En los años del gobierno bolivariano, en Venezuela, se han producido significativas transformaciones en cultura política, en el tejido social y organizativo, así como  en las condiciones materiales  de vida de los sectores populares anteriormente excluidos. Mediante múltiples políticas sociales (las misiones) dirigidas a diferentes sectores de la población, se han reducido muy significativamente los niveles de pobreza y pobreza crítica. De acuerdo a la CEPAL, el país ha pasado a ser, junto con Uruguay, uno de los dos países menos desiguales de toda América Latina[1]. La población esté mejor alimentada[2]. Se realizaron efectivos programas de alfabetización. Con apoyo cubano,  la misión Barrio Adentro llevó asistencia médica primaria a los sectores populares rurales y urbanos en todo el país. Se produjo una ampliación masiva del régimen de pensiones públicas incorporando a millones de personas de la tercera edad. Se llevó a cabo igualmente una extraordinaria expansión de la matrícula universitaria. En los últimos años se ha impulsado un programa de viviendas populares. Se han mantenido  bajos niveles de desempleo y se ha reducido el empleo informal de 51% en el primer semestre del año 1999 a 41% en el primer semestre del año 2014.[3] Se estima que el monto dedicado a la inversión social entre los años 1999 y 2013 fue de un total de unos 650 mil millones de dólares.[4] De acuerdo al PNUD, el índice de Desarrollo Humano del país se elevó de 0.662 en el año 2000 a 0.748 en el año 2012, pasando de un desarrollo humano “medio”, a un desarrollo humano “alto”.[5]

            Ha sido en estos años amplia la dinámica organizativa y participativa en el mundo popular: Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Agua, Comités de Salud, Comités de Tierras Urbanas, Consejos Comunales, Comunas... La mayor parte de esta dinámica organizativa fue el resultado de políticas públicas expresamente orientadas a promover estos procesos.

            Ha sido igualmente importante el peso de la experiencia venezolana -en particular su proceso constituyente- en el llamado desplazamiento progresista o de izquierda que ha ocurrido en América Latina en estos años, así como en la creación de diversos mecanismos de integración regional que han fortalecido la autonomía regional de la dependencia histórica que la región ha tenido con Estados Unidos: UNASUR, CELAC, Petrocaribe, ALBA.

            Sin embargo, las transformaciones sociales que se han dado no han sido el resultado de transformaciones en la estructura productiva del país. Por el contrario, lo que ha ocurrido en estos tres lustros ha sido una profundización del modelo rentista, incrementándose la dependencia de los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras.  El petróleo, en el valor total de las exportaciones, pasó de representar un 68,7% en el año 1998 a 96% en los últimos años[6]. En términos absolutos se ha dado durante estos años una reducción del valor de las exportaciones no petroleras y de las exportaciones privadas.[7] La contribución de la industrial al PIB bajó de 17% en el 2000 a 13% en el año 2013.[8]

            Los avances importantes que han ocurrido en el área social son consecuencia de un muy importante re-direccionamiento en el reparto de la renta petrolera en el cual se le ha dado una clara prioridad a responder a carencias y demandas de los sectores populares.  Esto hace que estas políticas no solo sean extraordinariamente vulnerables a las variaciones del ingreso petrolero, sino que igualmente generan crecientes expectativas que solo sería posible satisfacer sobre la base de ingresos petroleros en sostenido ascenso.

            Estas políticas sociales y sucesivas alzas salariales han aumentado notablemente la capacidad adquisitiva de la población, sin que este incremento sostenido de la demanda estuviese acompañado por aumentos proporcionales de la producción nacional, generando brechas sostenidas que tienen que ser satisfechas mediante crecientes importaciones.

            Durante estos años ha habido una severa carencia de un debate teórico sobre lo que podría ser una sociedad post-capitalista en este siglo y sobre cómo podría o deberían ser las relaciones entre Estado,  mercado y sociedad organizada, que incorpore tanto una evaluación crítica de las experiencias del socialismo del siglo pasado. Igualmente ausente ha sido una lectura informada y reflexiva sobre las potencialidades y limitaciones post-capitalistas de las actuales transformaciones en marcha en China, Viet Nam y Cuba.  Esto, por supuesto no es un problema particular venezolano, es una expresión más de la situación de la izquierda, que en todas partes del mundo, ha demostrado su impotencia y falta de respuestas creíbles ante la actual crisis global  y la forma como ésta ha sido aprovechada para avanzar en la restricción de la democracia y una aún mayor concentración del poder y de la riqueza.

