Obama confirmó las sanciones aprobadas por el Congreso de EEUU contra la Fiscal General de la República, cuatro gobernadores y veintidós altos funcionarios de la FANB, incriminándolos como violadores de los derechos humanos, con ocasión de las guarimbas criminales que promovió la ultraderecha fascista con el apoyo del paramilitarismo uribista. Por donde quiera que se mire, se trata de otra vuelta de tuerca en la escalada imperialista, para continuar preparando el terreno -verbigracia Afganistán, Irak, Libia, Siria, Gaza y Ucrania- para "justificar" una intervención militar mercenaria de la OTAN y gobiernos aliados, autodenominados eufemísticamente "comunidad internacional". Pretenden intimidar a los mandos militares y jurisdiccionales para desmoralizarlos y quebrar la institucionalidad con el fin de facilitar la "la salida ya". La oposición apátrida tarifada por el imperio, de nuevo mira hacia otro lado, aceptando tácitamente la rectoría imperial cuando afirman que "no se trata de medidas contra Venezuela sino contra individualidades".
No es el gobierno de EEUU quien tiene el asidero moral para juzgar a otros en materia de derechos humanos. Está descalificado de entrada por aplicar la tortura y detenciones arbitrarias en cárceles clandestinas como política de Estado. Porque es el artífice de la "guerra interminable" para satisfacer la voracidad de su complejo económico-militar e impulsar la expansión de su descomunal aparato bélico. Porque convirtió la "lucha contra el terrorismo" en la gran coartada para justificar guerras genocidas, que han desbastado países y masacrado a millones de personas. Todo por el control del petróleo.
Cínicamente pretenden aplicarles a otros un derecho internacional que no practican y ni aceptan. Por ello no han ratificado entre otros, los tratados sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la represión al financiamiento del terrorismo, los derechos del niño, el pacto sobre los derechos económicos, sociales y culturales, la represión y castigo del crimen de apartheid, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad y, la Convención contra la delincuencia organizada transnacional.
