Debemos pensar que EE UU tiene bastantes problemas internos y externos en el Mediano y Lejano Oriente. Como eso es así, debemos buscarle una explicación razonable a las supuestas declaraciones de senadores, secretarios y otros representantes de EE UU en relación a las actuaciones desveladamente terroristas emprendidas descaradamente por gente de la derecha más rancia de este país, por gente genuinamente representante del comercio, de la producción y de la banca nacional y extranjera.
Estos capitalistas son los directamente afectados con la Ley de Costos y precios justos. Una ley que está descubriendo la mar de abusos en ese comercio, en esas fábricas, en esos importadores.
Debemos buscar una explicación convincente de por qué esos líderes derechistas actúan a riesgo de todo, y han ordenado abiertamente daños a la propiedad privada del Estado, particularmente del Estado,
Inferimos que se trata de una ataque hacia la Ley de Precios Justos, una ley que por primera vez está revelando claramente todos los abusos, robos falsificaciones, especulaciones, acaparamientos, adulteraciones y ganancias exorbitantes que siempre han practicado desde que el comercio existe.
La aplicación de costos falsos como los son las alfombras y persianas, los cuadros de pinturas, los pisos aporcelanados de las oficinas gerenciales, los cuantiosos gastos publicitarios, aires acondicionados de oficinas suntuarias, viáticos de alto costo, pero sobre todo los cargos al consumidor de todas las depreciaciones de maquinarias, equipos y herramientas, que responden a la recuperación anual del capital invertido por ese concepto.
Las depreciaciones cargadas al precio del consumidor echarían por el suelo el argumento de que la ganancia queda justificada por el capital aportado en ese tipo de inversiones depreciables.
Creemos que no se trata de golpe de Estado porque esta modalidad es abiertamente inconstitucional e internacionalmente no goza de aceptación, pero si vemos el alcance y los efectos pecuniarios y carcelarios que están en marcha con la aplicación de la ley que nos ocupa, entonces va quedando claro que estamos más bien ante una formidable cortina de humo distractora del trabajo auditor que necesita el Estado para aplicar con todo el peso e la ley las infracciones y evidentes violaciones.
Resulta muy sospechosa la conducta rebelde, desafiante e infatuada que exhiben los comerciantes hoy ante los hechos vandálicos. En Valencia, por ejemplo, todos los días los precios siguen subiendo.
El Estado debería, pues, abocarse con mayor celeridad los juicios sumarios contra los terroristas comerciales, y reforzar las auditorías de costos y precios. Debería imponer la obligación inmediata de las indemnizaciones correspondientes a los daños causados al patrimonio nacional y privado que deben satisfacer los autores intelectuales que tan descaradamente han fomentado y ordenado las gaurimbas terroristas del momento.