            En ausencia de reflexiones y búsquedas más sistemáticas o estratégicas sobre las alternativas post-capitalistas, en estos años, desde el gobierno venezolano han predominado  dos tipos de propuestas. La primera consiste en el automatismo que identifica socialismo con estatismo (propiedad estatal y/o control estatal).[9] En el momento en que alguna empresa es estatizada, pasa inmediatamente a ser denominada “empresa socialista”. La segunda es la que identifica al post-capitalismo con el Estado comunal.

            Buena parte de las empresas industriales y agrícolas que han pasado al control estatal pasan a ser gestionadas con menor eficiencia y menores niveles de producción. Esto ha sido el resultado de la expansión de la fuerza laboral, burocratismo, continuos conflictos laborales, precios de venta de sus productos que no corresponden a los costos de producción y falta de inversión, no solo para mantenimiento, sino igualmente para actualización tecnológica de plantas que -en casos como en la producción de acero y aluminio- presentan extraordinarios niveles de deterioro y obsolescencia.[10] A todo esto se agrega la corrupción[11]. En consecuencia, una elevada proporción de estas empresas está produciendo pérdidas y solo sobreviven gracias a la inyección de recursos provenientes de la renta petrolera.

            La noción de Estado comunal ha operado más en el ámbito discursivo y de promoción de una  amplia gama de modalidades de organización política popular, que como una experiencia de transición hacia formas de organización de la producción descentralizadas, como parte de procesos de autogobierno desde la base de la sociedad. Las políticas públicas de fomento y financiamiento de diversas modalidades de organizaciones de base, en especial de los Consejos Comunales y las Comunas, han producido consecuencias contradictorias en estas dinámicas organizativas. Por un lado ha impulsado niveles de organización popular desconocidos en la historia del país y ha transferido enormes cantidades de recursos a comunidades para abordar la solución de sus problemas: vialidad, vivienda, actividades productivas, etc., contribuyendo igualmente al fortalecimiento del tejido social de las comunidades. Sin embargo, la tendencia dominante ha sido que, como resultado de la reafirmación de la histórica lógica estatista centralizadora de la economía petrolera rentista, en la medida en que las organizaciones populares tienden a depender directamente de transferencias de recursos del Estado, se han limitado o simplemente frenado las posibilidades de consolidación y autonomía de estas modalidades comunitarias de base como alternativa a la estructura del Estado. Adicionalmente, la corrupción asociada a las pugnas por el reparto de la renta ha llegado por esta vía también a la base de la sociedad. El peso de la llamada economía social sigue siendo, después de 15 años, insignificante.

            A pesar de estos obstáculos, existen muchas experiencias de base que, si bien son minoritarias, han logrado hacer propios estos impulsos organizativos y financieros, pero sobre todo, se han nutrido de la politización y activismo que ha atravesado a la sociedad venezolana en estos años, para llevar a cabo procesos comunitarios de una extraordinariamente riqueza y autonomía. Son, en este sentido, ejemplos vivientes de lo posible en el campo popular.

            En el ámbito petrolero, contando el país con las mayores reservas petroleras del planeta, durante estos años se han anunciado una y otra vez grandes planes de expansión de la actividad, especialmente en la Faja del Orinoco. Para ello se ha promovido una muy amplia participación de corporaciones internacionales públicas y privadas, con un gran peso de  corporaciones chinas. Igualmente se han negociado créditos en gran escala (nuevamente especialmente de China)[12], tanto para sostener el gasto corriente como para proyectos de infraestructura y de expansión de la actividad petrolera. El Plan de la Patria, presentado originalmente por Hugo Chávez en las elecciones del año 2012[13]  y que ha sido aprobado formalmente por la Asamblea Nacional como programa de gestión del presente gobierno, contempla como una de sus metas la transformación de Venezuela en una Gran Potencia energética y la duplicación de la  producción petrolera hasta llevarla a seis millones de barriles diarios en el año 2019[14]. Sin embargo, y afortunadamente para  el planeta, hoy, a pesar de esas extraordinarias inversiones realizadas,  la producción petrolera es algo menor que la del año 1998[15].

