Las elecciones del 7-A serán el globo de ensayo para los planes golpistas de la oposición extremista que espera atentar de manera definitiva contra la Revolución Bolivariana en la contienda por la presidencia en 2006. Así lo indica la serie de actuaciones y declaraciones que viene efectuando la derecha golpista en Venezuela y el exterior.
Desde afuera, los ataques van dirigidos a crear una matriz de opinión que presente al gobierno venezolano como autoritario y conculcador de los derechos humanos, políticos y civiles, así como confiscador de los poderes públicos del Estado. Así lo revela de manera dramática el infame comunicado que hizo circular el Departamento de Estado entre los países asistentes al 1er Encuentro Energético del Caribe, en el cual se señala que "Estados Unidos está seriamente preocupado por las recientes amenazas a la democracia en Venezuela, la concentración de poder en el ejecutivo, la politización del poder judicial y una autoridad electoral viciada que no inspira confianza y ataques a los derechos civiles básicos", así como la existencia de "pruebas de que Venezuela está utilizando activamente su riqueza petrolera para desestabilizar a sus vecinos democráticos, mediante la financiación de grupos extremistas y antidemocráticos en Bolivia, Ecuador y otras partes." (Unión Radio, 29 de Junio de 2005) Por su parte, la oposición centra sus despiadados ataques contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por dirigir un "fraude electoral" ordenado por ese ejecutivo "autoritario" y "desestabilizador", con la clara intención de deslegitimar los próximos procesos electorales, y en particular, las elecciones presidenciales de 2006.
Esta estrategia coincide con un informe publicado el pasado mes de marzo por el neoconservador y ultraderechista Center for Security Policy (CSP), en el cual se exhorta al gobierno de Washington a acelerar la "autodestrucción política de Chávez" e intervenir militarmente en Venezuela para cuando se produzcan las elecciones presidenciales de 2006. Una intervención, dice el informe, que solo será posible en la medida que Estados Unidos logre construir una matriz de opinión que convenza a la comunidad interamericana sobre la amenaza que representa para el hemisferio la "dictadura castrocomunista y terrorista que reprime, tortura, viola y asesina a opositores" en Venezuela. En este contexto se realiza la reunión de Súmate con el presidente Bush así como con su Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en las cuales se delinearon las directrices que debía seguir la oposición, entre las que destaca el llamado que hiciera Maria Corina Machado para realizar "movilizaciones de calle" y la pedir la "impugnación del registro electoral y del sistema de votación" por poner en "peligro el secreto del voto", aunque el lapso legal de impugnaciones haya vencido el pasado 24 de mayo. (El Universal, 29 de Junio de 2006) A esta estrategia golpista se han plegado buena parte de los partidos y politiqueros extremistas de la oposición, como Maxim Ross (El Universal, 24 de Junio de 2005) de la ultraderechista "Alianza Popular", quien acaba de advertir que la oposición no podía "participar en elecciones no garantizadas" y que acompañaría a Súmate en su "cruzada para sustituir este CNE que está fuera de la Ley." Igualmente, la "Asamblea de Ciudadanos" antichavistas, vinculada a Súmate, exigió la depuración del registro electoral, la presencia de miembros de mesas "independientes", el escrutinio manual y conteo de cada boleta electoral como condicion para asistir a las elecciones del 7-A, y que de no acceder a sus absurdas demandas, "elevaremos nuestra protesta ante las instancias nacionales e internacionales para denunciar esta situación de confiscación electoral" y exhortaran a los partidos políticos a "asumir una posición digna y en sintonía con las expectativas de la sociedad civil [así como] retirar las candidaturas que han inscrito [para] no validar un fraude que liquidaría, de manera definitiva, lo que aún queda de institucionalidad democrática [por] el régimen que avanza aceleradamente hacia la consolidación definitiva de un proyecto caudillista, hegemónico y militarista de clara inspiración fidelista [y] la destrucción del aparato productivo del país y de la propiedad privada, con la intención de instaurar un socialismo inspirado en el castrocomunismo." (El Universal, 29 de Junio de 2005) Mas grave aun han sido las amenazas y "presiones brutales" que se han cometido contra los observadores electorales del Centro de Asesoría Electoral (Capel) - instancia de la OEA que audita el registro de electores del país - por parte de la oposición extremista, tal y como lo denunció el presidente del CNE, Jorge Rodríguez (Panorama, 24 de Junio de 2005), precisamente porque no se han prestado a la patraña golpista que pretende deslegitimar el proceso electoral del 7-A como paso inicial hacia el golpe electoral de 2006.
Antonio Guillermo García Danglades es un internacionalista venezolano, radicado en Canadá.
