Al momento de ser nombrado Ministro del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social por el Presidente Chávez, luego de su reelección, ya José Ramón Rivero formaba parte de esa casta sindical que había consumado maniobra de conquistar curules en la Asamblea Nacional, con los consabidos sueldos multimillonarios y prebendas, y al mismo tiempo pretender la representación de los trabajadores venezolanos. Venido de la FBT, sus últimos logros sindicales consistieron en sabotear la consolidación de la Unión Nacional de Trabajadores, luchando obcecadamente en contra de la realización de elecciones en la nueva central sindical. El nacimiento de la UNT prometió dar fin a la CTV, la decrépita central que se había jugado sus restos de representatividad en las aventuras fascistas de 2002 y 2003.
Rápidamente, el ministro aprovechó su nueva parcela de poder para privilegiar en las discusiones de la contratación colectiva en PDVSA a los sindicatos de la CTV, dirigidos por personajes ligados a Carlos Ortega; y a oportunistas de derecha como Rafael Rosales. Las tendencias CTR y C-CURA, de la UNT, denunciaron estas componendas. A la luz de este comportamiento, incluso la dirigente Marcela Máspero puso en entredicho la denominación "del poder popular", para un ministerio manejado con semejante criterio, y ello le mereció una descalificación pública muy dura por parte del Presidente Chávez.
Los ataques del ministro contra el sindicalismo revolucionario le llevaron a enfrentar la emblemática lucha que se libraba en Sanitarios Maracay, empresa abandonada por sus propietarios, los fascistas Pocaterra-Branger, y que funcionaba desde Noviembre de 2006 bajo la autogestión de sus trabajadores, quienes solicitaban al gobierno la expropiación de la fábrica para su funcionamiento bajo propiedad estatal y control obrero. Desde que se forma el Comité de Fábrica y comienza la producción bajo control de los trabajadores, el reformismo sindical, en la persona de Marcela Máspero, intenta crear un sindicato paralelo entre los empleados y algunos obreros que no participan de la toma, como un instrumento al servicio de la recuperación patronal de la empresa. El 29 de Abril, Rivero declara al diario El Nacional que la fábrica no es de interés estratégico para el gobierno, por lo que no será expropiada, y recomienda a los trabajadores que esperen a que el propietario venda los activos de la empresa para que les pague sus enormes deudas. En otras palabras, Rivero se muestra partidario del fin del control obrero y el regreso de los patronos a la empresa, pues, pese a haber ambiciosos planes de construcción de viviendas a nivel nacional, una fábrica de piezas de baño de tan importantes dimensiones carece de "interés estratégico".
La periodista Suhelis Tejero Puntes relata, en una nota publicada el 15 de Agosto, que los "propietarios de Sanitarios Maracay volvieron hace un mes y medio al ruedo, a través de una comisión que funciona en el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social para resolver la situación de la empresa." (http://politica.eluniversal.com/2007/08/15/eco_art_tomistas-de-sanitari_407748.shtml)
Esto significa que el ministro instaló una comisión en la sede del ministerio junto con los Pocaterra-Branger, para negociar y preparar el regreso de los patronos a la empresa, ignorando por completo la exhortación realizada en mayo por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, llamando al Ejecutivo Nacional a expropiar Sanitarios Maracay, precisamente para garantizar el derecho al trabajo y el pago de las deudas a los trabajadores. (http://www.aporrea.org/trabajadores/n95531.html).
Finalmente, y continuando la estrategia del burocratismo sindical de crear un aparato sindical paralelo al que liderizaba el control obrero en la fábrica, el ministerio aúpa a un grupo de empleados y obreros para que tomen la fábrica y faciliten el retorno del patrono. La reocupación patronal de la fábrica se materializa por ésta vía, el 10 de Agosto.
El más reciente atropello a los trabajadores por parte de Rivero ha sido el propinado a un grupo de trabajadores del sector público, afiliados a Fentrasep, quienes intentaron consignar propuestas de contratación colectiva ante el ministerio el 15 de Agosto. La funcionaria con la que se había previamente acordado la fecha para el trámite no se hizo presente, y se le anunció a los trabajadores que debían volver la otra semana. Los trabajadores decidieron no retirarse hasta que se les atendiera.
Esa noche les quitan la luz y el agua, así como el acceso a los ascensores y baños. De allí en adelante quedarán aislados, en la sede del ministerio.
El día 18 las esposas de los trabajadores logran hacerles llegar comida.
El día 19 a las 10 a.m. se presenta una comisión del CIPC para hacer un levantamiento, alegando que los sindicalistas habían dañado el cableado y la central telefónica del ministerio, para luego retirarse y declararse incompetente para el procedimiento.
El día 21 a mediodía, un grupo de más de setenta fascinerosos entra y desaloja por la fuerza a los 17 trabajadores que esperaron durante seis días a que el ministerio cumpliera con la obligación constitucional de recibir sus documentos y ofrecerles oportuna respuesta.
Ese día, Rivero declara, refiriéndose a los trabajadores que se encontraban aislados en la sede del ministerio: "... han estado diciendo que nosotros los hemos secuestrado, nosotros no hemos secuestrado a nadie, porque en definitiva allí nadie está pidiendo ningún rescate, no hay secuestro". (Prensa RNV, 21/8/07).
No es difícil entender por qué los trabajadores revolucionarios exigen la renuncia de este siniestro personaje.
