Como ya casi nadie ignora, somos una sociedad donde es una rareza hallar
funcionarios públicos moral y técnicamente capaces y vacunados contra la
corrupción. Esta prendió con excelente feracidad en nuestra Administración
Pública, a tal punto que ella pareciera sólo alimentarse con cada nuevo
nombramiento oficial.

Gobiernos van y vienen, Ministros van y vienen, enroques A, seguidos de B,
en un permanente círculo vicioso y pernicioso para el país como un todo,
aunque muy beneficioso para los corruptos de siempre.

Estos funcionarios corruptos están fuertemente organizados. Las leyes
internacionales y nacionales se han encargado de recoger un pesado texto
jurídico, penal nacional y diplomático internacional que prácticamente los
hace inmunes a cualquier castigo por lábil que este sea.

Complementariamente, esa realidad administrativa nos está hablando sobre la
existencia de unos ciudadanos probos y competentes que no son
precisamente quienes llenan las nóminas gubernamentales de ninguno de estos
países de bajo perfil civilizatorio. Son las personas que finalmente corren
con todas las cargas presupuestarias del delito cometido por el
funcionario corrupto, hasta ahora inmunizado según venimos infiriendo.

La contaminación es tal en países como el nuestro que de ella no han
escapado las insignes y honorables autoridades universitarias. Docentes,
rectores, vicerrectores, decanos, y otros funcionarios han sido harto
señalados como incursos en delitos contra la Cosa Pública (cónfer
actuaciones públicas del ex Ministro Samuel Moncada) sin que ninguno de
ellos hasta ahora haya sido sometido a sanción alguna, salvo al
sometimiento del llamado escarnio público de ese cotidiano chismorreo
mediático de latoso centimetraje que para gente de esa calaña apenas les
"resbala" en su endurecida y acocodrilada pelleja.

La corrosividad del acto corrupto venezolano no se detuvo en las altas
esferas académicas sino que llegó a las instituciones que se hallan fuera
del Presupuesto Nacional. Tal es el caso del llamado Fondo de de Pensiones
para Jubilaciones, Cap. de Venezuela. Este organismo afilia
obligatoriamente a cada funcionario público que entra en funciones como
personal activo. A estos funcionarios públicos activos y durante toda su
estadía como tales y no menos obligatoria y compulsivamente se les
quebranta su salario, quincenal o mensualmente, en la cuantía que
supuestamente servirá acumuladamente de Fondo para esos mismos funcionarios
públicos cuando hayan pasado a la condición de JUBILADOS UNIVERSITARIOS.

Y este es el caso de manifiesta corrupción en el Fondo de Jubilaciones de
Venezuela: Sobre una suerte de arbitrariedad gubernamental, sus directivos
decidieron seguirle cobrando la cuota de jubilación al personal mismo que
va siendo incorporado a la Nómina de Jubilados. Tal irregularidad
administrativa representa toda una importante aberración desprovista
de toda lógica entre personas de pensamiento sano, honesto y moralmente
frágil, pero que encaja perfectamente en la insana y desmoralizada conducta
de los administradores de este Fondo sin fondo para jubilaciones.

Así las cosas, tenemos un buen lote de JUBILADOS UNIVERSITARIOS que siguen
cotizando su cuota para el Fondo de Pensiones para cuando sean cesanteados
(suponemos) hasta de su condición de jubilados en este mundo y empiecen a
ser jubilados en el más allá. No podemos imaginar otra explicación coherente
con lo que está pasando.

Por todo eso, pensamos que independientemente de que esos administradores
del Fondo sin fondo de Jubilados estén o no lucrándose con dinero ajeno,
en el escaso caso de que queda algún brote sano en las nóminas nacionales
de la burocracia actual, ese Fondo debería reintegrar ipso facto, y con
los correspondientes créditos de intereses causados por apropiación
indebida, e íntegramente todo el cuantioso monto de retenciones no menos
indebidas. Todo eso, al margen de las sanciones administrativas y/o penales
que dejamos a criterio de otros funcionarios involucrados en estos manejos
de dinero público, pero ajeno.