            Uno de los problemas más severos que confronta la economía venezolana es la continuidad de la sobre-valuación histórica de la moneda y la llamada enfermedad holandesa. El componente importado de la economía es tan elevado que devaluar la moneda hasta llevarla a una paridad más razonable inevitablemente produciría un salto aún mayor en la inflación. En consecuencia en Venezuela, prácticamente todo, menos el petróleo, es más barato importarlo que producirlo en el país. Esto ha tenido y continúa produciendo severas consecuencias y distorsiones. En primer lugar, socava los intentos de fomentar la producción interna, sea esta pública, privada o de la economía social. Implica igualmente  una permanente e insostenible hemorragia de divisas altamente subsidiadas, para alimentos y demás bienes de consumo básico, para insumos y bienes intermedios, e incluso para la importación de bienes de lujo y turismo al exterior. Los sucesivos instrumentos burocrático-administrativos creados para controlar el uso de las divisas subsidiadas y los intentos de una sistemática micro gestión de todas las esferas de la economía mediante las decisiones de sobre el otorgamiento o no de las divisas altamente subsidiadas,  han conducido a severos cuellos de botella en las importaciones, con un significativo impacto sobre los precios y la disponibilidad productos e  igualmente a niveles masivos de corrupción. De acuerdo a Edmeé Betancourt, quien en ese momento presidía el Banco Central de Venezuela, del total de $59.000 millones en divisas subsidiadas entregados en el año 2012, unos $20.000 millones dólares fueron entregados a “empresas de maletín”,  una “demanda artificial” “no asociada a actividades de producción”.[16]

            Las amplias políticas sociales, el subsidio a los alimentos y su importación intensiva por parte del Estado, el subsidio masivo a la gasolina[17], las transferencias de recursos  a empresas  públicas que, en algunos casos, no producen ni para pagar sus propias nóminas, el aumento sostenido del empleo en el sector público, así como  las exigencias de inversión de la industria petrolera,  implican una sostenida y siempre creciente presión sobre el gasto público y demanda niveles cada vez mayores de divisas.

El creciente malestar entre amplios sectores de la población

            Son varios los motivos por los cuales se han venido gestando niveles crecientes de malestar de amplios sectores de la población, sobre todo la parte de ésta que se identifica con la oposición. La inflación ha deteriorado la capacidad adquisitiva e incluso ha revertido parte de los avances en la capacidad de consumo logrados en estos años.[18] La escasez generalizada de productos de consumo cotidiano exige dedicarle muchas horas (y muchas colas) a la búsqueda de estos bienes. A esto se agrega la permanente preocupación por el tema de la inseguridad. De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en el año 2012, la tasa de homicidios en Venezuela fue de 53,7 por 100.000 habitantes, la segunda más elevada del mundo después de Honduras.[19]

            Esta situación económica coincide en el tiempo con un conjunto de nuevas condiciones en el terreno político.

            El chavismo no ha sido capaz en estos largos años de extender su base de apoyo electoral, por el contrario la ha ido perdiendo poco a poco con políticas y discursos que han le han dado prioridad a la confrontación y la exclusión político-ideológica (“los que no sean socialistas, favor abstenerse”) sobre el diálogo y la inclusión. Con frecuencia desde el gobierno se  ha denunciado a la totalidad de la oposición como fascista y golpista. Esta lógica de amigo-enemigo fue muy útil al chavismo en los primeros años ya le que permitió movilizar a los sectores populares y crear y consolidar una base de apoyo sólida, comprometida. Una identidad popular chavista. Sin embargo, ha contribuido  igualmente a conformar y consolidar un denso bloque de oposición, no solo al gobierno, sino a la idea misma de socialismo. El proyecto de cambio no ha sido capaz de tender puentes hacia  otros sectores de la sociedad que de modo alguno pueden ser considerados como oligarcas o fascistas. Difícilmente puede avanzar y consolidarse en el tiempo un proceso de transformación profunda de la sociedad si la mitad de ésta (tal como esta se expresa electoralmente), no solo no comparte, sino que tiene con relación a este proyecto de cambio fuertes desacuerdos y, por las razones que sea, profundos temores.

            La muerte de Hugo Chávez dejó un gobierno debilitado y sin el extraordinario carisma y capacidad de liderazgo que lo caracterizaron. El Presidente Maduro fue electo por una diferencia de menos de 2%. En elecciones  municipales del año 2013, el gobierno ganó la mayoría de las alcaldías y ganó en la votación popular, pero perdió en las principales ciudades del país, incluida el área metropolitana de Caracas, ámbitos privilegiados de la política en el país.

