¿Qué pasa cuando la policía agarra a un facineroso? Primero, quienes atrapan al malandro, regularmente, se ponen de acuerdo para robarlo y al recibir el dinero que tiene encima y algunas otras cosas de valor, lo sueltan. Segundo, el hampón, en contadas ocasiones, es llevado a la jefatura, allí se compromete a pasar cierta cantidad de dinero a los jefes policiales, y lo sueltan. Tercero, el truhán, ocasionalmente, se remite a la fiscalía y también allí se pone de acuerdo y tras un compromiso de pago, y es dejado en libertad. Etc., etc. Y por último, en muy escaso porcentaje, el malhechor es juzgado, si tiene dinero compra y le paga al juez una cantidad de dinero fijada por éste para que sea declarado inocente y libertado; y si es condenado a los pocos días se escapa con la complicidad de funcionarios. La impunidad con la que operan los diferentes estratos hamponiles hace que éstos proliferen y sean más agresivos. Se ha demostrado en la práctica y durante largo tiempo que el dinero en el presupuesto de los cuerpos de seguridad no es la clave absoluta para resolver el problema de la inseguridad, además de que mientras haya más dinero para la compra de vehículos: motos, carros, camionetas, camiones, helicópteros, aviones etc., etc. Equipos: radios, centrales telefónicas, armas, municiones, granadas, bombas de gases irritantes, etc., etc. Vestimentas: uniformes, gorras, zapatos, correajes, cartucheras etc., etc., el hampa de cuello blanco actuará en la negociación de todos estos elementos y se robarán parte de ese dinero; así como también con nóminas ficticias, alimentación y otros gastos recurrentes. Entonces, ¿qué hacer para corregir los despropósitos de las autoridades y funcionarios que deben ofrecer seguridad?
Ciertamente que no es con seguir usando el mismo sistema y método utilizado hasta ahora que se va a corregir nada, ello lo que hará es afianzar el caos existente en cuanto a seguridad. Las autoridades tienen que estudiar nuevos esquemas, nuevas técnicas, etc. y no seguir copiando ciegamente los procedimientos que se implementan en otras naciones; aquí es necesario examinar y evaluar profundamente la psicología y el elevado ingenio del delincuente venezolano. Hay que buscar nuevas alternativas. No es posible que la vida honesta digna y tranquila del país se destruya porque el demonio del hampa se la lleva en los cachos. En fin, las autoridades tienen que saber que aquí existe la desidia en cuanto al combate efectivo y real del hampa; ¿o será que esos funcionarios están convencidos que resulta más beneficioso para ellos hacerse los desentendidos? Sinceramente que el ciudadano común no entiende porque la delincuencia en este país no es reprimida como tiene que ser y el por qué tiene tantos privilegios legales; para darse cuenta de ello solo falta leer algunas leyes relacionadas al delito. Es por tal circunstancia que usted, amigo lector, al pensar detalladamente sobre ello esté obligado a considerar que los tópicos y sucesos expuestos a lo largo del escrito no resultan para nada desconocidos. La solución al problema de brindar seguridad personal y de sus bienes al ciudadano, es bastante complejo, ya que existe un entramado de personalidades venales que actúan en los organismos que tienen el deber de garantizarla. Comencemos por los cuerpos policiales. Hay personas trabajadoras y de bien que temen más a un funcionario policial o de seguridad que al mismo hampón; sin chapa y/o uniforme. Continuemos con los Fiscales del Ministerio Público, casi todos son unos bandidos de cuello blanco que hasta sueltan a los delincuentes que no tienen dinero con la promesa del delincuente que seguirá robando hasta que pueda pagarle la tarifa que el Fiscal le impone. Y finaliza este triangulo con una mayoría de jueces penales que obligan al acusado y a sus familiares a que le paguen cierta cantidad de dinero por una sentencia absolutoria.
De manera que resolver el asunto de la seguridad ciudadana no es nada fácil, pero al gobierno no le queda otra que confrontarlo cada día de la semana, de todas las semanas, de todos los años; y no con realizar esporádicos y espasmódicos operativos policiales. Los jueces deben ser nombrados por decisión del pueblo en unas elecciones populares, comenzando por los Jueces de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, seguir con los Jueces de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, continuar por los Jueces Superiores o de Categoría A; hasta llegar a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La postulación de los candidatos a ocupar los juzgados de municipios la harían los abogados que ejerzan su profesión en los tribunales, es decir los litigantes, estos abogados son los que mejor conocen a los jueces en ejercicio y saben perfectamente quienes están en la movida y quienes no, y conocen a ciencia cierta al juez honrado, honesto y digno para seguir allí. La postulación de los jueces de Primera Instancia la haría los abogados designados en los cargos de jueces de Municipio. La postulación de los jueces Superiores la haría los jueces electos de Primera Instancia y así hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia. Después de las postulaciones de los candidatos a jueces según su categoría, se conforma una comisión de revisión de los documentos para evaluarlos y aquellos papeles se remiten al Consejo Nacional Electoral para programar el proceso de elección respectivo, esperando que en el término de un año Venezuela pueda contar con un Poder Judicial confiable y digno. Cada vez la revolución bolivariana tiene que darle más y más poder al pueblo y así como la elección popular de los miembros del Poder Judicial, habrá que hacerse con el Poder Ciudadano y el Poder Electoral.
