Las democracias liberales modernas heredaron de la ilustración el concepto de separación de poderes, concebido por el Baron de Montesquieu, Charles Louis de Secondat, en su obra “El espíritu de las Leyes” (1748). Con ello, se generaba un contrapeso entre los poderes clásicos ejecutivo, legislativo y judicial, con el objeto de evitar la concentración de poderes en un solo individuo, en aquel momento expresado en la figura del monarca. Paradójicamente, ello ha traído en tiempos modernos, múltiples diseños de sistemas de gobiernos que han dado cuenta de realidades diversas y muy complejas.
Esta separación de poderes ha permitido un control a veces excesivo y negativo del poder legislativo sobre el ejecutivo, que ha causado niveles importantes de ingobernabilidad en países como Ecuador. En el período comprendido entre 1996 y 2006, los tres presidentes electos popularmente fueron destituidos por el Congreso ecuatoriano, lo cual no permitió la culminación del mandato constitucional. En el caso venezolano el uso de los controles del legislativo sobre el ejecutivo se puso en práctica en 1993, cuando se efectuó un juicio político al presidente Carlos A. Pérez.
Por ello, cuando hablamos de separación de poderes, no sólo debemos referirnos a la necesaria diferenciación de competencias del poder ejecutivo frente a los demás poderes, sino el balance que entre ellos debe existir. En Venezuela, una de las banderas políticas de la oposición para criticar al gobierno de Chávez, ha sido justamente el reclamo por una separación de poderes públicos, y la disminución de la injerencia del poder ejecutivo sobre el resto. Sin embargo, vamos a analizar que tales críticas a veces se convierten en un boomerang que termina convirtiendo el acusador en acusado.
Actualmente, un caso muy particular está sucediendo en la Asamblea Nacional, desde donde se ha intentado por diversos medios asaltar las competencias del poder judicial, en una suerte de convertir un juicio penal en un juicio político. En otros términos, se ha insistido en el deseo de politizar una situación que le compete al Poder Judicial y al Moral. Exclusivamente.
Desde el momento en que los diputados Julio Montoya y Miguel A. Rodríguez solicitaron a la Fiscalía colombiana entrevistarse con Walid Makled, quien es acusado de homicidio, legitimación ilícita de capitales, asociación para delinquir y tráfico de estupefacientes, se evidenció el deseo de politizar una situación que debe corresponder a las autoridades judiciales, y no a las políticas. Se entiende que el interés es dimensionar las acusaciones –aún sin pruebas conocidas públicamente- relacionadas con corrupción en el sector público, con el fin de utilizarlo como una herramienta en contra del gobierno de Chávez. Pero más allá de los deseos de aclarar las acusaciones contra funcionarios de gobierno, ¿Qué pretende la oposición haciendo del caso Makled un escándalo político? Es obvia la respuesta en un año preelectoral.
Por otra parte, ya se han manifestado posturas dentro de la oposición que confunden y evidencian que no hay una sola opinión o postura en torno al suceso. Hay un sector que ha mantenido la determinación de politizar el caso Makled, a partir de la generación de múltiples estrategias que van, como lo mencionábamos antes, desde la posibilidad de una entrevista privada hasta la creación de una comisión de veedores. Por otra parte, hay otros que sin conocer las acusaciones y enterarse de las supuestas evidencias, han determinado que no tiene credibilidad lo que plantee Makled. Hay también quienes ya sentenciaron a Makled y absolvieron a los involucrados. Incluso, hay otros que han planteado que las acusaciones van a dirigirse a dirigentes opositores en vez de ser implicado los funcionarios del gobierno de Chávez. ¡Mayor saco de gatos diputado J.J. Molina!
Lo interesante es lo irónico de la defensa de la separación de poderes, en donde pareciera que el deseo por politizar el caso, transciende del concepto mismo del balance y contrapesos, en una suerte de marco normativo prêt-à-porter que se ajusta a las situaciones en las cuales se aplica. Esto pudiese llegar al punto de considerar a Walid Makled como un preso político, en la medida en que se politiza su juicio por las causas señaladas, con el fin de afectar al gobierno de Chávez. En cambio, al menos han sido la postura oficial de los voceros del gobierno nacional, se garantiza el debido proceso y la sanción correspondiente a todas las personas que estén involucradas en hechos irregulares.
Una postura institucional que debiese asumir la Asamblea Nacional, es en primer lugar reconocer el exitoso proceso de negociación entre Venezuela y Colombia lo cual permitió culminar el proceso de extradición, así como ratificar la confianza en las instituciones democráticas y su interés de seguir de cerca el proceso judicial que se desarrolla desde el momento en que Makled ingresó al país. Esta última función, en el ejercicio de su función fiscalizadora y contralora del desempeño institucional del resto de los poderes públicos consagrados en nuestra Constitución.
Esperemos no presenciar en las afueras de embajada de Colombia a un grupo de manifestantes exigiendo la libertad de Makled convertido en preso político, y por el contrario se someta a un juicio transparente, y de existir conexiones que comprometan a terceros, éstos sean sancionados tal como lo estipula el marco normativo venezolano.
Finalmente, agradezco sus comentarios que semana a semana han realizado por las diversas vías electrónicas, y quedo a su disposición para seguir con el intercambio de opiniones a través de la cuenta twitter @farith15 y el blog www.farithfraiija.blogspot.com