Diferencias entre gobierno y oposición en los

procesos electorales del período 1998-2013

      Datos del Consejo Nacional Electoral <http://www.cne.gob.ve/web/index.php>

            La oposición venezolana siempre ha sido heterogénea. Durante los primeros años del gobierno bolivariano, los sectores de la derecha más radical lograron -con el apoyo del Departamento de Estado- imponer su hegemonía sobre el conjunto de la oposición en su búsqueda de derrocar al gobierno por vías no electorales. Quienes no compartían esta visión fueron chantajeados y acusados de colaborar con y legitimar  al “régimen dictatorial”. Condujeron al conjunto de la oposición a sucesivos fracasos: el golpe de Estado de abril 2002, el paro petrolero-lockout empresarial de 2002-2003 y la retirada a última hora de sus candidatos en las elecciones parlamentarias, que buscando desprestigiar al gobierno y demostrar su carácter autoritario, que lo que hizo fue entregarle la Asamblea Nacional al chavismo. Cada una de estas derrotas de la oposición fortaleció al gobierno y consolidó su apoyo entre los sectores populares que, con su movilización y tenaz resistencia cotidiana, jugaron un papel principal en la derrota tanto del golpe de Estado como del paro petrolero.

            Esto comenzó a cambiar a partir del año 2006. Después de fuertes debates, poco a poco, se fue imponiendo en la mayoría de la oposición el criterio de que era necesario construir una base de apoyo política nacional  con el propósito de derrotar al gobierno por la vía electoral. Se acordó un candidato unitario para las elecciones presidenciales de ese año, Manuel Rosales, que obtuvo 37% de los votos. Finalmente se constituyó la MUD, Mesa de la Unidad Democrática, y en un momento de máxima unidad de toda la oposición, se realizaron unas elecciones primarias abiertas con un elevado nivel de participación[20] para escoger todos los candidatos de la oposición a los cargos de presidente, integrantes de la Asamblea Nacional,  gobernadores y alcaldes.

            Después de ser derrotado por un muy estrecho margen en las elecciones presidenciales  realizadas en el año 2013, y de no reconocer dichos resultados, Henrique Capriles hizo un llamado a convertir las elecciones municipales de ese mismo año en un referéndum de rechazo al Presidente Maduro.  El gobierno ganó el voto popular nacional por una diferencia de 8%.

            A partir de esos resultados estallan públicamente las fuertes contradicciones existentes al interior de la oposición.

            Para los sectores de la oposición (especialmente los que representan Leopoldo López y María Corina Machado) que siempre estuvieron en desacuerdo con las opciones electorales y con el liderazgo de la Mesa de la Unidad, la victoria del gobierno en el llamado referéndum los ratifica en su convencimiento de que es muy poco probable que pudiesen en el corto y mediano plazo derrotar al gobierno electoralmente. Vieron en la compleja coyuntura que vivía el país la forma de matar dos pájaros con la misma piedra. Por un lado, aprovechar la debilidad del gobierno y el malestar de la población por la escasez, la inflación y la inseguridad para generar confrontaciones violentas (necesariamente con muertos), para intentar crear un ambiente de ingobernabilidad y para denunciar al gobierno como dictatorial y represivo.  Desde este cálculo político, las protestas debían ser tan violentas y tan costosas políticamente para el gobierno como fuese posible. Esta parece ser la razón fundamental por la cual estas acciones, desde su propio inicio, tuvieron un componente minoritario pero bien organizado de carácter violento: barricadas, bombas molotov, francotiradores, ataques a instalaciones públicas, quema de vehículos de transporte público. La respuesta no se hizo esperar. Hubo represión policial y militar, no generalizada, pero con frecuencia severa y desproporcionada.  Los medios corporativos globales construyeron -con el uso fraudulento de fotografías correspondientes a situaciones de violencia y represión de otros países- a la imagen que esta oposición buscaba: su caracterización como víctimas indefensas de un gobierno represivo.

            Al colocarse como cabeza de esta "valiente" y "combativa" postura política de confrontación total con el gobierno,  este sector de la oposición buscaba disputarle el liderazgo  a Capriles y la Mesa de la Unidad.

            Estas acciones violentas colocaron a los sectores menos radicales de la oposición, y muy especialmente a Capriles, ante un difícil dilema. En la medida en que las protestas se extendían y tenían más apoyo de la oposición, denunciar su carácter violento  ponía en riesgo su liderazgo. Pero igualmente, si no se diferenciaban de los actos de violencia y éstos eran con el tiempo derrotados, cargarían igualmente con el peso de esta derrota. Por eso, tanto Capriles como otros dirigentes de la oposición mantuvieron posiciones ambiguas, o en el caso de Acción democrática y Copei, de silencio o declaraciones genéricas cuidadosamente diseñadas para evitar tomar posición.

