Raquel Barrios y Luis Grisolía (madre y padre de 2 niñas) son los legítimos dueños de un apartamento ubicado en el Conjunto Residencial Simón Bolívar Los Frailejones, en el Sector La Hechicera de la ciudad de Mérida. Inmueble que fuera dado en arrendamiento al Sr. Luis Montilla en 2006 y que ha sido solicitado por su dueño desde 2007 pero que el Sr. Montilla siempre se negó a desocupar, resultando en un procedimiento judicial por el que existe un expediente en el que se encuentra un convenimiento que estipula que el Sr. Montilla debió desocupar el inmueble el 07 de enero de 2011 o de lo contrario ocurriría el desalojo forzoso a través de tribunales.
En vista de que los desalojos forzoso fueron suspendidos por Decreto Presidencial a finales de 2010, la Juez del caso decreto que debían desocupar voluntariamente el 14 de enero de este año. El Sr. Montilla, quien es propietario de una quinta a todo lujo en la Urb. La Pedregosa donde vive con su esposa e hijos, y que según testimonio de los vecinos de las Residencias Los Frailejones visitaba el apartamento ocasionalmente, no realizó los pagos de condominio del apartamento desde octubre de 2009, dejando una deuda de Bs. 3.600,oo.
Mientras tanto los dueños del inmueble con sus hijas pequeñas vivían alquilados y a la espera de que les fuera otorgado su derecho a ocupar su vivienda propia. Y desde el mes de julio, habitan en su apartamento por no tener más lugar a donde ir y ante la necesidad de cumplir con su responsabilidad de brindar bienestar a sus hijas. A partir de este hecho se han desencadenado una serie de irregularidades desde las instancias que se supone deben velar por la protección a los ciudadanos merideños, cuando se erigió una medida de incorporación a la vivienda de la mujer a través de la cual actúa el Presidente de Copei, quien pretende el desalojo de los dueños del apartamento y apropiarse del mismo, escudados en un tribunal penal que obviando el debido proceso, ha negado el derecho a la defensa de los dueños y ha ordenado a la Policía el Estado Mérida el desalojo forzoso de esta familia con una medida judicial que dicta otra acción. Ya en dos oportunidades se han presentado en el inmueble intentando sacar a los dueños y sus hijas (en la primera con aproximadamente 30 policías y en la segunda arremetida con aproximadamente 60 policías antimotines), pero no han podido desalojarlos debido a la resistencia de los vecinos y comunidades que solidariamente han impedido la violación de los derechos de los propietarios y los derechos a una vivienda digna de las niñas.
Aun cuando una Juez fue destituida del caso por las irregularidades cometidas, el Juez que actualmente lleva el caso, Edgar Parra, en solidaridad con la juez anterior, pretende ejecutar en los mismos término anteriores, una nueva acción en contra de la familia agraviada, en esta ocasión acompañado también de la Guardia Nacional, el día lunes 22 de los corrientes a las 2pm. Razón por la cual acordamos en esta asamblea:
Apoyo incondicional a Raquel Barrios, Luis Grisolía y sus dos hijas, procurando contribuir a que se mantengan en el apartamento de su propiedad, como es su legítimo derecho.
Contundente rechazo a las acciones previstas para el día lunes 22 de agosto, y cualquier otra acción que amenace la integridad física y psicológica de esta familia que se ha visto afectados por las injusticias cometidas contra ellos.
La publicación del presente escrito con el fin de informar a la colectividad merideña de los hechos que condenan los derechos de esta familia y que deben repudiarse exigiendo el cumplimiento de las leyes propuestas por nuestro Gobierno Nacional.
Los derechos de los/as propietarios/as no deben violarse escudándose en los decretos presidenciales y los jueces no deben actuar protegiendo a los cogollos en detrimento de ciudadanos/as honestos. Exigimos que se haga justicia.
FRENTE DE MUJERES DEL PSUV-MERIDA
juanveroes64@hotmail.com
