La consigna surge solita, parece que no requiere la menor discusión e incluso se ajusta a cualquier lógica medianamente pensante, pues aún en los predios ideológicos de la empresa privada capitalista, los recursos financieros son entregados contra factura, es decir, contra cuentas rendidas para justificar el gasto o ejecución presupuestaria en correspondencia con los intereses y propósitos de los dueños de las empresas.
No obstante para los compas neoliberales, para quienes los recursos del pueblo siempre constituyeron la fuente de su enriquecimiento personal y doloso, las finanzas administradas por el Estado les deben ser entregadas sin explicar cómo ni para que las usan, pues ellos sí saben hacer las cosas bien...
Es la lógica de quienes se acostumbraron a dilapidar la riqueza nacional, privatizando las ganancias y socializando las pérdidas, al más puro estilo de la burbuja financiera e inmobiliaria del capitalismo mundial que estalló en 2007, la cual aboga por NO intervención del Estado en la economía, pero SÍ al otorgamiento de auxilios financieros, para que los banqueros y accionistas se los roben descaradamente.
Es la misma lógica que hoy esgrimen las élites de las universidades autónomas venezolanas, quienes actuando cual barril sin fondos, piden y piden presupuesto, pero se niegan y se niegan reiteradamente a explicar qué han hecho y qué harán con los dineros de todas y todos, asumiendo que su autonomía administrativa les otorga una especie de patente de corsos para derrocharlos en sus beneficios personales.
El cuento del presupuesto justo para las universidades es tan viejo, que los chamos manitas blancas, franelas amarillas y gorritas finas que estuvieron en la montonera mediática el 13 de octubre en la esquina de El Chorro, no podían explicar qué es el presupuesto y mucho menos lo de justo, pues sus cortas memorias no tienen “eso” registrado en sus códigos digitales. Algunos hasta se preguntaban entre ellos: “¿y pa´ qué es que se necesita esa plata que estamos pidiendo, chama?…”
En modo alguno estamos diciendo que no haya deficiencias presupuestarias en nuestras universidades. Ni que los sueldos de nuestros trabajadores docentes, obreros y administrativos sean óptimos. Como tampoco diremos que estamos dotados sobradamente de planta física, mobiliario y equipos, o que las becas a nuestros estudiantes sean suficientes en monto y número de becados. Claro que tenemos limitaciones, estos son temas que nos preocupan y ocupan desde nuestra época estudiantil en los ´80, cuando conscientemente pedíamos presupuesto justo y recibíamos planazos, lacrimógenas y hasta plomo. Ya desde esa época creíamos en la obligatoriedad de las autoridades de rendirle cuentas a la comunidad universitaria y al fisco nacional, para justificar esas demandas de más presupuesto.
Lo irónico es que aún cuando lo incrementaban, ni los trabajadores, y menos aún los estudiantes, nos enterábamos que había más recursos, salvo cuando veíamos a los rectores con automóviles nuevos, remodelación de sus oficinas y otras dizque “mejoras para la universidad”, siempre relacionadas con compras de bienes, contrataciones de servicios y otros contratos, que les dejaban buenas comisiones a ellos y sus panas más cercanos. Es decir: jamás el presupuesto se manifestaba en autobuses para los estudiantes, libros para las bibliotecas, comedores u otros beneficios que hoy constituyen prioridad para la revolución educativa bolivariana. Aunque quieran negarlo mediáticamente, la realidad se aprecia, entre otras, en las aldeas universitarias, en el acceso a la educación a través de los PNF y en la creación de nuevas universidades.
Necesario es decir que ni los gobiernos cuartorepublicanos, ni los sindicatos cetevistas de la época pedían cuentas, pues no les convenía ya que estaban en la jugada con las élites. Por su parte las élites universitarias decían que eso de rendir cuentas era sólo para las universidades privadas, las cuales tenían dueños que vigilaban sus inversiones, pero no para la academia pública que era autónoma y de todos (¿?)…Por su parte el pueblo engañado no lo consideraba obligatorio, pues era asunto de la autonomía universitaria, argumento que una vez más se esgrime para evadir la responsabilidad de explicar qué se hace con el dinero, en qué y en cuánto es insuficiente el presupuesto asignado y a dónde van los ingresos propios.
Ahora bien, si las universidades dedicamos realmente los presupuestos a la formación del talento humano, a la creación del conocimiento e innovación científico-tecnológica y brindar acompañamiento técnico y cultural a las comunidades para la solución de sus problemas, tal como lo encarga la sociedad, cabe preguntarnos: ¿Por qué no rendir cuentas al Poder Popular? ¿Por qué no remitir al MPPEU las nóminas de trabajadores y trabajadoras? ¿Qué impide enviar a la OPSU las nóminas con la matrícula estudiantil? ¿Por qué no informar de las investigaciones en curso y otras actividades que se financian con el presupuesto?
Reflexionar estas interrogantes y rendir cuentas, seguramente permitirá demostrar insuficiencias y que el presupuesto sea justo para todas y todos, no sólo para las élites universitarias.
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