No
pueden articularse los intereses de quienes han hecho de la corrupción
su forma de existencia con los de quienes han dependido de su trabajo,
para alcanzar a proveer a sus familias de un nivel de comodidades y
confort mayor que el disfrutado por el promedio de la población. En un
campo más cercano a la cotidianidad, es muy difícil para quienes
trabajan duro, son responsables y se prepararon para hacerlo bien,
llegar a acuerdos con aquellos que son flojos, irresponsables y no
tienen interés en formarse.
El
país está y estará dividido en estos diferentes grupos, clases sociales
en el primer caso, y todos tienen, en principio, el derecho a
participar igualitariamente en la escogencia de sus gobernantes. Los
casos segundo y tercero mencionados pueden ser resueltos con educación,
funcionamiento de los sistemas contralor y judicial y un régimen de
méritos que se base en el conocimiento, las destrezas, el cumplimiento,
la honestidad y la eficiencia en el trabajo que se realiza, a la hora de
determinar sueldos y posiciones jerárquicas. Por supuesto, llevar eso
último a la práctica en forma adecuada depende del Gobierno que se
tenga, pero -en principio- la inmensa mayoría de los nacionales de un
país pueden ponerse de acuerdo, sin muchos traumas, en tratar de
impulsar cambios en ese sentido. No ocurre
igual con la primera división señalada, la que debe tratarse por lo
tanto de forma radicalmente diferente.
En
las condiciones de la Venezuela actual, pienso que es posible el
consenso de una gran mayoría de venezolanos (97%) en la implantación de
un programa que cambie el modelo rentista existente por el desarrollo
aguas abajo de la industria petrolera, que forme venezolanos altamente
capacitados y preparados en todas las disciplinas y que desarrolle la
producción nacional de conocimientos científicos y tecnológicos.
