A propósito de las discusiones generadas a partir del 12 de octubre y la politización de las nominaciones atribuidas a esta fecha, se hace necesaria la reflexión sobre algunos elementos. La idea del mestizaje en América Latina y más específicamente en nuestro país se introdujo y constituyó como un instrumento invisibilizador del extermino genocida ejercido por los europeos en contra de las civilizaciones de nuestra América.
Si bien es cierto que nuestra población se constituye de mestizos (vale acotar que fundamentalmente en los sectores más desposeídos, pues sin duda las auto reconocidas como élites se han cuidado lo suficiente de manchar “su pureza racial”) éste es y fue un mestizaje violento, violentado y violentador; específicamente violentador de las mujeres, indígenas y africanas constituidas en objeto de placer del hombre blanco colonizador.
El 12 de octubre de 1492 se constituye como el momento histórico clave en el cual podemos reconocer el inicio de la expoliación de nuestros recursos, el desplazamiento de nuestras culturas originarias y de la aún ejercida violencia contra nuestros pueblos, pero más aún hacia nuestras mujeres, las cuales continúan arrastrando la secuelas de esa violencia, al seguir siendo las mujeres indígenas y afrodescendientes las más excluidas y violentadas.
Si bien en éstas denominadas sociedades “modernas”, la discriminación exclusión, subordinación y violencia, ha proliferado y extendido, manifestándose en diversas formas, no solo en favores sexuales obtenidos a través de la intimidación, la fuerza y el irrespeto a la voluntad, sino por el contrario en su materialización en prácticas socioculturales y políticas que marginalizaron y profundizaron las precarias y deshumanizantes condiciones de existencia de la mujer, comprendida y definida como diferente e inferior por el colono hombre, blanco, heterosexual, poseedor de riquezas y cristiano.
Es por ello que la pobreza y la inequidad tienen nombre de mujer, para ser más específica, de mujer indígena y de mujer afrodescendiente. En todas las sociedades en donde impera la pobreza, sus mayores exponentes son las mujeres, sin embargo esta pobreza feminizada ha de tener como agravante indudablemente su pertenencia étnica-racial. Si a esto añadimos y reconocemos a las mujeres afrodescendientes e indígenas sexo diversas (lesbianas, bisexuales, transexuales) y obreras, las posibilidades de emancipación, participación y decisión habrán de verse más constrictas.
En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, por mencionar una de las tantas aristas de la discriminación, las mujeres indígenas y afrodescendientes tienen mayor riesgo de morir producto del aborto o interrupción voluntaria del embarazo, al haberse constituido éste en privilegio exclusivo de los grupos dominantes, es decir de aquellas mujeres blancas o eurodescendientes con acceso a los recursos económicos.
No basta entonces para erradicar el racismo y la desigualdad por razones de género con el reconocimiento nominal e icnográfico, la burda exposición y exhibición de estos pueblos y mujeres históricamente invisibilizados(as), sin modificar la estructura organizacional de la sociedad en pro del reconocimiento e inclusión participativa; la diferencia necesariamente debe traducirse en oportunidad, en visibilización, en participación, indistintamente de la posición desde la cual comprendamos aquellos hechos del 12 de octubre que aún marcan el destino de nosotras como mujeres.
El reto de nuestras instituciones ha de ser la búsqueda de superación de la discriminación excluyente y los tradicionales criterios asistencialistas del estado burgués caritativista, la sociedad demanda su sustitución por políticas afirmativas, en donde las mujeres se definan como hacedoras de sus realidades y soluciones, mediante el apoyo de un estado y un complejo institucional consolidado como apoyo, acompañante, y creador de condiciones, que en consecuencia permitan la vindicación, protagonismo y participación de las oprimidas, lo cual solo puede lograrse mediante la descolonización, despatriarcalización, descapitalización y desracialización de las relaciones social y del estado.
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