            Los sectores más radicales que apostaron a la violencia enunciaron expresamente cuál era el objetivo de estas acciones: “la salida”. Esto es, el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Son precisamente los sectores que en estos años han contado con el apoyo político y financiero más sistemático por parte del Departamento de Estado, principal pero no solamente, a través de la USAID. Es probable que estas acciones estuviesen pensadas en función de generar un ambiente de “revolución naranja” tipo Ucrania para lo cual contaban, y contaron, con el apoyo incondicional de los medios de comunicación corporativos globales, especialmente los de los Estados Unidos, España y Colombia.

            Dada la agresiva política del gobierno de los Estados Unidos en diferentes partes del mundo, y la importancia que ha tenido el proceso bolivariano en los desplazamientos geopolíticos de América Latina en estos últimos años, especialmente en la creación de nuevos bloques de integración (especialmente UNASUR y CELAC) no controlados por los Estados Unidos, es evidente que salir del gobierno bolivariano continúa siendo una prioridad para cualquier intento de recuperar la influencia perdida en este continente. Así, además del apoyo continuado a los sectores más radicales de la oposición, durante esta crisis hubo reiterados pronunciamientos y amenazas de sanciones por parte de congresistas tanto republicanos como demócratas y del Secretario de Estado Kerry.

            La información sobre la dimensión militar de estos movimientos permanece bajo una oscura sombra. El gobierno anunció la detención de tres generales de la aviación, y luego de otros integrantes de las fuerzas armadas, acusados de estar promoviendo un golpe de Estado, pero habiendo pasado varios meses, poco más se ha dado a conocer.

            En dos meses de barricadas callejeras, movilizaciones tanto pacíficas como armadas y violentas confrontaciones con los cuerpos policiales y militares, se produjeron  41 muertos, muchos heridos, centenares de detenidos y millonarios daños materiales. Hubo muertos y heridos tanto entre activistas de la oposición, integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado, como de ciudadanos ajenos a las confrontaciones. Resulta difícil determinar con algún grado de precisión las responsabilidades relativas. Venezuela es hoy una sociedad profundamente dividida. Los bloques de la población que se identifican con el gobierno y con la oposición tienden a vivir en realidades paralelas. Las fuentes de información son diferentes. Se reúnen y forman sus opiniones conjuntamente con gente que piensa igual. Esto genera  profundas diferencias no solo en la interpretación de los hechos, sino igualmente visiones que con frecuencia son absolutamente divergentes en torno a los hechos mismos.  La interpretación sobre los acontecimientos de esos meses que aparecieron en los medios de la oposición y en los del gobierno difícilmente podrían haber sido más discordantes. Para unos,  se trató de manifestaciones pacíficas de estudiantes y de la sociedad civil protestando por los problemas de inseguridad, inflación y escasez que confronta el país y exigiéndole al gobierno cambio en sus políticas. Estas manifestaciones pacíficas habrían sido reprimidas brutalmente por un gobierno caracterizado como autoritario y militarizado. Para otros,  además de las  manifestaciones pacíficas y espontáneas que expresaban el malestar por las dificultades económicas que enfrenta el país, hubo un plan sistemático y bien organizado,  con la participación de paramilitares, para generar el mayor nivel de violencia posible, crear un clima de ingobernabilidad y presentarse ante los medios internacionales como víctimas indefensas. Todo ello como expresión de un golpe suave y continuado que con apoyo exterior estaría  destinado a derrocar al gobierno.

            En este contexto se dio inicio a una ronda de diálogos del gobierno con la oposición y con la cúpula empresarial con el fin de debatir tanto asuntos referidos a la producción (asignación de divisas, control de precios, etc.), como los asuntos políticos más candentes de la coyuntura, como lo fue la exigencia por parte de la oposición de una ley general de amnistía, la liberación de todos los detenidos y la creación de una Comisión Nacional de la Verdad para investigar las responsabilidades en los hechos de violencia ocurridos[21]. Lo más importante de estas negociaciones fue que contribuyeron a disminuir los niveles de violencia, a pesar del categórico desacuerdo con estas negociaciones que se expresó públicamente de ambos lados. A pesar de estas tensiones, las encuestas indicaron que la mayor parte del país apoyaba el diálogo. El hecho de que institucionalmente la MUD dialogara con el gobierno produjo un cierto aislamiento y deslegitimación de los sectores de la derecha más radicales y violentos. El gobierno, por su parte, no lo tuvo fácil en esta dinámica de diálogos. Por un lado, su capacidad de respuesta ante las dificultades económicas estaba severamente limitada por las restricciones financieras que confronta. Diversos grupos de activistas y militantes denunciaron abiertamente estas negociaciones como una traición al legado de Chávez y exigieron una salida a la presente crisis por la vía de la radicalización del proceso.

