Hace 19 años, un 4 de febrero de 1992, los venezolanos se despertaron sobresaltados. Un acontecimiento escasamente pensado para aquellos acostumbrados a la estabilidad y gobernabilidad democrática estaba sucediendo: un intento de golpe de Estado. Desde mediados de la década de los años 60, con las fracasadas intentonas de Carúpano, Puerto Cabello y La Guaira, no se había sabido de un proceso equiparable a lo que sucedía. Para la mayoría de los venezolanos, sumidos en la institucionalidad cultural de la aceptación sumisa del status quo, no era posible entender lo que sucedió. Sin embargo, había que ver en la dinámica social, económica y política para comprender lo ahí experimentado.
La sociedad venezolana, cuya dependencia del petróleo es una tradición histórica desde principios del siglo XX, había sentido desde finales de la década de los 70 los efectos de la denominada “enfermedad holandesa”, que no es más que la recurrencia a un progresivo endeudamiento externo e interno destinado a cubrir el gasto público exorbitante, destinado esencialmente no a disminuir la pobreza sino a paliarla, sin soluciones estructurales de fondo. La caída de los precios de exportación del petróleo a partir de 1982, redujo la capacidad del Estado para mantener los subsidios y programas sociales, obligando a las instituciones y organismos iniciar un proceso de “entendimiento” con organismos financieros internacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional entre otros. Esa relación estuvo basada en la adhesión a un conjunto de recomendaciones que condujeron a la reducción del estado, mediante políticas privatizadoras, la eliminación de subsidios, la congelación de programas sociales cuyos efectos inmediatos fueron el incremento de la pobreza, inflación y desempleo.
Estas acciones derivaron en una crisis de expectativas que se elevó con el triunfo de Carlos Andrés Pérez en las elecciones presidenciales de 1988. CAP llego al poder con la promesa de la ilusión del retorno a la Venezuela Saudita de ingresos petroleros extraordinarios y un gasto público elevado, sin embargo el despertar de la realidad se produjo pocos días luego de haber asumido el cargo, cuando anunció – en articulación con el Fondo Monetario Internacional- una serie de medidas de ajuste económico que produjo una explosión social, que fue salvajemente reprimida con un saldos de muertos aún no establecidos entre el 27 y 29 de febrero de 1989.
La represión militar, el papel de subordinación de las fuerzas armadas como brazo armado y limitante de la protesta, aunado a la crisis estructural del sistema democrático, así como los fallidos intentos de reforma constitucional adelantados por el Congreso, a través de la coordinación del expresidente Rafael Caldera, mostraron la imposibilidad de salidas institucionales y bajo los canales democráticos para la crisis de gobernabilidad de la democracia venezolana. ¿Cómo entender que un grupo de militares jóvenes se atrevieran a intentar derrocar un gobierno democrático? Habría que analizar el planteamiento que la izquierda histórica había hecho en la década de los 60 acerca de la necesidad de penetrar la estructura militar con el objeto de implosionar internamente el sistema político, tal como lo planteaban Douglas Bravo y Elías Manuit en documento fechado en 1964, estableciendo alianzas con otros sectores en una coyuntura de crisis. Esa tesis se concretaría gracias a los efectos del Plan Andrés Bello, implementado en la pensa de la carrera militar y que permitió el acercamiento del estamento – protector coactivo del sistema- hacia otras realidades sociales y económicas, a través de una formación académica más amplia.
Los militares que insurgieron el 4-F eran la encarnación de esa apertura y crisis de expectativas de los venezolanos. Planteaban una salida de fuerza que inmediatamente debió ser acompañada por un conjunto de decretos que abordaban temas como manejo de los recursos del petróleo, seguridad alimentaria, reducción de la dependencia económica, política internacional no alineada exclusivamente a los EEUU, entre otros aspectos. En un país donde lo característico era que nadie asumiera sus responsabilidades, el Comandante Hugo Chávez asumía la responsabilidad de la incursión militar ante un país atónito ante lo sucedido.
La debilidad institucional, más bien la fragilidad política de los actores históricos (partidos, fuerzas armadas, grupos económicos) quedó evidenciada y con ello se resquebrajo un cuadro de entendimiento corporativo que prevaleció desde la firma del Pacto de Nueva York (1957) y ratificado por el Pacto de Punto de Fijo (1958) entre los partidos AD (socialdemócrata), COPEI (socialcristiano) y URD (centro).La campanada de dignidad y rebeldía de ese conjunto de Comandantes, mayores, capitanes y tenientes (COMACATES) fue ganando espacios y avanzaron hacia el éxito político que no tuvo el golpe de Estado. Desde el punto de vista de los objetivos la intentona fracasó, pues no tomó el poder pero triunfó en el proceso de larga duración, dando inició a una dinámica que aún hoy experimentamos los venezolanos.
Dr. Juan Eduardo Romero
Historiador
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