La nefasta Cuarta República dejó un rosario de calamidades y de injusticias que son un imperativo para el proceso revolucionario bolivariano acometer y buscarles solución a cada una de estas. La cuestión de la vivienda es uno de los mayores imperativos por el altísimo volumen social donde, precisamente, el capitalismo hundió sus afiladas garras contra nuestra población dejando una descomunal deuda social que, como otras, debe acometer y darle solución nuestra Revolución.
Si la cuota o el déficit de viviendas a nivel nacional pudiera, conservadoramente, ubicarse en un millón y medio, responsabilidad que el gobierno revolucionario ha ido acometiendo con seriedad, pese a los incontables inconvenientes y limitaciones que en el desarrollo de estas políticas se han venido presentando. Decir que nada se ha hecho sería una injusticia; pero decir que el problema ha sido resuelto resultaría igualmente una torpeza, pues todos sabemos que no es verdad.
Las políticas gubernamentales, en las asimetrías de desarrollo y recursos que presentan nuestros Estados, ha ido desarrollándose implementando incluso alianzas estratégicas con países como Irán, China, Rusia para aprovechar experiencias que permitan andar más rápido.
Pero donde se ha avanzado con mucha lentitud es en lo referente a las políticas de permitan hacer justicia a las miles de familias venezolanas que habitan en viviendas –viejos edificios la mayor parte de las veces– alquiladas desde hace 20, 30 y hasta 50 o quizás más años. Por una elemental razón de justicia estas familias, acosadas por latifundistas de la vivienda, por abogados inescrupulosos y por tribunales cuyos jueces se prestan implementar desalojos violentos, que dejan en la calle a familias, muchas veces formadas por adultos mayores. El dinero correa raudales y presiona, los caseros se mueven todavía a sus anchas en el mercado capitalista de la vivienda y buscan los desalojos masivos para iniciar el ciclo siniestro de alquilarle a nuevas familias, igualmente necesitadas de una vivienda.
Hay que ponerle un freno definitivo a tamañas injusticias y arbitrariedades. Las movilizaciones y luchas de los inquilinos y de las familias porque se haga justicia, les sean entregadas las viviendas que han pagado con creces, es un componente fundamental de esa lucha. ¡Hay que tomar la calle! Igualmente la Asamblea Nacional con una larga mora en la aprobación de la ley de arrendamiento inmobiliario.
Todos saben, es un secreto a voces, de la existencia de mafias inmobiliarias de arrendamiento de viviendas, sobre todo de apartamientos, cuyos jefes viven en el exterior y se enriquecen expoliando a los inquilinos. Pero, igualmente, la Dirección de Inquilinato del MOPVI, no cumple con el papel que le asigna la Ley de Inquilinato, funcionarios cuartorepublicanos, quinta columnistas infiltrados en la revolución que le hacen, con su actitud burocrática, indiferente ante los múltiples atropellos que se suceden a diario con los inquilinos, el juego a los caseros, se venden, dejan hacer. Alerta ministro Diosdado Cabello.
Estamos en presencia de un gravísimo problema social cuya solución está en manos de inquilinos luchadores y de diputados que aceleren el paso, aprieten la chola y aprueben ¡ya! la necesitada y urgente ley de reforma urbana.
(humbertocaracola@gmail.com)
