No basta que el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadísticas o los otros organismos oficiales deban publicar información pertinente sobre la coyuntura nacional del país. También deben conocerse, lo que pasa en el mundo de las empresas privadas, deberían éstas dar a conocer al público que hacen, cuál es su contribución al bien del país y en todo caso dar a conocer de su marcha. Una Ley de Transparencia de Información Económica tanto para para la empresa pública debe regir como también para la empresa privada, puesto que su actividad está vinculada a satisfacer necesidades sociales del mercado, dependiendo de lo que hagan pueden conmocionar a la sociedad, ya sea en caso de especulación, escasez, disminución de la producción, inflación de costos y precios, demanda de divisas, tasa de ganancia, empleo y desempleo, productividad, competitividad, etc., información económica de mercado imprescindible para tomar decisiones públicas y privadas, información que no es extraña, puesto que las mismas empresas que acuden a la bolsa, la consignan solo que aquí, el derecho a la información lo tiene el pueblo, todo aquel que desee saber que pasa en esta o aquella empresa privada, al igual que la pública con más razón, tenemos derechos a estar informados, a conocer información de la actividad económica de las empresas sea pública o privada.
Veamos algunas irregularidades según fuente de la Superintendencia Nacional de precios Justos, que pudieron corregirse a tiempo, pero fue necesaria la ofensiva económica del gobierno de Maduro para luchar contra las distorsiones del mercado en cuanto al desabastecimiento y altos precios y proteger así, los derechos de los consumidores. Veamos: el 09 de junio, “un total de 20.387 kilos de arroz tipo I fueron encontrados en un depósito clandestino ubicado en el caserío Mi Jagüito, en el estado Portuguesa, los cuales estaban camuflados con sacos de polietileno, (por presunto contrabando de extracción) hallados así por efectivos policiales quienes solicitaron la intervención de los funcionarios de la Superintendencia de Precios Justos para constatar el delito por violación a la Ley de Precios Justos. Otro caso; “por obtener ganancias exorbitantes, alteración fraudulenta de precios e incurrir en los presuntos delitos de usura y acaparamiento, la Superintendencia de Precios Justos en el estado Guárico, ordenó el ajuste inmediato de precios en medicamentos, miscelánea y juguetes. La acción se llevó a cabo luego de que fiscales del organismo inspeccionaran las empresas Juguetería Niño Jesús C.A., Farmacias Divino Niño I, II, III y IV, todas pertenecientes a la misma dueña”, por ejemplo, un paquete de pañal regulado lo compraron en Bs. 128,74, lo tenían a la venta en Bs. 235 y con un margen de ganancia especulativo de 85%. De igual modo; “La Superintendencia de Precios Justos detectó sobreprecio y usura en productos de línea blanca industrial, en la empresa Latinoamericana de Refrigeración C.A. , ubicada en el municipio Heres del estado Bolívar. El director de la Superintendencia de Precios Justos en la entidad, Milton Bracamonte, declaró que se encontró una balanza que la empresa compró un artículo en Bs. 1.526 y se vendía en Bs. 11.914, lo que representa 660,63% de margen especulativo. El precio justo es de 2.221 Bs.”.
¿Que nos señalan estos casos durante la ofensiva económica contra la inflación, el desabastecimiento, la producción y el abastecimiento que se ha propuesto el gobierno de Maduro?. Primero la sinceridad del gobierno por restablecer los derechos de los consumidores, los derechos humanos al libre acceso de bienes a despecho de los argumentos de que el gobierno viola este derecho cuando se ve que muchas empresas privadas se hallan incursan en delitos que denuncia públicamente la Superintendencia Nacional de Precios Justos. En segundo lugar; necesitamos un nuevo tipo de empresa social, que colabore con el desarrollo nacional, que no dé la espalda a las necesidades del pueblo, donde ellas se desempeñen, donde el Estado le otorgue licencia, dando muestra de no apoyar la guerra económica para desestabilizar social, económica y política a Venezuela, que se dedique a lo que solicitó, producir para la sociedad, empresarios nacionalistas que se alíen al gobierno o no, para producir socialmente, que respeten el derecho al consumo, al acceso de los bienes y servicios a precios justos.
