Como pocas veces, la burguesía argentina de los grandes grupos cerró filas detrás de una de sus naves insignia en una guerra imaginaria contra un nuevo bolchevismo latinoamericano. En menos de 24 horas, entre el jueves 21 de mayo cuando ocurrió el hecho y la mañana del sábado 23, la prensa comercial argentina se llenó de titulares armagedónicos que anunciaban cataclismos revolucionarios en un país del Caribe.

Quince entidades empresarias saltaron y formaron una muralla que parecía inexpugnable. Las dos más grandes asociaciones del mundo industrial, tres del sector exportador y dos que agrupan a los bancos, además de tres empresas del servicio eléctrico y seis cámaras binacionales. Todo porque el gobierno de Chávez decidió ejercer el derecho soberano a comprar a precio internacional tres empresas que producen briquetas y tubos sin costura, con el objetivo de acoplarlas a un plan de desarrollo económico integral endógeno.

Lo que debió ser una operación comercial tan común en el mundo de hoy como trasladar fondos de una cuenta a otra en el planeta Tierra, se convirtió en el mayor susto chavista de los capitalistas argentinos. Más sorprendió la asonada mediática, lo más parecido a las antiguas fanfarrias en las guerras de posiciones.

Esta reacción cerradamente de clase y corporativa tiene su explicación en los hechos desconocidos que condujeron a las nacionalizaciones. Las tres empresas argentinas, como las otras de otros capitales del mundo (Japón, Australia, etc.), traían a cuestas un enfrentamiento insostenible de más de dos años. Pero no con el gobierno venezolano, sino con los trabajadores y sindicatos clasistas de Ciudad Guayana, donde se encuentra el mayor emporio minero-sidero-metalúrgico del país.

En Matessi, donde la inversión madre era del 90 por ciento, la empresa dejó de pagar salarios el 11 de octubre de 2008, casi ocho meses antes del susto. Sus 400 obreros resistieron tanto como pudieron en el terreno sindical y legal. La empresa había dejado de entregar briquetas de hierro a Sidor, la siderúrgica mayor, desde hacía cinco meses y tres días (hasta el 21 de mayo), violando una obligación contraída con el Estado.

¿La razón? Tan vieja como el comercio: presionar. Presionar en dos terrenos: un mayor precio por la venta de Sidor, nacionalizada hace un año, y por Matessi y las otras. Se la veían venir.

En Tavsa, la empresa dejó de cumplir 37 cláusulas (casi la mitad) del convenio laboral en los días finales de diciembre de 2007. Desde el 26 de enero de 2008 el contrato laboral fue dejado en suspenso y, como se sabe, sin él los trabajadores quedan desnudos de derechos. Este desconocimiento del contrato condujo a la negación total de la directiva sindical y a una picardía mayor: vendía los tubos sin costura en el mercado internacional, usando materia prima, trabajo semiesclavo y energía gratis venezolanos. El informe confeccionado por los trabajadores y técnicos de Sidor, tomado para el expediente jurídico, determinó que la madre argentina de estas firmas no pagó electricidad estatal tres años y once meses exactamente, desde 1997.

En ambas empresas, y en las otras, la metodología aplicada para rebajar gastos y costos fijos era tercerizar, algo que en la Argentina suelen definir con una aplicación verbal de horrible etnicismo: “negrear”.

Estos métodos irracionales de explotación no impidieron un resultado industrial más irracional en términos productivos. Mientras en Corea del Sur y Japón se requiere una tonelada de producción de acero por cada 10-15 empleos, en Venezuela estas empresas invirtieron la ecuación: explotan casi 12 toneladas para generar entre uno y dos empleos.

Estas inversiones, como las de otros orígenes nacionales establecidas en el país caribeño desde el plan de privatización de 1995-1996, olvidaron un pequeño detalle cuando facturaban. Las reglas neoliberales de vida social, sindical, económica y política comenzaron a caducar oficialmente en 1999, aunque su derrota comenzó diez años antes con el Caracazo.

Un resultado de ese aprendizaje acelerado fue un intenso taller de 48 horas realizado por los trabajadores, técnicos e ingenieros de las plantas de Guayana, el 18 y 19 de mayo.

De ese taller, acordado con el presidente Hugo Chávez un día antes de viajar a firmar acuerdos en la Argentina, salió el programa de reconversión y reorganización de las plantas al servicio de un plan nacional de desarrollo endógeno; las nacionalizaciones, la nueva gestión bajo control obrero y el 20 por ciento de salario reducido a los altos gerentes y aumentado a los trabajadores en el mismo acto. Además de la activación de la Universidad de los Trabajadores, prohibida por Techint en Sidor en 2007, aunque implementada en Campana en 2009, bajo criterios neoliberales, claro.

Pasado el susto y vuelta la cordura empresarial, ellos sólo esperan lo que más les gusta: la billetera de Chávez.

*Escritor y periodista venezolano, autor de "Quién inventó a Chávez"