Fue la iniciativa de la oligarquía criolla (empresarios de Fedecámaras y asociaciones y cámaras empresariales extranjeras), de amplios sectores de la clase media ultra derechista (alta gerencia petrolera, médicos empresarios, profesores universitarios, periodistas); la sopa de letras de escuálidos partidos, grupúsculos, mini ONGs, que constituía la fenecida Coordinadora Democrática; dirigentes sindicales mercenarizados y vendidos; generales y demás militares gorilas traidores a la patria; gobiernos neo fascistas como el de Aznar, de España, y los gobiernos norteamericano, salvadoreño, colombiano, israelita, todos dirigidos por el gobierno de Bush, la CIA, el Pentágono, el Departamento de Estado, gobierno que puso los dólares, el plan elaborado desde un año antes y donde tuvo destacada participación los días previos y durante el desarrollo de la acción subversiva, ya sea tras bastidores, con armas, con información de inteligencia, con el movimiento de buques, naves y aviones, con medios de TV, radio, prensa, con todos los dólares del mundo para sus mercenarios.
Hay muchas pruebas de toda aquella trama y han salido a la luz infinidad de pruebas que comprometen a la dirigencia de la contrarrevolución y a los gobiernos mencionados.
No tengo la menor duda que la derrota que le propináramos como pueblo a la serpiente fascista el épico 13 de abril, constituyó un golpe mortal y decisivo para el derrumbe de absolutamente todo el liderazgo de la contrarrevolución y el mortal debilitamiento de las clases burguesas y pequeño burguesas que participaron en la conjura. Los acontecimientos posteriores como el paro patronal-petrolero-terrorista de diciembre de 2002 a enero de 2003, la guarimba de febrero de 2004, donde incendiaron media ciudad; los paramilitares y mercenarios colombianos traídos en mayo de 2004 para asaltar el palacio de gobierno; la descomunal –y para ellos inesperada– derrota electoral en el referéndum revocatorio de agosto y su honda expansiva en las elecciones regionales de octubre donde la victoria absoluta fue de las fuerzas bolivarianas.
Esa cadena de derrotas políticas tuvo un momento estelar, la derrota del 13 de abril. Por su fuerza intrínseca la poderosa oligarquía venezolana y la clase media neo fascista siguió en bajada, moviéndose por el impulso de la fuerza que traía tras su estruendoso accionar durante parte del año 2001 y el primer trimestre de 2002, pero la derrota de abril fue decisiva y, a nuestro juicio, mortal y las derrotas que continuaron a partir de ese momento, sobre todo durante el año 2002, 2003 y 2004 terminaron de desmontar el liderazgo contrarrevolucionario de la burguesía, incluso cuando mal interpretaron la generosidad de Chávez y del pueblo bolivariano que los perdonó ese 13 de abril, creyeron que éste era débil y tonto y que un segundo aire, con una acción de mucho más envergadura y siniestra crueldad como el paro terrorista, la revitalizaría para recuperarse de la derrota de abril y acercarse al poder cruentamente.
En vano, su muerte política estaba anunciada; ni una sola victoria, aunque fuese mínima, ni un logro, ni un acierto; torpeza tras torpeza, errores tras errores. ¿Casualidad, ignorancia colectiva, de todos y cada uno de los dirigentes? ¿No será más bien, incapacidad congénita, un deficiente coeficiente de inteligencia? ¿Dejaba de ser una clase para sí para convertirse en una clase en sí, como diría Carlos Marx?
Evidentemente que estamos en presencia de un fenómeno que caracteriza el derrumbe de una clase, su virtual desmoronamiento, independientemente de que algunos sectores conserven amplios y significativos recursos económicos y una significativa infraestructura. La acción golpista del 11 de abril fue, sin dudas, el desiderantun de los sectores dominantes. Desde el año 2000, como clase, se plantearon la absurda política de, en el marco de la economía, pretender ahogar al gobierno mediante la disminución de las inversiones, estimulando el desempleo, cerrando las empresas. Esa torpe política del empresariado fascista no fue coyuntural sino estructural, es decir, se planificó a largo plazo, subestimando la capacidad económica del gobierno y su poder de recuperación, es más, reforzaron las tendencias –de por sí de interés gubernamental– a fortalecer el Estado como tal y debilitaron peligrosamente la estructura productiva del sector privado.
El momento a nuestro juicio más insólito de esa cerrada conducta política fue en diciembre de 2002, con el paro golpista. En la calle habían billones de bolívares y, en el mes más productivo del año, de mayores gastos de la población en todos los órdenes, la oligarquía se negó a la ganancia, obligó a miles de sus miembros del sector comercial y productivo, a cerrar sus negocios, a no obtener ganancias. En fin, la conducta política del empresariado oligarca no sólo negaba el principio de la ganancia propia del capitalismo, sino obligaba a quebrar a cientos de empresarios. Un sector, el bancario, trató de frenar el movimiento de dinero de los ahorristas a través del llamado corralito financiero, experiencia siniestra copiada de la oligarquía argentina que arruinó la clase media de ese país y ahogo a la clase obrera. Se buscaba represarlo para, una vez caído el gobierno, apropiarse de éste o buscar crear un caos.
