No voy a repetir el absurdo coro opositor de la gran eficiencia del sistema capitalista, del Estado como mal administrador, de la libre empresa como inigualable y de la sabiduría del mercado en cuanto a los controles. En Venezuela y el mundo estas afirmaciones son falsas, pero perdería mucho espacio si me pongo a refutarlas. Además, quienes las repiten obsesivamente son idénticos a quienes insisten y remachan que existe el socialismo del siglo XXI, una suerte de fanáticos con quienes es imposible utilizar argumentos en una discusión.
Las expropiaciones son un derecho de los estados; en nuestro caso, deberían corresponder al Poder Ejecutivo Nacional y no a los poderes regionales ni municipales, y deben estar regidas por procedimientos claros y conocidos, obedecer a razones de peso y aplicarse primariamente a grandes empresas, de carácter estratégico y de capital extranjero. Dije primariamente; no únicamente. Pueden existir empresas que no cumplan con estas características y deban ser expropiadas, así como podrían existir otras que las tengan todas y no constituir objetos de expropiación.
En principio, los empresarios expropiados deben ser tratados en forma equitativa, lo que quiere decir con criterios similares, que deben atender a elementos objetivos: tipo de empresa expropiada, características, importancia, desempeño, costo, y nunca depender de la subjetividad del funcionario responsable de llevarla adelante. Además, debería estar claro que es contraproducente utilizar esta potestad del Estado como castigo de sectores políticos o sociales, pues se distorsiona el objeto central de las expropiaciones, que deben sujetarse a una clara política en favor de los intereses nacionales.
Por otra parte, el Gobierno ha llamado expropiaciones a operaciones de compra de determinadas empresas de capital extranjero, en las cuales ha llegado a acuerdos amigables mediante el pago de un monto equivalente al valor de los bienes adquiridos. Se trata de capitales argentinos (Sidor por US$ 1,97 miles de millones), franceses y mexicanos (cementeras por US$ 847 millones) y estadounidenses (Electricidad de Caracas por US$ 739 millones). El pago accionario estuvo entre el 75 y 85 por ciento en los dos últimos casos.
Curiosamente, estos pagos millonarios contrastan con la inexistencia de
pagos en el caso de empresas de capital nacional, lo que significa un trato preferente del capitalista extranjero sobre el nacional. Si a esta situación agregamos que a los inversionistas extranjeros se les respetan sus inversiones, pueden repatriar las ganancias, incorporar mano de obra de sus nacionales y se les exime en ciertos casos de la tributación establecida, mientras nada de esto se le garantiza a los inversores nacionales, estamos frente a una situación extraña de preferencia de las burguesías y oligarquías extranjeras por sobre las venezolanas.
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