            El presidente Maduro carece del liderazgo que le permitía a Chávez garantizar la unidad cuando proponía políticas que generaban resistencia entre sus seguidores. Está poco claro, por otra parte, en qué consistiría, en el contexto actual de un gobierno debilitado y un movimiento popular chavista desmovilizado,  esta radicalización y este giro a la izquierda. Sobre asuntos tan críticos y tan sensibles como los alarmantes niveles de corrupción tanto entre civiles como entre militares, se hacen anuncios genéricos, pero son prácticamente inexistentes las acciones que efectivamente se emprenden.

Oposición y gobierno después de la derrota de “la salida”

            Las confrontaciones violentas de febrero y marzo del 2014 terminaron debilitando tanto  a la oposición como al gobierno. El fracaso de “la salida”, del intento de derrocar al gobierno, condujo a un quiebre profundo del bloque político de la oposición. Todas las encuestas de opinión, aun las que registraban altos niveles de apoyo a las protestas callejeras, encontraron un muy mayoritario rechazo a las acciones violentas. Dejando a un lado la ambigüedad con la cual habían reaccionado durante las semanas de las confrontaciones más violentas, los sectores mayoritarios de la alianza opositora, especialmente Acción Democrática, Primero Justicia y Copei se distanciaron pública y reiteradamente de estas políticas, afirmando que la alternativa al gobierno de Nicolás Maduro tenía que ser pacífica, electoral y constitucional.  Ante la imposibilidad de acordar posturas políticas compartidas, la Mesa de la Unidad Democrática entró en crisis y su secretario general Ramón Guillermo Aveledo renunció.  Al momento de redactar el presente texto, continuaban las negociaciones para reestructurar la alianza opositora. Los debates públicos parecen apuntar hacia una alianza más débil, más como un lugar de encuentro y de algunas coordinaciones, que como una organización capaz de articular políticamente  al conjunto de la oposición.

            Tanto las encuestas de opinión, como la limitada respuesta de la población a algunas iniciativas y convocatorias de la oposición en estos meses, sugieren que, a pesar de que las razones del malestar, especialmente la escasez, la inflación y la inseguridad, siguen presentes, esta nueva derrota política de la oposición le ha restado mucha credibilidad entre quienes los apoyaban, y es poca la capacidad que tiene en el presente para darle cauce a las extendidas insatisfacciones de la población con la situación del país.

            El gobierno, a pesar de haber derrotado a la llamada “salida” también salió debilitado, Quizás su principal fortaleza en la actual coyuntura reside en la debilidad y el fraccionamiento de la oposición.

            Un sistema electoral confiable, no solo totalmente automatizado, sino igualmente con múltiples mecanismos de auditoría,  y las sucesivas victorias electorales, contribuyeron a que, en años anteriores, el gobierno venezolano contase con suficiente legitimidad internacional como para protegerlo de las agresivas políticas desestabilizadoras del gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, producto del frecuente uso arbitrario del poder y de la interpretación elástica de la constitución, y un poder judicial que carece de un mínimo de autonomía,  ha perdido parte de esa legitimidad internacional y le ha dado armas a quienes argumentan que la actual institucionalidad no permite cambios por la vía electoral.[22] En estas condiciones, la ofensiva de los medios corporativos globales se ha acentuado.

            El gobierno carece tanto de los recursos políticos como económicos que hicieron posible en el pasado responder a coyunturas críticas con nuevos programas o misiones de alto impacto social. La ausencia de Hugo Chávez dejó tanto al gobierno como su partido con fuertes tensiones internas, sin un liderazgo suficientemente fuerte como para articular las diferentes fracciones en una dirección común.

            Existe mucho descontento en las bases chavistas.

