderas y comprensibles razones por las cuales se limita la entrega de efectivo, se insinúa que las acusaciones de algunos escribidores se justifican por el hecho de que hay pensionados que trafican con nuestra moneda.
Yo no dudo que una muy exigua cantidad de pensionados pueda delinquir de esa manera, también algunos jóvenes, hombres, mujeres, militares, guardias nacionales, funcionarios públicos y bípedos en general, no por ello vamos hacer señalamientos públicos incorrectos, si alguno de esos sectores se manifiesta pacíficamente cuando crea que sus derechos están siendo vulnerados. Se puede argumentar que alguna protesta pacífica no se justifica, pero no por ello se va a reprimirla o a criminalizarla (que es otra forma de reprimirla).
La verdad verdadera es que el grueso de los pensionados no tiene nada que ver con el contrabando de moneda. Busquen más bien en los bancos públicos y privados, primero que nada, que es donde se mueve masivamente la moneda. Investiguen a dueños de bancos, a gerentes bancarios, a cajeros ¿O acaso esa gente que se atrapa con centenares de millones en efectivo se surten con los pensionados?
Tengo algo absolutamente claro: no estoy en la Constituyente representando ni al Gobierno ni al PSUV, sino a quienes me eligieron, los pensionados de la región capital, y es mi deber insoslayable dar la cara por ellos, no importa los desafectos que ello pueda generarme. No soy monedita de oro pa caerle bien a todos (Chávez dixit). Me alegra que otro representante de los pensionados, David Paravisini, haya compartido públicamente la opinión de que lo que generó las protestas fue la desinformación proveniente del Gobierno, no porque fuera esa la intención, sino porque erró al tratar de informar. Ignoro si algún otro Constituyente de nuestro sector ha opinado sobre esto. En todo caso, que cada quien asuma su responsabilidad.
