El año 2010 cierra con un saldo de
900 millones de personas alrededor del mundo que sufren la carencia casi
absoluta del agua potable y se estima que llegarán a 2500 millones en
el año 2025. Aunque el problema es mundial, todo indica que serán los
países no desarrollados quienes padecerán esta agonía, debido a su
ascendente crecimiento poblacional (se estiman, que nacen en esos
territorios el 95% de las 80 millones de personas que cada año
incrementan la población del planeta). Así mismo, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y de UNICEF, señala que diariamente 24.000
niños mueren en los países latinoamericanos, caribeños y africanos por
causas que se pueden prevenir como la diarrea, el cólera, infecciones
parasitarias y virales, enfermedades como la malaria y la tuberculosis,
todas estas, las cuales se sabe que ejercen una fuerte acción depresiva
sobre el sistema inmunológico producto de las aguas contaminadas. Se
calcula que un niño sufre hasta cuatro episodios de diarrea al año. Los
niños y niñas tienen hasta una probabilidad de sufrir diarreas de hasta
240 veces mayor que los niños de los países desarrollados. Todo esto
conduce a que por la carencia del agua potable en esas regiones, un niño
muere cada tres segundos y medio.
En materia de distribución, se estima, según la OMS, que se necesitan por persona 50 litros de agua potable por día. Teniendo 55 países un consumo de agua potable por persona /día por debajo del mínimo. En Latinoamérica por ejemplo, consumimos una media de 250 litros por persona/ día (donde solo al cepillarnos con el grifo abierto, se nos van aproximadamente entre 10 a 20 litros y 45 al usar el Inodoro). Por cierto, lavar un vehículo, con una manguera puede suponer un consumo de unos 500 litros de agua. Mientras que en algunas zonas de África no llegan a los 2,5 litros de agua potable por persona.
Por supuesto que los países desarrollados, han estado tomando sus precauciones, recolonialistas o neocolonialistas, estimulando iniciativas de privatización del agua potable, bajo supuestas medidas “bien intencionadas” para la reducción de pobreza, la disminución de la deuda, la liberalización del comercio y el desarrollo económico.