Tres años después del 11 de abril de 2002, derrotada como está la derecha, divididos como están los cascarones de partidos que aún quedan, viviendo algunos de la nostalgia de la fantasía golpista televisiva y radial de aquellos meses de intentos insurreccionales como base del golpe de Estado, como en efecto ocurrió, el análisis que se haga del conjunto de las clases que componían los grupos dominantes debe hacerse tomando en cuenta no sólo su desgaste económico, producto de la desinversión, sino el desarrollo múltiple de las políticas económicas que impulsa el gobierno para crear un modelo endógeno, nacional, de desarrollo, con acento en la lucha contra el capitalismo, el cooperativismo, pero también crear un nuevo sector empresarial (CONFAGAN, etc.), por un lado, y por el otro, el fortalecimiento que ha hecho de un sector de la clase media o buscando una nueva, y tratar, a su vez, de hacer justicia con la misma clase media ultra derechista que se insurreccionó el 11 de abril, ejemplos de ello son el reconocer la deuda, con intereses de 12 años, que miles de ahorristas tenían en los bancos cuando, en 1993, los banqueros asaltaron los dineros de miles de cuentas bancarias y se fugaron del país con esa plata, quedando guindados miles y miles de ahorristas. ¿Esperaba ese sector de la clase media, no pocos de ellos golpistas, que el gobierno, a través de FOGADE, les reconociera una deuda que daban por perdida y que no le correspondía al gobierno pagar?
La otra es la ley de créditos indexados. El gobierno se ha batido para favorecer a las miles de personas –un altísimo porcentaje integrantes de la clase media golpista, por no decir la mayoría– que han sido estafadas por los bancos y los banqueros agiotistas, garroteros y estafadores y fueron arruinados perdiendo casas, autos y otros bienes. Mayor ayuda humanitaria del gobierno no la esperaban aquellos que han luchado por derrocarlo,
Uno podría suponer que esos dos elementos y políticas deberían introducir cambios en la conciencia de muchos de esas personas afectadas y si no se ganan para las políticas bolivarianas, cuando menos, por decencia o gratitud, si es que les queda alguno de esos valores, deberían ser más sensatas y cabales al momento de decidir su conducta política my pensar dos veces para meterse de nuevo en aventuras insensatas. Pero a lo mejor, dice uno, piensan que ese era su derecho y allí nada tiene que ver la política y vuelven a tropezar con la misma piedra.
Más no son sólo las derrotas políticas, ya incuantificables, es que la justicia que no se hizo después del 13 de abril, y el castigo ejemplar que no se dio y sí se merecían los golpistas –precisamente por estar la justicia y los tribunales en manos de esa contrarrevolución– comenzó a señales de vida en la medida que se depuraban los tribunales, comenzando por el Tribunal Supremo y por la Fiscalía General de la República, que fue estremecida con el vil y cobarde asesinato del fiscal de la dignidad Camilo Anderson, iniciador de la justicia bolivariana. Por lo que se ve venir, el viejo dicho de que “la justicia tarda pero llega”, comienza a ser una realidad y no pocos factores de esa oligarquía están siendo llamados a juicio, interrogatorios por la Fiscalía: los 400 que firmaron el 12 de abril de 2002 el siniestro decreto de Carmona Estanga disolviendo los poderes y la Constitución Bolivariana y legitimando espuriamente el golpe contra Chávez. Ex gobernadores y ex generales golpistas, banqueros estafadores de esa clase media que utilizaron. Una fauna grotesca, que si no fuera por el inmenso daño que le hicieron a la Patria, darían lástima, están política y humanamente acabados.
¿Qué queda de la oligarquía, de la burguesía como clase para sí después de la derrota del 13 de abril y sucedáneos?
Arrimarse oportunistamente al gobierno, medio reconocer, y a regañadientes, en el plano económico, lo que no habían hecho en 6 años, que Venezuela tuvo un PIB de 18% en el 2004; tratar de sobrevivir en este vendaval revolucionario o esperar a que el amo imperialista les reconstruya el poder político que perdieron el 8 de diciembre de 1998, en agosto del 2000 o el 15 de agosto de 2004, y el poder económico que perdieron tras sufrir cuantiosas derrotas políticas, tras una invasión, asesinando al presidente Chávez y buscar bañar en sangre a Venezuela y crear “dos, tres, muchos Vietnam”, como dijo el Che.
Como ha ocurrido todos estos seis años de proceso revolucionario, oligarquía venezolana: RIP.
09-04-05
Caracola
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