            La crisis económica se ha profundizado. Durante los años 2013-2014, la lógica expansiva del gasto público con base rentista ha entrado en crisis con un déficit fiscal, difícil de estimar sobre la base de las cifras oficiales, pero estimado por algunos analistas en torno al 15% del producto. Se ha dado una baja sostenida de las reservas internacionales, que para el primer semestre del año 2014 habían descendido a $ 21.604 millones, menos de la mitad de las reservas existentes en el primer semestre del año 2008.[23] Entre los años 2008 y 2013, la deuda externa prácticamente se duplicó.[24] Solo de China se han obtenido créditos por un monto total de $ 50.600 millones, buena parte de los éstos a ser pagados con petróleo.[25] Para la obtención de créditos externos el país encuentra condiciones crecientemente desfavorables, con tasas de interés son cada vez mayores. Dado el elevado y sostenido ingreso de dividas provenientes de la exportación petrolera, es poco probable que el país llegue una situación de suspensión de pagos, pero todo apunta a que las dificultades del sector externo tiendan a acentuarse. El incremento sostenido de la masa monetaria sin un aumento correspondiente de la oferta de bienes y servicios contribuye a acentuar  las presiones inflacionarias. La muy elevada inflación del año 2013 (56,2%)[26] no solo no se ha frenado en el año 2014, sino que se ha acelerado. La variación inter anual de precios entre agosto 2013 y agosto 2014 fue de 63,4%.[27] Esta ha sido mayor en el caso de los alimentos.

            La escasez de divisas y  las trabas y retardos burocráticos para su tramitación, el retraso en el pago a los proveedores externos, el contrabando de extracción, la venta en la economía informal -a precios muy superiores- de los productos regulados que no se encuentran en los supermercados,  el acaparamiento y la especulación, se han combinado para crear  un estado de escasez sostenida de alimentos y demás productos básicos, productos de higiene personal y del hogar y medicamentos. De acuerdo al Banco central de Venezuela, la escasez promedio de productos básicos en el país fue de 29,4% en marzo de 2014. En ese mes, particularmente crítico como consecuencia de la violencia callejera, en algunos rubros de como el aceite comestible, el azúcar, el café molido, la leche en polvo entera, el papel higiénico y la harina de maíz pre-cocida, la escasez fue de más de 85%.[28] La escasez de medicamentos y de instrumental médico amenaza con generar una crisis de salud pública.

            Ante esta situación el gobierno responde ante lo que considera que son los componentes de la guerra económica (especulación, acaparamiento, contrabando de extracción) con nuevas normas para la tramitación de divisas, impone más controles como la inspección de depósitos y el transporte de mercancías, el cierre de la frontera con Colombia y la introducción de un mecanismo de capta huellas para impedir que cada individuo compre más de un volumen determinado de productos subsidiados a la semana y evitar así su reventa especulativa y el contrabando de extracción. No aparecen en el horizonte, sin embargo, políticas concretas destinadas al aumento de la producción y a limitar los múltiples cuellos de botella que la afectan.

            Ante las crecientes dificultades económicas que confronta el país, es de suponer que es necesario tomar medidas correctivas. Estas no tienen que coincidir con las recetas del ajuste estructural neoliberales, pero mientras se definen políticas de carácter estructural de más largo plazo, algunas decisiones, como el ajuste en la paridad de la moneda para detener la hemorragia de divisas, la restricción de la masa monetaria y en torno al precio de la gasolina, parecen ser indispensables a corto plazo. En el calendario político nacional, después de las tensiones de los meses de febrero y marzo, el año 2014  aparecía como un año particularmente propicio para tomar algunas medidas consideradas como necesarias, aunque pudiesen tener un costo político electoral. En un país en que ha habido elecciones o referéndums prácticamente todos los años, sobre-determinado en muchos sentidos la agenda política, había un período inusualmente largo (dos años) entre las elecciones municipales del 2013 y las parlamentarias del 2015 sin la presión electoral.  Sin embargo, el gobierno parece paralizado. Ni en torno a la gasolina, cuyo precio es considerado como absurdo por la mayor parte de la población, se atreve el ejecutivo a tomar medidas.

Las políticas de transición hacia un modelo social y productivo post-petrolero, post-rentista que no se impulsaron en momentos de abundancia financiera y amplia legitimidad política, difícilmente pueden impulsarse en las condiciones actuales.

            En el contexto de esta crisis, el presidente Nicolás Maduro había anunciado un gran “sacudón” de su gobierno para avanzar en la superación del Estado burgués y renovar a los altos funcionarios de su gobierno para afrontar una nueva etapa del proceso bolivariano. Cuando finalmente, a comienzos de septiembre los cambios fueron anunciados, fue poco lo que efectivamente se alteró. Se creó un nuevo organigrama reagrupando básicamente a los mismos ministerios existentes bajo la coordinación de seis nuevas vice-presidencias por áreas (Economía Productiva y Finanzas; Seguridad y Soberanía Alimentaria; Planificación y Conocimiento: Desarrollo Social y de las Misiones; Soberanía Política; Socialismo Territorial y el Ecosocialismo), y prácticamente todos los ministros permanecieron en sus cargos o pasaron a dirigir otros ministerios. Lo más problemático ha sido la eliminación del Ministerio del Ambiente (el primero de América Latina) que pasó a formar parte del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo.

