En el primer mes de ejecución del “plan especial de choque contra el contrabando”, se decomisaron 2.237.370 litros de combustibles. Son resultados tangibles de una labor encomiable de la FAB. Pero, a pesar del gran despliegue militar, apenas se contuvo un pelo la sangría, al evitar en un mes la fuga de 0.47 % (469.05 b/d) de los 100.000 b/d que se llevan ilegalmente a Colombia. No debemos engañarnos sobre las enormes dimensiones y el alcance de un problema que compromete la soberanía y la paz, cuyo meollo es el desplazamiento de la economía real por una economía ilícita. Sólo en 2013 el contrabando llegó a 5 mil millones de dólares, mientras el intercambio comercial bilateral fue de 1.817 millones de dólares.
En el ínterin, el gobierno colombiano calla y mantiene su tradicional pasividad cómplice, habiendo llegado al colmo del cinismo en la gestión de “Varito Corleone”, al promover y facilitar el delito al usar a ECOPETROL, a través de los “centros de acopio fronterizo”, como receptor y exportador del combustible venezolano mal habido, al legitimar gremios de contrabandistas y permitir el liderazgo en la actividad de paramilitares y BACRIN y, al tolerar la aplicación de impuestos ilegales a los bienes procedentes del contrabando.
El contrabando se convirtió en un problema de Estado para Venezuela y también para Colombia, a partir del poder que dio el Estado colombiano a las casas de cambio fronterizas, para fijar el valor del bolívar respecto del peso con independencia del valor de este último con relación al dólar. De esa forma pasaron a determinar el valor del dólar paralelo y a controlar a discreción la brecha entre este y el dólar oficial, abriéndola progresivamente para acelerar el volumen y ampliar la variedad de bienes contrabandeados, impulsando la escasez y la inflación del lado acá y, la recesión del lado allá. En estas circunstancias no es posible consolidar una relación económica estable entre ambos países. Ello obliga a sincerar la situación porque el juego está trancado y para desbloquearlo se debe avanzar en una negociación que apunte a lograr una coordinación macroeconómica que propenda al equilibrio cambiario y al desmantelamiento del andamiaje mafioso construido por Uribe para promover el contrabando.
