Hace 108 años quince acorazados de Inglaterra, Alemania e Italia cañonearon nuestras costas, derruyeron nuestras fortalezas, desembarcaron tropas, quemaron oficinas públicas y documentos históricos y robaron hasta las campanas de las iglesias. Cobraban a cañonazos supuestas acreencias cuya validez y monto, conforme disponen nuestras constituciones desde el siglo XIX, sólo podía ser reconocido y estimado por tribunales venezolanos y según nuestras leyes. El irreductible Cipriano Castro resistió, y cien mil voluntarios se ofrecieron para defender la inmunidad de jurisdicción de Venezuela. La mediación de Estados Unidos redujo la desmesurada reclamación de 186.400.000 bolívares a la sexta parte.

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Del desdichado incidente los venezolanos no aprendimos nada; las transnacionales, todo. En violación de nuestras constituciones, las empresas foráneas sistemáticamente pretenden introducir en los contratos de interés público cláusulas que someten las controversias que surjan sobre ellos a leyes, jueces y árbitros extranjeros. Éstos sentencian invariablemente a favor de los imperios: de 232 casos sometidos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones (CIADI), 230 fueron decididos a favor de las transnacionales. Cuando el dinero nombra al juez, escribe la sentencia.

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Así, en esta década, árbitros internacionales condenaron a Venezuela a pagar pesada indemnización a la transnacional Maxipistas para premiarla por fracasar en la administración de la autopista Caracas-La Guaira. Negociadores transnacionales exigen que Venezuela indemnice a INTESA, cuyo sabotaje del corazón informático de PDVSA nos costó pérdidas de 15.000 millones de dólares. Reclama indemnización ante árbitros extranjeros la Gold Reserve, predadora de nuestros recursos auríferos. También pretenden sendas demandas ante órganos jurisdiccionales extranjeros las transnacionales Cemex y Conoco. La Exxon intentó confiscar las reservas internacionales de Venezuela para garantizar las resultas de una demanda temeraria ante tribunales extranjeros. Sus medidas cautelares intentaban afianzar el pago de 12.000 millones de dólares. Consigné ante nuestros funcionarios los tratados internacionales que prohíben tal práctica. A punto estuvimos de ser bloqueados, no ya por acorazados, sino por árbitros extranjeros y jueces apátridas que inconstitucionalmente ceden a aquellos la irrenunciable competencia para decidir controversias sobre nuestros contratos de interés público.

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El 20 de diciembre de 2010 el New York Post informa que los 23 magistrados del Juzgado del Sexto Circuito de Apelaciones negaron a Venezuela el derecho de debatir ante la Corte Suprema de Apelaciones de EEUU la demanda de un grupo de inversionistas de Ohio que reclaman 8.000 millones de dólares por bonos de Bandagro. Su abogado David Richards prepara el embargo de las gasolineras de Citgo, tres refinerías en la costa del Golfo y una flota de tanqueros de PDVSA anclados en Houston. Seguramente descorchan botellas de champaña los jueces venezolanos que sostienen que las controversias sobre nuestros contratos de interés público deben ser resueltas por jueces y árbitros extranjeros: gracias a sus complacientes veredictos, Venezuela está una vez más bloqueada, sin necesidad de acorazados ni soldados extranjeros.

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Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y éstos, las agresiones que facilitan. Varias veces he alertado que contra Venezuela se prepara un golpe judicial. Una andanada de demandas temerarias será decidida en contra nuestra por una jauría de tribunales y árbitros extranjeros. Para garantizar el pago de los 12.000 millones de dólares que pretende la Exxon en su demanda todavía en curso, y de los 8.000 millones que exigen los titulares de bonos de Bandagro, y de los miles de millones adicionales que reclaman Cemex y Conoco y la Gold Reserve y cuanta transnacional entre en la conspiración, los jueces extranjeros ordenarán el embargo masivo de tanqueros y envíos de petróleo y compras venezolanas en el exterior. A la suma total demandada se añadirán las de los intereses y las costas judiciales y los honorarios profesionales. No hay que olvidar, por otra parte, que para mejor garantizar el pago las medidas de embargo se ejecutan sobre bienes que valen el doble de lo demandado. Sólo las demandas de la Exxon y de los inversionistas de Ohío implicarían embargos acumulados por 40.000 millones de dólares: el monto de nuestras reservas internacionales. Bastará con ello para inferir catastrófico y quizá irreparable golpe a la economía venezolana.

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En la segunda fase del golpe judicial, malinterpretando el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana, que pareciera hacer prevalecer contra ella los tratados sobre Derechos Humanos, un juez extranjero depondrá al Presidente de Venezuela por alguna supuesta violación de aquellos. Con tal fin desde hace tiempo llueven demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de la Organización de Estados Americanos. En el momento oportuno, diluviarán ante el Tribunal de La Haya y ante cualquier otro conciliábulo que se sienta con ganas de deponer gobiernos progresistas.

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Golpe avisado no tumba gobierno. Para evitarlo, en las Leyes Habilitantes declaremos sin valor cualquier contrato que someta el interés público de Venezuela a leyes, árbitros o jueces extranjeros. Legislemos de manera que ni la interpretación más retorcida pueda inventar excepciones al artículo 151 de la Constitución, y ni a la inmunidad de jurisdicción que consagra su artículo 5. Sigamos el ejemplo de Ecuador retirémonos del CIADI y denunciemos todo tratado que inconstitucionalmente intente someternos a tribunales extranjeros. Elijamos jueces que defiendan nuestra inmunidad de jurisdicción. El golpe avisa; el golpe judicial ha avisado demasiadas veces.

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