Más allá del rentismo, más allá del capitalismo

            En el siglo XXI los retos de ir más allá del capitalismo no pueden separarse de la exigencia igualmente crucial de desprenderse de los modos de producción, distribución y consumo y de las modalidades hegemónicas de producción de conocimiento de este orden social. Esto pasa necesariamente, entre otras cosas, por el establecimiento de otras formas de relacionarse los seres humanos con el resto de la naturaleza y la creación de otros patrones energéticos. El surgimiento y primacía global del capitalismo industrial se sustentó en el acceso a combustibles fósiles baratos y ampliamente accesibles. En dos siglos y medio el capitalismo industrial logró transformar esos inmensos depósitos -creados a lo largo de millones de años- en la energía que hizo posible tanto el espectacular crecimiento económico de estos siglos, como la acelerada destrucción de las condiciones que hacen posible la vida en este planeta. Este patrón energético no es un componente secundario, sino una dimensión constitutiva esencial de la forma como se desplegó históricamente este régimen de producción y de vida.

            Nadie pretende que el paso a una sociedad post-petrolera signifique que de un día a otro se puedan cerrar todos los pozos petroleros. Es necesario sin embargo, en forma urgente, dar pasos y formular las direccionalidades de esta indispensable transición. Este imperativo está ausente en las políticas públicas de prácticamente todos los gobiernos del mundo que siguen dándole prioridad al crecimiento económico sobre las exigencias de la preservación de la vida. De la misma manera, las políticas del Estado venezolano no solo no contemplan la necesidad de esta transición, sino que por el contrario están comprometiendo el futuro del país a largo plazo en una dirección opuesta.

            La mayor parte de los principales objetivos de transformación de la sociedad que han sido formulados en el proyecto bolivariano, en el texto constitucional, y en los documentos y propuestas políticas hasta llegar al Plan de la Patria, no son realizables sobre la base de la afirmación del modelo de la monoproducción petrolera. Sin una transformación profunda de este patrón productivo, si no se abandona el imaginario del crecimiento sin fin, si no se reconocen los límites del planeta y la profunda crisis civilizatoria que confronta la humanidad, si la transformación no tiene como eje medular la transición hacia una sociedad post petrolera, como condición de la posibilidad misma de una sociedad post capitalista, los objetivos principales del proceso de cambio que han sido propuestos por el movimiento bolivariano no tienen posibilidad alguna de realizarse.

            Este proceso político está atravesado por profundas contradicciones entre sus principales objetivos declarados por un lado, y el reforzamiento sistemático de la lógica colonial del desarrollo y del rentismo petrolero. Objetivos tan centrales en las formulaciones de este proyecto de transformación societal como lo son la democracia participativa y el Estado comunal; la soberanía nacional; la soberanía alimentaria; la pluriculturalidad, y el reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas; y el objetivo quinto del Plan de la Patria, “contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana” no sólo presentan tensiones, sino que son estructuralmente incompatibles con un petro-Estado, con una economía extractivista depredadora cuyos ingresos estén, además, altamente concentrados en manos del poder ejecutivo.

            La participación democrática de base y el autogobierno comunal encuentran un límite estructural en el hecho de que en esta economía petrolera, las comunidades carecen de un piso productivo propio y dependen en una forma permanente de las transferencias (“bajadas”) de recursos y líneas políticas desde el ejecutivo y el partido de gobierno. Sin autonomía en relación tanto al Estado como al mercado, no es posible la construcción de una genuina democracia participativa. Por más organización y participación de base que se promueva, no se puede hablar de democracia protagónica si las principales decisiones sobre el rumbo del país son tomadas en el vértice de las estructuras políticas, burocráticas y técnicas altamente centralizadas que caracterizan al petro-Estado venezolano.

Caracas, septiembre, 2014

Post data:

Entre mediados de año y octubre del año 2014 los precios promedio del petróleo venezolano bajaron de 100 dólares el barril a 75 dólares por barril, esto es una reducción de 25%. Esto no puede sino profundizar las dificultades económicas que han  sido descritas en este texto.