Como alternativa, se han planteado nuevas orientaciones para reformar las instituciones democráticas, adoptando un modelo participativo, en donde se defina una nueva concepción de ciudadanía. Diseñar espacios deliberativos y participativos, desde donde los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil orienten las políticas públicas, tanto en el diseño, control y ejecución, son los nuevos retos que están en el debate sobre las reformas del Estado. Anteriormente –y aún sigue estando presente- los temas que orientaban las discusiones sobre un nuevo modelo de Estado giraban en torno a la reducción de las dimensiones del Estado, los controles horizontales o ínter poderes públicos –presidencialismo vs. parlamentarismo y controles judiciales-, y las condiciones favorables para que el mercado cumpla sin mayores obstáculos el nuevo rol histórico que desempeñaría en la conducción de los destinos de las naciones, entre las más relevantes.
La incorporación del ciudadano y las organizaciones que en conjunto integra –sociedad civil-, en actividades de control social, la participación directa en los asuntos públicos, y el ejercicio directo de funciones de interés público en los espacios públicos no estatales, han dado un giro interesante a las discusiones sobre la gobernabilidad democrática, que es la finalidad de la reforma del Estado en términos generales. Experiencias notables están a la orden del día: el presupuesto participativo de Porto Alegre (Brasil), los Comité de Vigilancia en Bolivia, las Veedurías en Colombia, y en donde en estos últimos dos casos se inscriben en reformas jurídico-institucionales, creando por ley un conjunto de instituciones, a diferencia de la informalidad del caso brasileño.
Venezuela, no escapa de la discusión de estos temas. Desde mediados de los ochenta, con la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), se está discutiendo sobre un nuevo Estado, motivado principalmente por las reformas económicas de mercado, y la necesidad de reducirlo para hacerlo más eficiente. Sin embargo, es en 1999, con el diseño de una nueva Constitución Nacional, que se incorporan mecanismos de participación directa, control social, y el reconocimiento de una serie de derechos políticos, sociales, económicos y culturales, que definen una nueva concepción de ciudadanía.
Uno de estos mecanismos es el Consejo Federal de Gobierno. Tiene como misión dictar lineamientos de planificación y coordinación de las políticas y acciones necesarias para el adecuado desarrollo regional, así como atender el establecimiento del régimen para la transferencia de las competencias de los entes territoriales, a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado. En su fuero, se van a dar cita el Poder Ejecutivo encabezado por el Vicepresidente ejecutivo quien lo preside, todos los gobernadores, así como un representante de las alcaldías por cada estado, y representantes de las expresiones organizadas de la sociedad. Es un espacio plural, donde se van a definir aspectos olvidados del proceso trunco de descentralización, orientados fundamentalmente a saldar la deuda de inequidad existente entre los espacios políticos territoriales concentrados en el eje norte-costero con referencia al resto del país, el cual bajo un criterio estrictamente poblacional, fue desfavorecido con recursos para el desarrollo. Por cierto el Alcalde del municipio Guaicaipuro Alirio Mendoza, es el representante de los alcaldes del estado Bolivariano de Miranda, a quien desde este espacio le deseamos el mejor de los desempeños en este rol histórico.
Difícilmente podamos comparar el desarrollo turístico de Higuerote con el de la Isla de Margarita, pero potencialmente considero que Higuerote tiene ventajas comparativas insoslayables. Pero obviamente la atención y el destino de recursos diversos para potenciar Margarita como destino turístico la hace más apetecible para el turismo criollo e internacional. Por otro lado, siguiendo con ejemplos, ¿son mayores las necesidades del municipio Heres con las del municipio Iribarren? Una buena respuesta es que son distintas, pero los indicadores que se usaban para resolver y dar respuesta a este problema era estrictamente poblacional, beneficiando a los municipios y estados más poblados.
Por otra parte, esta pluralidad de actores, va a servir como arena donde las diversas controversias generadas en torno a la Ley se van a disipar. Un pollo valenciano con aires de príncipe, decía a viva voz mediática (o sea, por medio de un micrófono o gracias a la pluma de algún periodista locuaz) que con el Consejo se estaba eliminando las competencias a los estados y municipios, incluso aduciendo que se recortaban los ingresos provenientes del situado constitucional, mayor verborrea errada y malévola, digna de los errores imberbes de la torpe oposición. Considero que se amplían capacidades, dejando como posibilidad real la transferencia de competencias a las comunidades, tal como lo establece la CRBV.
Invito a cada uno de ustedes a estar pendiente de lo que acontece en torno a este espacio, al cual le he dado la importancia similar a la que tiene la Asamblea Nacional, pues en una está representado el poder constituyente mientras que en la otra los constituidos más parte de la suma de la primera. A la expectativa!
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